Cuando se piensa en los grandes escándalos de corrupción de las autoridades mexicanas, se tiene la creencia de que ocurren principalmente en la contratación de bienes o servicios relacionados con proyectos de infraestructura (carreteras, segundos pisos, trenes, aeropuertos, etc.).
Pero una nueva investigación muestra que uno de cada dos pesos perdidos por corrupción se relaciona con gasto social.De acuerdo con el reporte La (otra) mafia del poder elaborado por Oxfam México -organización no gubernamental que busca combatir la desigualdad- 53% de los recursos “perdidos” por el gobierno entre 2000 y 2018 estaban destinados a proveer educación, salud y desarrollo social.
De los más de 492 mil millones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no pudo comprobar el uso que le dieron las autoridades después de haber sido auditadas, casi 105 mil millones estaban etiquetados para gastos educativos, 91 mil millones para salud y casi 67 mil millones para desarrollo social.
Mientras tanto, las irregularidades relacionadas con obras de infraestructura representan apenas el 14% de la totalidad de recursos “perdidos”, a pesar de ser las más documentadas en medios de comunicación, de acuerdo con el informe.
Pero Diego Alejo Vásquez, economista y gerente de investigación de Oxfam México, nos dijo que “también hay otras formas donde la corrupción puede operar sin que necesariamente aparezca en las auditorías”.
Y explica que “los políticos aún pueden desaparecer el dinero utilizando los huecos de la ley de adquisiciones, como se ha documentado en investigaciones como La Estafa Maestra, dando pie a que se pueda perder el dinero sin necesidad de que siquiera aparezca en las auditorías”.
Por lo tanto, el investigador considera que uno de los temas pendientes en la agenda contra la corrupción sigue siendo el modificar las leyes para cerrar estos huecos que permiten que se sigan fugando los recursos.
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Corrupción se concentra en los programas con capacidad de reducir la desigualdad
La investigación, coordinada por Viridiana Ríos -doctora en Gobierno por la Universidad de Harvard-, destaca que 47% de los recursos que no se han podido comprobar entre 2000 y 2019, corresponden al 10% de los programas más redistributivos -es decir que más ayudan a combatir la desigualdad-, y suman una pérdida de 132 mil millones de pesos.
De acuerdo con el reporte, esta cantidad sería suficiente para dar 10 mil pesos al 10% de la población con menores ingresos en el país, monto que supera seis veces el ingreso mensual promedio de estas personas. Las entidades donde más se concentran estas “pérdidas” son: Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
Además, explica que se descubrió que la corrupción es más común en los municipios más pobres del país. De acuerdo con el análisis a la ASF, 94 municipios han perdido más del 90% de los recursos que les han auditado, de los cuales 51 pertenecen a los cinco estados más pobres del país: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla.
¿Los motivos? En la mayoría de estos casos, los gobiernos locales “no entregaron comprobantes para justificar el uso de los recursos, o simplemente, no se entregó ningún tipo de información acerca del uso o destino de los recursos”.
¿A cuánto equivalen estas pérdidas?
De acuerdo con el reporte, esos 492 mil millones de pesos serían suficientes para:
- Reponer cerca del 14% de los ingresos que la Secretaría de Hacienda (SHCP) estimó recaudar en todo 2020.
- Más que duplicar los recursos asignados a la Secretaría de Salud en 2020.
Además, de acuerdo con información oficial también se podría:
- Construir 15 hospitales como el Hospital General de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en cada una de las 32 entidades del país.
- Casi cuadruplicar los montos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
- Incrementar en 16 veces el número de beneficiarios del Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez.
Las limitaciones de la Auditoría Superior de la Federación
Diego Alejo Vásquez explica que se debe tomar en cuenta que “no todo el presupuesto del Estado mexicano tiene la transparencia de las auditorías. Lo que se fiscaliza es la Cuenta Pública, por lo que no incluye el uso de los recursos de los presupuestos locales”.
Esto provoca, de acuerdo con el investigador, “un rezago de información de lo que puede saber la sociedad civil y los medios de comunicación sobre cómo se están ejerciendo los recursos y cómo se está fiscalizando”.
Y añade que “el gran problema con la ASF es que las acciones correctivas o preventivas las tiene que implementar la autoridad fiscalizada, quien tiene la responsabilidad de iniciar el proceso administrativo o solicitar que se abra una carpeta de investigación”, lo que provoca que “el alcance de esta fiscalización sea muy limitado”.
¿Qué propone Oxfam?
El reporte plantea que su principal conclusión es que “el ataque a la corrupción se debe centrar en los programas que más contribuyen con la reducción de la pobreza y la desigualdad. La finalidad es que el estado pueda atender las necesidades de los más vulnerables con mayor eficacia”.
Para lograrlo proponen:
- Mejorar la implementación de aquellos programas y partidas que atienden a los más pobres, a través de programas de profesionalización para que las autoridades locales aprendan el manejo de las cuentas públicas.
- Vigilar más los recursos que se transfieren a los estados y municipios.
- Se deben crear reglas que administren el gasto social con los más altos estándares.
¿Se resolverá esta situación con el gobierno actual?
