En México, cada 14 horas se agrede o amenaza a algún integrante de la prensa. El sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador ya acumula 30 periodistas asesinados o asesinadas. Nuestro país encabeza la lista de países más letales para el periodismo, según diversos organismos nacionales e internacionales que defienden a quienes realizan esta labor.
“Tenemos un problema sistémico desde hace muchos años que no se solucionó en este Gobierno, ya podemos decir que a tres años no lo ha resuelto. Hay un Estado ausente para prevenir, proteger y garantizar el acceso a la justicia y reparación. Pero además hay que sumar la particular hostilidad verbal del presidente en contra de la prensa que se replica en otros ámbitos de la vida pública”, nos comentó Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica.
“Esto genera una combinación de factores bastante adversa para la prensa, lo cual nos lleva a prever que la violencia no solo no va a cesar, sino que va a seguir incrementando”, nos explicó el defensor de derechos humanos en entrevista.
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Libertad de expresión y la responsabilidad de las autoridades
En este contexto, el presidente ha usado sus conferencias mañaneras para cuestionar a periodistas, bajo el argumento de que es su derecho de réplica. Sin embargo, ¿el presidente solo ejerce su libertad de expresión y derecho de réplica cuando señala a periodistas?
La doctora en Ciencias Políticas Andrea Samaniego Sánchez, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, nos explicó que el presidente, como individuo, tiene derecho a la libertad de expresión, pero en el momento que usa un foro público con recursos públicos, como las conferencias matutinas, ahí no se expresa como cualquier ciudadano, sino como el primer mandatario y solo puede hacer lo que la ley le permite como funcionario público. Además de que el presidente tiene mucho más poder que cualquier periodista.
Y lo que puede hacer el presidente es rectificar la información que él considere incorrecta, pero la rectificación debe de hacerse según los mismos canales, es decir, si el medio de comunicación ocupó 20 minutos para hablar mal de alguna política gubernamental, entonces el presidente debe de tener el mismo espacio y formato para replicar.
Para Leopoldo Maldonado, los dichos del presidente contra la prensa no se enmarcan en su derecho de réplica, sino que se trata de ataques, hostilidad y de discursos que estigmatizan a la prensa, porque el derecho de réplica implica solicitar la rectificación o la retractación contrastando hechos con hechos y eso no ha sucedido en las mañaneras.
“En esta escalada de violencia verbal el ‘Quién es quién en las mentiras’ ha sido la muestra de la confrontación con la prensa. Ahora no solo descalifican, sino que se consideran un tribunal de la verdad y eso es peligroso en términos democráticos”, nos dijo.
Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al gobierno de México a reconsiderar el espacio “Quién es quién en las mentiras” por considerar que podría afectar las garantías para un debate libre e informado en el país.
Tanto para Leopoldo Maldonado como para Balbina Flores, representante de la organización Reporteros Sin Fronteras, es necesario que el presidente López Obrador detenga su discurso de señalamientos contra integrantes de medios de comunicación.
Ya que los compromisos internacionales de México de acuerdo con los principios de libertad de expresión son “no hacer uso de un discurso que intimide, que descalifique a los medios y a las y los periodistas cuando estos son críticos a su Gobierno, porque esto va en contra de la libertad de expresión”, nos planteó Balbina Flores.
En ese sentido, el representante de Artículo 19, organización internacional dedicada a defender la libertad de expresión y a los y las periodistas, destacó que el presidente tiene que cambiar su discurso por uno de reconocimiento a la labor periodística y de condena pública a la violencia.
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Las mañaneras, el presidente y la prensa
El pasado 27 de enero, el portal de noticias Latinus y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicaron el reportaje “Así vive en Houston el hijo mayor de AMLO”, que reveló que José Ramón López Beltrán vivió en una residencia de lujo propiedad de un ex directivo de la petrolera Baker Hughes, contratista de Pemex.
Tras esta publicación, el presidente ha arremetido en diversas conferencias mañaneras contra Carlos Loret, a quien calificó de “golpeador” y mostró sus supuestos ingresos. Pero no se ha detenido ahí, el mandatario también ha pedido en varias ocasiones a otros periodistas que muestren cuánto ganan. Además, ha cuestionado la credibilidad de medios y periodistas que difundieron dicho reportaje, como en el caso de Carmen Aristegui.
Aunque organizaciones defensoras de derechos humanos como Artículo 19 denunciaron que el presidente López Obrador abusa del poder público para estigmatizar a la prensa, la situación no para.
Después de la publicación del reportaje sobre José Ramón López vimos la agudización de la agresividad verbal presidencial contra integrantes de la prensa lo que empata con el aumento de agresiones contra la prensa en el país, consideró Leopoldo Maldonado.
Pero desde que comenzó su sexenio, el discurso de AMLO en contra de medios de comunicación y periodistas ha sido una constante, como lo hemos reportado en Cuestione.
La doctora Andrea Samaniego, quien también es especialista en el análisis del discurso presidencial, nos dijo que los señalamientos del presidente contra periodistas que le resultan incómodos no abona a construir diálogo en un país cada vez más polarizado.
Ella plantea la necesidad de bajar el nivel de estridencia de los discursos, porque a las personas (servidoras públicas) en niveles estatales y locales la actitud del presidente “les da como gasolina para amedrentar y lastimar a periodistas que también les resultan incómodos”.
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El Estado como agresor
En el primer semestre de 2021, los agentes del Estado fueron quienes más agredieron a la prensa, ya que cometieron 134 agresiones. Esto es 37.33% del total de agresiones cometidas en ese periodo (362). Las personas funcionarias públicas civiles fueron señaladas como perpetradoras de 83 agresiones, seguidas de elementos de las fuerzas de seguridad civiles con 46 y de elementos de fuerzas armadas (Ejército, Marina y Guardia Nacional) con 5, según datos de Artículo 19.
En los primeros meses de 2022 se ha registrado un alza de agresiones contra la prensa en el estado de Yucatán. Entre las y los periodistas agredidos están Bety Vera (hostigada por personas funcionarias), Jaime Vargas (sufrió una tentativa de asesinato), Roberto López Méndez (fue denunciado por el presunto delito de difamación) y Félix Bigman (sufre hostigamiento policial después de realizar notas sobre corrupción).
En este contexto, “el presidente continúa con la andanada de ataques” contra integrantes de la prensa, contrario a lo que se esperaría de un jefe de Estado, señaló Leopoldo Maldonado.
El defensor aclaró que no significa que los ataques verbales del presidente tengan que ver directamente con los asesinatos o con las agresiones que se cometen a lo largo y ancho del país, “pero lo que sí creemos es que se genera un ambiente de hostilidad y las condiciones para que otros se sientan con permiso para agredir”.
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Agresiones contra la prensa en México
De acuerdo con cifras de Artículo 19 del año 2000 a la fecha 150 periodistas han sido asesinados en posible vínculo con su labor. Entre estas personas, 138 eran hombres y 12 eran mujeres.
Tan solo en los primeros 41 días de 2022 seis periodistas fueron asesinados: José Luis Gamboa Arenas (10 de enero, Veracruz), Margarito Martínez Esquivel (17 de enero, Tijuana, Baja California), Lourdes Maldonado López (23 de enero, Tijuana, BC), Roberto Toledo Barrera (31 de enero, Zitácuaro, Michoacán), Marco Ernesto Islas Flores (6 de febrero, Tijuana, BC) y Heber López Vásquez (10 de febrero, Salina Cruz, Oaxaca).
Pero en todo el territorio del país se han registrado atentados, hostigamientos, amenazas, campañas de desprestigio y otros ataques contra la prensa. Desde el 2003, 23 periodistas han desaparecido, como lo expusieron reporteras y reporteros durante una manifestación, el pasado 14 de febrero frente a la Secretaría de Gobernación, para exigir que pare la violencia y denunciar la precariedad laboral de las y los trabajadores de los medios de comunicación.
Por todo esto, Balbina Flores y Leopoldo Maldonado coinciden en la necesidad de que el gobierno fortalezca el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de dotarlo de recursos financieros, humanos y logísticos.
Sin embargo, Leopoldo Maldonado apunta que no va haber mecanismos de protección que soporte estos niveles de violencia y de impunidad si continúa la descalificación y la desarticulación institucional para la prevención de la violencia y la procuración de justicia.
