El actual gobierno federal está enfocado en invertir en capital físico, es decir a la construcción de obra pública, y ha descuidado invertir en la protección social de su ciudadanía, nos contó Marcelo Delajara, director del Programa de Crecimiento Económico y Mercado Laboral en el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).
“La pandemia dejó al descubierto que no tenemos realmente una política laboral y de seguridad social que esté de acuerdo con lo que necesita el país. No podemos seguir con esta dualidad formal o informal que tanto lastima al tejido social”, explicó Delajara.
Otros aspectos que se han descuidado en el actual sexenio también tienen que ver con la protección de la ciudadanía, de acuerdo con especialistas consultados por Cuestione, como la inseguridad, la violencia contra las mujeres, la educación y la salud.
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Garantizar seguridad social
De acuerdo con Marcelo Delajara, si bien la protección social es una deuda histórica que el gobierno mexicano viene arrastrando durante décadas, no se han hecho reformas necesarias para corregir ese descuido, más allá de la entrega directa de dinero que no es suficiente.
Para el experto hace falta un sistema de seguridad universal, es decir, para toda la ciudadanía, que no esté necesariamente vinculada entre el trabajador o trabajadora con la empresa en la que trabaja, y que no se pierda cuando la persona esté desempleada.
El actual sistema que distingue entre un mercado laboral formal de uno informal “genera desigualdades que, dada la baja movilidad social, son persistentes en el tiempo”, por lo tanto se vuelven parte del problema de que en México sea tan complicado salir de condiciones de pobreza.
“Se necesita una seguridad social universal, financiada tanto por el sector privado como por el sector público. Eso permitiría a la vez tener un mercado laboral donde las personas tuvieran flexibilidad laboral sin que perdieran la protección social”, dijo el experto del CEEY.
Y agregó que para esto se requieren reformas al sistemas de salud –para unificar la protección social–, al de pensiones y de seguridad social, así como al sistema fiscal para recaudar recursos suficientes.
Por otro lado, de acuerdo con Delajara no se puede pensar en mejorar la movilidad social en México en los próximos años si no se atiende al sistema educativo, que garantice cobertura y calidad.
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Atención a la educación
Pablo Clark, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), considera que el aspecto determinante para el futuro que más se ha descuidado en la actual administración es el sistema educativo.
“Las becas son muy útiles y ayudan mucho a los alumnos, especialmente los que provienen de familias con pocos recursos económicos, pero no ayudan a que los alumnos aprendan más. Hacen falta otras acciones”, aseguró el experto del IMCO.
Si el gobierno ya hace el esfuerzo de ayudar a que los niños y las niñas asistan a la escuela, “tiene que cómo hacer que aprendan más de lo que necesitan para que les vaya bien en la vida, tanto en lo educativo como en lo laboral”, explicó Clark, de lo contrario el esfuerzo es insuficiente.
Larua Ramírez, directora de agentes activos de Mexicanos Primero, está de acuerdo en que la educación es el gran descuido del actual gobierno y que puede tener serias consecuencias en el futuro.
“De nada sirve que las y los niños tengan un lugar en la escuela si no aprenden en ella. Se necesita atender a la infraestructura que lleva décadas en el abandono. Se necesita hacer diagnósticos para saber cómo llegaron los niños después de la pandemia, ver qué aprendieron, qué no aprendieron”, nos dijo la especialista en temas de educación.
Además agregó que se ha descuidado otro tema fundamental para el futuro del país, que es la formación del personal docente.
“Desafortunadamente, el presupuesto para formación docente ha ido disminuyendo con los años en vez de aumentar. Se habla mucho de la valoración qué se hace del magisterio, pero esta valoración no está acompañada con presupuesto”, aseguró Ramírez.
También señaló que es importante actualizar al personal docente no solo en términos pedagógicos, sino a la nueva realidad tecnológica y a las habilidades socioemocionales que deben poseer.
“Hace falta escuchar a las niñas y a los niños, escuchar a los docentes, a las familias, para que su realidad y sus visiones sean incluidas. No podemos seguir haciendo políticas educativas verticales desde un escritorio. Se necesita conocer la realidad de las comunidades educativas y para todo esto se requiere obviamente presupuesto”, concluyó la experta de Mexicanos Primero.
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La impunidad, el mayor problema
Para Irene Tello, directora de la organización Impunidad Cero, el gran pendiente del actual sexenio es que no se ha reducido la impunidad, la cual es la clave no solo para que haya mayor justicia, también para que mejoren los servicios públicos.
“La impunidad contribuye a que se siga fomentando el crimen”, de acuerdo con la especialista, “porque se manda una señal muy peligrosa: que uno puede asesinar, robar o cometer actos de corrupción y no va a existir alguna consecuencia”.
Esto también se traslada hacia los servidores públicos de todos los niveles, que saben que hay muy pocas probabilidades de que sus actos tengan consecuencias, lo cual afecta a la inseguridad pero también derechos económicos y sociales.
“La impunidad en actos de corrupción acaba erosionando muchas instituciones. Si no la logras controlar, vas a tener menos recursos para servicios públicos, que entonces van a ser de menor calidad”, aseguró la experta.
De acuerdo con Ramírez, está demostrado que altos niveles de impunidad también se traducen en mayor violencia contra las mujeres, desigualdad de ingresos, peores niveles de escolaridad y menor esperanza de vida.
Y concluyó que hace falta invertir en modelos de investigación para que mejore el desempeño de las fiscalías y se haga justicia, porque entre mayor impunidad se vive, más gente pierde el derecho a una vida digna.
