El 29 de septiembre de 2022, el grupo de hacktivistas llamado Guacamaya expuso miles de documentos confidenciales de los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) –como te contamos en esta nota– entre los que aparecen informes de inteligencia generados por comandancias y zonas militares que revelaron que el Ejército vigila colectivos feministas y activistas a favor de los derechos de las mujeres.
Entre estos grupos considerados de riesgo para el gobierno, el Ejército mexicano lo mismo enlista a cárteles de crimen organizado -como el Cártel Jalisco Nueva Generación-, grupos terroristas como Al Qaeda -supuestamete responsables por el atentado contra las Torres Gémelas el 11 de septiembre de 2001-, que a los colectivos Coordinadora 8M, Las Brujas del Mar, Marea Negra, Coordinadora 8M, Colectiva Aquelarre Feminista y Bloque Negro, entre otros.
Feministas han expresado su rechazo al espionaje que el Ejército realiza sobre las agrupaciones y sus integrantes, pero sobre todo les preocupa el uso que la Sedena está dando a los datos personales de las activistas ya que pone en riesgo no solamente la seguridad de las personas bajo la vigilancia del Estado, sino también la lucha por los derechos de las mujeres.
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Para Vanesa Silva, una de las voceras del colectivo Coatlicue Siempre Viva, es necesario considerar el contexto nacional en el que esta información sobre el espionaje a grupos feministas sale a luz, ya que se da en medio de una polémica sobre la militarización de la seguridad pública y en un momento político sensible.
“Habría que analizar a esas organizaciones que se expusieron en esta primera avalancha de información. Sin embargo, creo que lo entendería no como si fueran lo mismo que los grupos criminales. No me parece que un grupo de inteligencia como la Sedena no pueda comprender los contextos que vive cada grupo e incluso la diversidad de agrupaciones feministas”, detalló la activista.
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Silva nos explicó que la categorización que hace el Ejército sobre las agrupaciones feministas tiene que ver con la capacidad organizativa y de impacto que han tenido -no solamente en México, sino en todo el mundo- que pueden representar un riesgo de desestabilización de la gobernabilidad, principalmente por las manifestaciones que hacen ciertos grupos feministas como las pintas y la toma de edificios.
“Creo que son procesos de movilización bastante potentes los que se han generado para demostrar e intentar modificar las injusticias contra mujeres y pueblos, desde la perspectiva de las mujeres y los movimientos feministas”, ahí es donde radica el riesgo que representa para las personas en el poder.
Nos quitaron todo, hasta el miedo
Para Faurí Aguirre, vocera de la colectiva Lentes Púrpura, los movimientos feministas son una preocupación para el gobierno porque son la representación física de una incomodidad y una transformación que se está buscando de manera colectiva.
Para la entrevistada, que los movimientos feministas representen un riesgo para el gobierno está ligado a que se considera al poder de la resistencia como algo negativo, “aunque en realidad no es negativo, es un proceso de creación, de transformación permanente y la resistencia coexiste con el poder”.
“Lo que está en riesgo es diferente para el Estado, para nosotras como colectivas y para la ciudadanía. Para las colectivas, quienes estamos tratando de transformar nuestra realidad, de mantenernos vivas, el riesgo puede ser hasta nuestra vida”, acusó Aguirre.
Como gran número de las mujeres en este país podríamos confirmar, el miedo es parte de nuestra vida cotidiana cuando salimos a la calle, viajamos o realizamos nuestras actividades diarias, nos dijo Faurí Aguirre.
“Ahí es donde está el riesgo para el gobierno al decir ‘¿cómo se controla esto?’ Si el miedo a la muerte, a la opresión, a la represión, a la desaparición, a la tortura, cualquier otro acto que normalemente grupos insurgentes pudieran vivir, nosotras por el simple hecho de ser mujer lo estamos viviendo cada día”, enfatizó la activista.
La presidenta y fundadora de la colectiva FemxFem, Samantha Cerisola, nos dijo que es preocupante que se esté catalogando a los movimientos feministas a la par de un grupo criminal o terrorista, porque significa que el Ejército tiene la intención de continuar investigándolas.
“Al Estado no le gusta que hayamos gente diciendo lo que hace mal, por eso las y los defensores siempre han corrido riesgos, al grado de que el Estado ha tenido que implementar mecanismos para protegernos de ellos mismos”, nos dijo Cerisola.
Cerisola explicó que esta vigilancia es un indicio de que les movemos fibras, como ha sucedido históricamente con las y los defensores de los derechos humanos, pero también es un indicador de que “no están de acuerdo con lo que estamos haciendo y de que van a hacer hasta lo imposible -incluído supervisarnos y espiarnos– para frenarnos”.
“Yo conozco mujeres muy valientes que cuando salieron estos documentos dijeron ‘me vale’, yo voy a seguir haciéndolo, pero también hay un miedo detrás. Habrá muchísimas defensoras que tomarán un paso atrás por el miedo de que les hagan algo a ellas o a sus familias”, nos aseguró Cerisola.
“Yo estoy segura de que seguirá habiendo una resistencia, porque hay muchísimas mujeres que ya lo perdieron todo, incluído el miedo. Sin duda seguiremos en el espacio público, seguiremos luchando, seguiremos soportando a pesar de los muchos intentos por amedrentarnos”, resaltó la activista.
El diálogo, la solución que no ha sido considerada
“Es muy triste que el Estado, en lugar de considerarnos aliadas críticas -como no somos aplaudidoras- nos consideran delincuentes porque buscamos modificar un sistema que a ellos les beneficia”, nos dijo Samantha Cerisolo.
En esto coincidió Vanesa Silva que nos explicó que siempre que se intentar cambiar algo a partir de un marco ético a favor de las personas, de la vida digna, los derechos humanos, para el gobierno representa una problemática “porque es una crítica directa (…) y tenemos un gobierno que sigue sin estar completamente dispuesto a flexibilizarse, a escuchar las demandas de las personas y de las mujeres”.
Pero para Silva la pregunta que queda en el aire y que genera una enorme desconfianza es ¿qué hace el Ejército con los datos, direcciones, teléfonos y fotografías de las activistas que tiene en su poder?
Para las activistas, la reacción de nuestros gobernantes ante las demandas de las mujeres debería transitar en el camino del diálogo, del análisis y la disposición de atender con toda la fuerza administrativa y presupuestal de la que dispone el país para garantizar que nuestros derechos sean protegidos y que nuestra vida sea resguardada.
Pero ante ante esta negativa, y pero aún, esta clasificación a la par de agrupaciones insurgentes, las tareas de la agenda feminista toman mayor relevancia.
“Aquí es donde nosotras, nuestra asamblea feminista, conformada por todas las colectivas, tenemos ese poder para hablar de un modo eficaz, para retar al gobierno en lo que siente que les pone en riesgo, sus políticas, acciones, las próximas elecciones. Para ellos es un riesgo a perder el poder, mientras que para nosotras es un riesgo de perder nuestra vida”, acusó la activista Faurí Aguirre.
La lucha, la resistencia y la exigencia de nuestros derechos seguirá mientras las mujeres sigamos siendo objeto de violencia, porque como dice una de las grandes consignas que se gritan en cada marcha: “tú te cansas de escucharlo, nosotras de vivirlo”.
