La Secretaría de la Función Pública (SFP) pidió al periodista Carlos Loret de Mola y al diario El Universal que entreguen la información que difundieron sobre el reciente escándalo de corrupción en Pemex, sobre “moches” a cambio de contratos. Y hasta les dio un plazo de siete días…
¿Esa será la nueva política del gobierno, presionar a periodistas y medios de comunicación en lugar de investigar lo que sucede al interior de la administración federal?
En el oficio enviado a Loret de Mola el 14 de octubre, la SFP –a cargo de Irma Eréndira Sandoval- citó nueve artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, entre ellos el 97, que advierte sobre multas e, incluso, el uso de la fuerza pública para atender el requerimiento. ¿Es en serio?
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SFP excede sus atribuciones legales
En entrevista para Cuestione, el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva, señaló que la SFP no tiene autoridad sobre las personas y medios de comunicación, sólo ante los servidores públicos.
Haber procedido como lo hizo con Loret y El Universal fue algo desafortunado, dijo Villanueva, “un error, que escapa de las atribuciones legales constitucionales para las cuales está la Función Pública”.
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¿Qué pasa si los periodistas ignoran a la SFP?
No pasa absolutamente nada, “porque la Secretaría de la Función Pública no tiene atribuciones para imponer sanciones a los particulares y menos por el ejercicio de la libertad de expresión”, afirmó el investigador de la UNAM.
Ernesto Villanueva dijo que ese derecho está protegido por jurisprudencia (conjunto de sentencias emitidas en un mismo sentido) de la Suprema Corte, bajo el concepto de periodismo de denuncia.
Esto quiere decir, que la libertad de expresión está protegida por la ley.
El investigador de la UNAM dijo que en el fondo el proceder de la Función Pública fue correcto, “querer ser proactiva” y no esperar como sucedía en el pasado. Sin embargo “la forma no fue la más afortunada”.
Revelan moches en Pemex
Todo empezó el 14 de octubre, cuando se hizo público el contenido de presuntas grabaciones “secretas”, en las que exfuncionarios de Pemex revelaron los supuestos sobornos que pedían a compañías y particulares para acceder a contratos.
Las grabaciones fueron hechas por agentes contratados por la empresa Black Cube que fingieron ser representantes de un multimillonario árabe, según la información difundida en EU por la cadena Univisión y The Wall Street Journal, y en México por W Radio y El Universal.
La estación de radio presentó el reportaje Operación saqueo, así operaba red de sobornos de Pemex, en el noticiario Así las Cosas que conduce Carlos Loret, donde quedan al descubierto los presuntos sobornos y “regalos” extravagantes, como un caballo cuarto de milla de 250 mil dólares a los exfuncionarios de Pemex.
El Universal también tuvo acceso a los grabaciones, donde se menciona que los exdirectivos de la empresa llegaron a recibir hasta cinco millones de dólares por los “moches”, de los cuales el principal ganón habría sido su exdirector general, Emilio Lozoya, quien se encuentra prófugo de la justicia.
Empieza la persecución
El 16 de octubre, Carlos Loret de Mola compartió en sus redes sociales una notificación de la Secretaría de la Función Pública, fechada el 14 de octubre, donde se le solicita toda la información que dio a conocer en su noticiario de W Radio: audios, videos y grabaciones.
En su columna Historias de Reportero del 17 de octubre, Loret suelta: “revelamos escándalo… y el gobierno nos emplaza”, donde da respuesta a la solicitud que le hizo la Función Pública.
El periodista se refirió en particular al artículo 97 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, citado en el oficio, que advierte sobre multas y el uso de la fuerza pública. “¿Tienen contemplado aprehenderme si no atiendo su solicitud?”, preguntó.
Por su parte, El Universal, cuestionó la capacidad del gobierno para investigar la corrupción en Pemex “y ahora necesita ‘ayuda’ de los espías que consiguieron la información?”.
A la SFP le recuerda que a quienes hay que presionar para que entreguen resultados “certificados” es a las autoridades y no a los medios de comunicación. Y como pista, le señala que la información requerida ya fue publicada por este diario y otros, “solo tiene que tomarla”.
Los implicados y el periodista
El miércoles 23 de octubre se cumple el plazo para que Carlos Loret cumpla con la entrega de información que le fue requerida y después vence el de El Universal.
En el reportaje presentado en W Radio se asegura que fueron cinco los exfuncionarios grabados de manera clandestina: Mario Beauregard, exdirector corporativo de Finanzas de Pemex; los exdirectores de Procura y Abastecimiento, Gustavo Escobar Carré y Arturo Henríquez Autrey; el excoordinadador de Pemex Perforación y Servicios, José Carlos Pacheco Ledezma, y el subdirector de Pemex Perforación y Producción, Luis Guaso Montoya.
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¿A ellos también les pidió información la Función Pública?
Por lo pronto, Carlos Loret anticipó su respuesta: “Por si tenían duda, nos les voy a hacer su trabajo”, remató en su columna Historias de Reportero.
