El Plan B se perfila para ser la reforma electoral más impugnada de la historia reciente

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Al no contar con las dos terceras partes del Congreso de la Unión para avalar una reforma electoral constitucional, en noviembre de 2022 el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un Plan B, que modifica leyes secundarias para así cambiar el marco electoral vigente. 

Aunque sólo un paquete de modificaciones del Plan B se publicó en el Diario Oficial de la Federación y un segundo paquete espera su discusión en el periodo ordinario del Senado, estas reformas ya pintan para ser las más impugnadas en el ámbito electoral. 

“El llamado Plan B será la reforma electoral más impugnada en el Poder Judicial, por la premura con la que fue aprobada por el Congreso, pero también por sus alcances y posibles repercusiones en el diseño institucional para organizar elecciones en el país”, indica un análisis del Instituto Belisario Domínguez del Senado.

“La SCJN deberá resolver a la brevedad sobre la constitucionalidad y validez del Plan B, para preservar la certidumbre del proceso electoral de 2024 y la estabilidad política del país”, explica el texto.

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De acuerdo con el documento, hasta el 1 de febrero pasado se habían presentado al menos seis recursos contra el Plan B ante el Poder Judicial: 4 acciones de inconstitucionalidad, un amparo ante un Juzgado de Distrito y una controversia constitucional.

La primera de las impugnaciones la presentó el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. A nombre de la bancada que encabeza, el diputado Jorge Álvarez Máynez presentó un amparo ante el juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. En su recurso, Movimiento Ciudadano argumentó que el Plan B se votó sin siquiera haber sido publicado en la Gaceta Parlamentaria.

De acuerdo con Movimiento Ciudadano, durante el proceso legislativo se violaron reglas  internas para la discusión de dictámenes, pues la iniciativa fue presentada unos minutos antes de su discusión, por lo que se desconocía lo que se estaba votando. El amparo busca que se declare ilegal y sin efectos la reforma electoral.

En su cuenta de Twitter, la bancada de Movimiento Ciudadano afirmó que “Con la aprobación de las leyes secundarias en materia electoral fue inédito, ilegal y violatorio de la división de poderes”.

El segundo recurso fue una acción de inconstitucionalidad que el presidente del PAN, Marko Cortés, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 23 de enero. 

El recurso es en contra del primer paquete de reformas del Plan B contra los cambios a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que fueron aprobados con las modificaciones hechas en el Senado con 265 votos a favor de Morena, PT y PVEM. El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022 y entró en vigor al día siguiente.

“Ante la nueva presidencia de la Suprema Corte de Justicia tenemos una alta expectativa que se haga valer la supremacía constitucional, que se respete la Constitución, que el presidente no quiera abusar de su cargo y de su mayoría simple en la Cámara de Diputados para ponerse a modo las reglas en materia electoral”, dijo el presidente del PAN.

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En sus argumentos el PAN afirmó que el Plan B abre la puerta a que servidores públicos puedan hacer promoción y publicidad ilegales, además de buscar eliminar sanciones. 

“Que pueda hacer promoción, contratar publicidad y que no haya un órgano electoral como el INE, o el Tribunal, que pueda sancionar a estos servidores públicos, quieren quitar de las manos del INE y del Tribunal Electoral la posibilidad de sancionar y dictar las medidas que de forma precautoria evitarían un daño mayor en la difusión de cualquier servidor público”, dijo.

Ese mismo día, el presidente del PRD, Jesús Zambrano, interpuso también ante la Corte otra acción de inconstitucionalidad contra la reforma en materia de propaganda gubernamental. Acompañado del coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Cházaro, y del representante del PRD ante el INE, Ángel Ávila, Zambrano dijo que el Plan B generará inequidad en las contiendas y violaciones al proceso legislativo

Dos días después, el bloque de partidos opositores en el Senado interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma de propaganda gubernamental, argumentando que cambiaba las reglas del juego democrático, permitiendo que los servidores públicos intervengan en las elecciones a través de propaganda, lo que altera el principio de neutralidad y no injerencia en las elecciones.

De acuerdo con el grupo, el Plan B viola la veda legislativa al promulgar una ley en materia electoral sin respetar el plazo de noventa días previos al inicio de los procesos electorales, ya que actualmente hay campañas en el Estado de México y en Coahuila.

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En un comunicado, el bloque de contención afirmó que las reformas atentan contra el proceso parlamentario. Los principios de publicidad, deliberación democrática y debida motivación fueron vulnerados durante el proceso de deliberación en la Cámara de Diputados. 

En el mismo sentido fue otra acción de inconstitucionalidad presentada por los y las diputadas federales de “Va por México”, que argumentaron que las reformas violan el federalismo y la libertad hacendaria al impedir que estados y municipios decidan sobre su presupuesto en materia electoral.

Finalmente, el pasado 1 de febrero el INE presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de controversia constitucional en contra del decreto en materia de propaganda gubernamental, argumentando que estas modificaciones legislativas crean condiciones que merman la autonomía del Instituto y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le ordena. El INE aseveró que el Plan B desequilibra el modelo de comunicación social y perjudica la equidad en la contienda.

Unos días antes, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, llamó a la ciudadanía a defender al Instituto e interponer amparos contra las reformas electorales del Ejecutivo.

Durante la presentación de su libro “La Democracia no se Toca”, que escribió conjuntamente con el consejero Ciro Murayama, Córdova llamó a los trabajadores del INE que serán afectados por el recorte de 330 juntas distritales a presentar recursos legales. 

“Que los trabajadores del INE defiendan sus derechos frente a una reforma abusiva que les sanciona por hacer bien su trabajo. Y que los ciudadanos también recurran a las instancias jurídicas, porque alguien podría pensar: ‘Es una afectación al INE’, sí pero si se afecta al INE se afectan las condiciones de autenticidad que deben tener las elecciones en donde nosotros votamos”, dijo.

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El análisis del Instituto Belisario Domínguez también advierte que una vez aprobado el segundo paquete de reformas el Plan B se prevén más recursos legales.

“Se espera que el paquete de reformas relativo a las normas electorales que será retomado por el Congreso en febrero motive un mayor número de acciones jurídicas y sociales, pues todos los actores que promovieron acciones de inconstitucionalidad contra la reforma en materia de propaganda gubernamental adelantaron que harían lo mismo con las  reformas electorales una vez que fueran publicadas”, explicaron.

Corresponderá a la SCJN resolver estos litigios, de cara al proceso electoral de 2024 que, de acuerdo con la legislación vigente, inicia formalmente el 1 de septiembre de 2023.

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