Las elecciones de 2021 serán históricas ya que serán las más grandes que se han llevado a cabo en el país, pero también podrían convertirse en las más violentas. Desde que se inició el proceso electoral el 7 de septiembre del año pasado, hasta el 13 de abril de 2021 se han registrado 68 asesinatos de personas dedicadas a la política.
De las 68 víctimas de asesinato, 21 eran aspirantes a puestos de elección y el resto militantes de algún partido o funcionarios, documentó la consultora Etellekt, especializada en análisis de riesgos y políticas públicas. Sin embargo, el gobierno federal sólo reconoce 10 casos graves relacionados con la desaparición o asesinato de aspirantes.
Aunque el homicidio es el delito más grave, hay otros 317 casos que han sufrido privación ilegal de la libertad, amenazas, infracciones contra la dignidad (maltrato físico o verbal no grave), y atentados contra familiares, nos explica Rubén Salazar, director de la consultora Etellekt.
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El proceso electoral federal 2021 se convierte en el segundo más violento desde las elecciones del año 2000, solo detrás del de 2018, aunque aún faltan dos meses para que el proceso termine.
Durante el mismo periodo, en 2018 se habían registrado 191 políticos víctimas de agresiones. En 2021 esta cifra aumentó un 26%, mientras que, hasta ahora, el número de aspirantes asesinados es 57% menor, menciona el análisis de Etellekt.
“Lo que notamos es que los homicidios bajaron en comparación a 2018, y podría estar indicando que los agresores ya no están recurriendo demasiado a la violencia letal. Lo que sí estamos viendo es que ahora están recurriendo más a la amenaza, sobre todo a generar terror psicológico en la víctima y sus familiares para obligarlos a que renuncien a sus aspiraciones políticas”, nos explica Rubén Salazar, director de la consultora Etellekt.
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Violencia podría incrementar
Sin embargo, las elecciones de 2021 aún podrían convertirse en las más violentas, pues el periodo de las campañas electorales es en el que más agresiones se registran y éste apenas comienza en la mayoría de los estados para puestos municipales. La única diferencia con procesos anteriores es que serán campañas muy cortas. En algunos casos durarán mes y medio, en otros sólo un mes.
Los datos que nos ofrece Etellekt nos muestran que la violencia en las elecciones de 2021 se desarrolla en un ámbito local, pues el “de los 68 políticos que han sido asesinados, 88% eran políticos del ámbito municipal, desde alcaldes, regidores, síndicos, aspirantes a estos puestos de elección municipales, es un problema que todavía no alcanza a las altas esferas”, explica Rubén Salazar.
Etellekt notó que los procesos de designación de candidaturas como uno de los disparadores de la violencia, incluso dentro de los propios partidos y alianzas.
Los estados en los que se concentra esta violencia son Guerrero, Oaxaca y Veracruz. En este último se cometieron el 20% de los 317 delitos contra las y los políticos, y de los 21 aspirantes que han sido asesinados, siete buscaban puestos de representación en Veracruz.
“En Guerrero se están imponiendo perfiles políticos que no respetan la ley y se rigen por la violencia, como el candidato a la gubernatura Félix Salgado Macedonio, y a nivel municipal se sigue la misma lógica; se postulan candidatos que cuando surge el riesgo de perder el poder, lamentablemente proceden a emplear la violencia como una herramienta de competencia electoral, y es más frecuente si tienen vínculos con grupos delictivos u otros grupos de poder económico”, nos explica Salazar.
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Ser oposición y el crimen organizado, los mayores riesgos
Ser opositor en este país puede costar la vida: 75% de los políticos asesinados en este proceso electoral eran opositores a los partidos gobernantes en los estados en los que pretendían postularse, de acuerdo con Salazar.
Sin embargo, el crimen organizado también ha jugado un rol importante en la violencia electoral para imponer aspirantes. Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco son los estados en donde es más fácil que los aspirantes y candidatos sean cooptados por la delincuencia organizada. Este riesgo se incrementa a nivel municipal, principalmente en las zonas con mayor influencia de los grupos delictivos, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
El crimen organizado le ofrece a los aspirantes protección, financiamiento de su campaña, así como personal para la misma. Incluso, en algunos estados, las organizaciones delictivas toman el control de las finanzas para designar al candidato, informó Rosa Icela Rodríguez, secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la presentación de resultados de la estrategia de protección en el contexto electoral.
“La violencia existe en contra de todos los partidos. Sin embargo, los candidatos corren más peligro al ejercer sus derechos políticos-electorales en donde el narcotráfico y el crimen organizado tienen una mayor influencia y más territorio, como Michoacán, Tamaulipas, Chiapas y algunas partes de Oaxaca”, explica Marcela Bravo, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la UNAM.
La violencia no inicia en este periodo, sino desde mucho tiempo antes y va cambiando constantemente, tanto agresores como víctimas, pero destaca que los asesinatos se dan en donde existe una lucha compleja de interés políticos y se manifiesta en estados donde las instituciones están debilitadas, además de una descomposición política, coinciden especialistas consultadas por Cuestione.
Para Etellekt existe otra variable que deben tomarse en cuenta: la escasez de recursos y la pobreza que existe en estos estados contribuye a tener una mayor debilidad en sus instituciones, es decir, que existan autoridades más corruptas y proclives a establecer pactos con grupos delictivos, como el robo de hidrocarburos. Al ser estados pobres o con muy poca actividad económica requieren obtener recursos que no pueden captar por la vía fiscal.
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¿Cuál es la respuesta del gobierno?
Frente a la ola de violencia el gobierno federal creó la estrategia de protección en el contexto electoral, la cual consiste en establecer mesas de trabajo con los partidos políticos y los tres niveles de gobierno para identificar cómo pueden atender esta violencia que se está viviendo, nos comenta Lorena Vázquez Correa, investigadora en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
En estas mesas de trabajo se ha definido desplegar a las fuerzas de seguridad en los municipios y entidades federativas que han identificado de alto riesgo, como Oaxaca y Veracruz, nos dice Vázquez Correa.
Se realizarán protocolos dependiendo de cada territorio, y aquellos que sean altamente riesgosos tendrán protocolos específicos según el nivel de violencia política y la incidencia delictiva que exista en el proceso electoral. Esto implica que semanalmente se va a evaluar semanalmente el avance de la estrategia y se presentará un informe en el gabinete de seguridad federal.
“Aun cuando ya se está implementando la estrategia ha sido insuficiente, porque aunque hayan denuncias no se abren carpetas de investigación en varios casos, y si estas violencias no se investigan el problema no se va a resolver”, nos explicó Lorena Vázquez Correa.
Aunque existe una estrategia para proteger a los y las aspirantes y candidatos no es suficiente, pues faltan mecanismos que obliguen a las autoridades correspondientes a investigar la violencia en contra de los y las políticas, como ocurre con la violencia política en razón de género, concluye Lorena Vázquez Correa.
