Podrían duplicarse números de EPN y Calderón
Durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa se registró en México el asesinato de 48 periodistas y la desaparición de 15; en el gobierno de Enrique Peña Nieto, fueron 47 y hubo más de dos mil 500 agresiones de otros tipos; y en los casi seis meses que Andrés Manuel López Obrador lleva como presidente se reportan nueve periodistas asesinados en el país.
Esto equivale a decir que en el nuevo gobierno se ha matado a 1.5 periodistas por mes; de seguir así, el sexenio podría acabar con un saldo superior a 100 asesinatos. ¿Quién los está matando? Y ¿por qué?
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Libertad de prensa, la piedra en el zapato de todos los sexenios
Julio César Colín Paredes, integrante del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19 México y Centroamérica, una organización que se dedica a la promoción y defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, explicó en entrevista para Cuestione que la violencia contra la prensa en el país se detonó en 2008, tras la batalla contra el narcotráfico que emprendió el expresidente, Felipe Calderón Hinojosa.
Desde esa época, Artículo 19 documentó cada vez más casos de violencia contra periodistas, los cuales no sólo crecieron en números sino también en variedad; por ejemplo, explicó, se ha sumado la violencia en el entorno digital, la desaparición y la violencia de género.
Colín Paredes señaló que una agresión contra una persona que ejerce el periodismo tiene un impacto social profundo, ya que no trabajan para sí mismos, sino para informar a la sociedad y hacer públicos hechos que afectan a toda la población.
Gracias a la prensa, dijo Colín, las personas reciben información que les permite tomar mejores decisiones en distintos sentidos de su vida. Al atacar a un periodista no sólo se atacan los derechos de esa persona, sino también el derecho de la población a estar informada y, por consiguiente, fortalecer la democracia.
¿Quién agrede a las y los periodistas?
Colín mencionó que en un gran número de casos, quienes perpetran violencia contra la prensa son precisamente funcionarios públicos, agentes del Estado, quienes paradójicamente tienen la obligación de promover la libertad de expresión, prevenir las agresiones y procurar justicia.
De acuerdo con el informe “Ante el silencio, ni borrón ni cuenta nueva” que recién publicó Artículo 19, en 2018 hubo 230 casos (el mayor número) en los que personas al servicio del Estado fueron perpetradoras de la agresión y sólo en 28 casos fue el crimen organizado.
Si a estos agresores sumamos personajes de partidos políticos, entonces las figuras públicas de esta índole representan 70% de los atacantes, agregó Colín, ya que muchos de estos casos, la prensa toca intereses de grupos políticos que a través de distintos medios buscan silenciar el ejercicio de la prensa.
De hecho, según el informe, corrupción y política son los principales temas que cubrían quienes fueron atacados.
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¿A quién protege Artículo 19? El papel del gobierno
En este contexto, el también activista calificó como muy graves los comentarios que en fechas recientes ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador al, por ejemplo, calificar como “fifi” a la prensa.
“Es grave que decida utilizar adjetivos contra quienes ejercen su libertad de expresión de forma no muy conveniente para su proyecto político o para su grupo de poder… creemos que es muy importante recordarle al presidente que, como funcionario público, tiene la obligación de proteger el ejercicio periodístico y no realizar este tipo de señalamientos o de campañas encaminadas a antagonizar con los medios de comunicación”, aseveró Colín.
Eso, dijo, generó un clima de animadversión no sólo en contra de la prensa, sino también de personas defensoras de derechos humanos en las comunidades, cuya opinión le brinda diversidad cultural a la esfera pública.
Y tiene otro efecto: provoca a que otras personas se adjudiquen el derecho de llamar a la prensa de forma parecida o de agredir a quienes son voces críticas.
Artículo 19 es una organización civil independiente y apartidista que actúa sin fines de lucro y con medios propios. Sus tareas son exigir el derecho a difundir información y opiniones en todos los medios, investigar amenazas y tendencias; documentar violaciones a los derechos de libertad de expresión; acompañar a las personas cuyos derechos han sido violados; y coadyuvar en el diseño de políticas públicas en su área de acción.
Sin embargo, el respeto y la protección de las y los periodistas es una tarea fundamental del Estado mexicano, quien debería contar con mecanismos y herramientas para la defensa y protección de la libertad de expresión, especialmente para los medios de comunicación públicos.
Lo anterior cobra relevancia luego de que, hace unos días, la dirección de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, denunciara que había sido víctima de lo que calificó como un ataque cuando borraron tuits de su cuenta institucional y pidió que Artículo 19 se pronunciara al respecto.
La organización explicó en un correo electrónico su incapacidad para pronunciarse en un hecho como ese, lo que fue denunciado de manera pública por la agencia de noticias. “Justo por ser parte de la estructura gubernamental seguro podrán tener otros recursos a los cuales acercarse para prevenir esto y posicionarlo”, explicó Artículo 19.
Es decir, la agencia, al ser una entidad del Estado, forma parte de las instituciones que deben procurar la defensa y protección de los periodistas. No es un medio privado.
Y a todo esto, ¿qué es la libertad de expresión?
En palabras de Colín, la libertad de expresión es un derecho que le permite a la ciudadanía expresar sus inquietudes, sus opiniones, sus inconformidades de una manera libre, sin ser molestada, inhibida u obstaculizada. Son derechos fundamentales para el cauce democrático en un país como México.
Por otra parte, el derecho a la información es el derecho de todas las personas -no sólo de la prensa- a estar informadas, a tener todos los elementos que necesitemos conocer de las actividades públicas que involucren a nuestros funcionarios y que al final del día tendrán efectos en nuestra vida diaria.
Los retos:
De acuerdo con Colín, el gobierno actual tiene el reto de no repetir las estrategias de combate al narcotráfico que hicieron sus predecesores (por ejemplo -con una Guardia Nacional- detalló), ya que eso demostró efectos negativos para la seguridad de la prensa.
También es importante que la impunidad no se quede instalada en todas los mecanismos de justicia, ya que, según el informe, 99% de los casos de agresiones contra las y los periodistas quedan impunes.
