La erradicación de los plantíos de amapola: un problema social, de seguridad y salud

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Aunque el combate al tráfico de drogas tomó más relevancia hace 15 años cuando comenzó la guerra contra el crimen organizado, en el país se ha plantado amapola por más de sesenta años, de acuerdo con el Proyecto Amapola, una investigación exhaustiva sobre el tema de Noria Research.

¿Por qué tiene tanta importancia esta flor? De ella se extrae el opio y de ahí otras drogas como el fentanilo, sustancia que el crimen organizado está empezando a comercializar. Los plantíos de amapola representan un problema de seguridad pública para México, pues son uno de los elementos básicos de la cadena de producción de los narcóticos que se mueven ilegalmente dentro y fuera del país.

De acuerdo con la información del Proyecto Amapola, el país actualmente tiene un marco legal prohibitivo entorno a las drogas basado en el objetivo de erradicar cultivos ilícitos. Esto ha contribuido a que el Ejército sea el principal actor para erradicar los campos de la amapola.

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El combate legal contra los plantíos y sustancias ilícitas 

Las convenciones internacionales que México empezó a seguir le dieron al marco jurídico nacional el contenido prohibitivo. 

Actualmente, existen dos principales a las que México está suscrito: la Convención Única de Estupefacientes y la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes. La primera exige al país que castigue el cultivo con penas privativas de la libertad, la segunda requiere que se tomen medidas para erradicar los cultivos ilícitos. 

Sobre estas medidas que han moldeado las normas del país, hablamos con Lisa Sánchez, directora general de México Unido Contra la Delincuencia, una asociación civil dedicada a la investigación y análisis de políticas de seguridad. Nos explicó que las leyes están enfocadas en la fiscalización de drogas y que esto tiene un costo social.

“Sin importar los efectos que tiene sobre la sociedad, los gobiernos mexicanos han presumido la erradicación de cultivos como si fuera un logro en materia de seguridad. Esto ha sido un gran error”, nos dijo Lisa Sánchez. 

Por un lado, nos apuntó que “es una política que criminaliza a los campesinos, especialmente en las zonas más marginadas del país. Este es uno de los grupos más afectados por la política prohibicionista actual; esta política les priva de la libertad, de su sustento económico, pone en riesgo su salud y la de sus familias y los expone a toda una serie de violaciones de derechos humanos por su interacción con la autoridad.”

Por otro lado, “mientras no existan oportunidades para los campesinos y plantar drogas sea un medio rentable para lograr el ascenso social, la conducta se seguirá repitiendo”, nos contó la directora de México Unido Contra la Delincuencia. 

Desde el lado del gobierno ha habido algunos intentos por resolver este problema, entre los más recientes está un proyecto de iniciativa de ley de 2019, gestionado por el senador Manuel Añorve, quien, por cierto, es de Guerrero, principal estado cultivador de amapola. 

En su propuesta, Añorve sugiere reformar el Código Penal para no castigar a los campesinos que cultivan y cosechan la amapola. Sin embargo, esta ley no se ha concretado.

El combate físico para erradicar plantíos

Según lo relatan las publicaciones del Proyecto Amapola, en 1947 se decidió que la Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía General de la República (FGR), estaría a cargo de las campañas antinarcóticos. 

Pero desde 1953, el gobierno decidió darle a las Fuerzas Armadas el permiso de actuar como elemento de ayuda para la PGR. De acuerdo con el Proyecto Amapola, el Ejército ya participaba en la erradicación de cultivos, pero no fue hasta tal fecha mencionada que se anunció su participación formalmente. 

Luego, en 1996, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró como constitucional la presencia auxiliar de militares a las fuerzas civiles en temas de seguridad pública.  

Como se relata en el informe del Proyecto Amapola, en 2007 (y hasta el día de hoy), la Secretaría de Defensa Nacional tomó el rol principal en el tema de erradicación de cultivos debido al aumento de la violencia relacionada al crimen organizado. 

 Las FGR se encarga administrativamente de la persecución de delitos contra la salud, pero los militares han pasado de tener un rol auxiliar a uno central en la estrategia y en la lucha en el campo, así también lo afirma este artículo de Paul Frissard, investigador del programa de seguridad de México Evalúa.

El Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en Territorio Mexicano y el Protocolo Nacional de Actuación de Destrucción de Plantíos Ilícitos son los instrumentos que guían la localización y erradicación de los plantíos. 

¿Cómo han ayudado? Entre 2003 y 2019, de acuerdo con los documentos del Proyecto Amapola, se registraron solamente 15 municipios donde los cultivos han sido completamente erradicados; en otros 277 se destruyeron cultivos sin erradicarlos por completo. 

Los y las expertas del Proyecto apuntan a que esto no es una falla de los protocolos que se han planteado. Más bien, sugieren que se deriva del alejamiento de la FGR en el marco de actuación de las operaciones. Es decir, quien está a cargo de la erradicación es una institución que no está entrenada para limitar los daños, el Ejército. 

Lisa Sánchez nos dijo que “​​al igual que con el resto de las tareas de seguridad pública, es necesario entender que las Fuerzas Armadas no están entrenadas para lidiar con civiles. Por ello, su actuación en tareas de seguridad debe ser excepcional, regulada y fiscalizada”.

El problema con esto, según la experta, es que “en los municipios marginados, fiscalizar a las Fuerzas Armadas se vuelve imposible, por lo que estas pueden actuar con total impunidad”. 

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“​​Los campesinos no abandonarán este mercado mientras siga siendo redituable y su única salida para salir adelante. Urge descriminalizar el cultivo de drogas, garantizar los derechos de estos grupos tan afectados por la política prohibicionista y ofrecerles alternativas de desarrollo social”, apuntó Sánchez.

Y es que no solo es eso, las drogas son parte esencial de las fuentes de ingreso de los grupos del crimen organizado. Este es un problema social, de seguridad y de salud que no puede resolverse solo de una manera y, ciertamente, no puede combatirse de la manera en que se ha estado haciendo hasta el día de hoy.

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