En México, ser víctima de un delito y denunciarlo es un doble castigo: la mayoría se queda sin una respuesta. Además, el personal en las fiscalías y en los ministerios públicos a nivel nacional es insuficiente y está rebasado de trabajo, según documentó México Evalúa.
Hace diez años, Guadalupe, quien prefiere no usar su verdadero nombre, sufrió un robo a su casa, al sur de la Ciudad de México. Ella y su familia salieron un fin de semana. Al regresar vieron la puerta de su casa abierta y a sus vecinos que intentaban apagar el incendio, que había provocado un delincuente en una de las recámaras.
Ese mismo día Guadalupe fue a la agencia del ministerio público más cercana a denunciar. Una vecina vio al delincuente: el amigo de uno de los hijos de Guadalupe. Pero los agentes recomendaron a la vecina no involucrarse y a Guadalupe cuidar mejor a su familia.
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“Vivimos varios años con miedo de que ese hombre quisiera acercarse a mi familia. Aún tengo terror. Ya no supimos más de la denuncia. Me quedó claro que esos agentes no querían hacer su trabajo”, nos compartió Guadalupe.
En 2020, la inseguridad entró a casi la tercera parte de los hogares del país, pues el 28.4% tuvo al menos un integrante que fue víctima de un delito, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021 del INEGI.
El primer problema es que el 93.3% de esos delitos no fueron denunciados o se trata de delitos denunciados sin una carpeta de investigación y de delitos que no se específica si se denunció o se inició una carpeta de investigación, a todo esto se le conoce como cifra negra. Lo que revela una falta de confianza de la sociedad para denunciar, como reportamos en esta nota.
Esto también significa que solo cerca del 7% de todos los delitos cometidos en 2020 fueron denunciados ante las autoridades. Pero la capacidad de investigación de las instituciones encargadas de impartir justicia no es suficiente ni siquiera para atender ese pequeño porcentaje de crímenes denunciados, según analizó México Evalúa.
Sólo cuatro de cada diez carpetas de investigación abiertas logran una solución ministerial y, de las pocas que la reciben, 65% son enviadas al archivo (por no contar con elementos suficientes para continuar con la investigación como el caso de Guadalupe); en el 19% de los casos se decreta el no ejercicio de la acción penal, señala en el informe “Hallazgos 2020”.
México Evalúa encontró que en 2020, por cada 100,000 habitantes solo hubo 1.3 asesores jurídicos, 4.5 jueces, 6.5 defensores públicos, 9.7 peritos, 11 fiscales y 14.8 policías de investigación a nivel nacional. Pero cada estado tiene números distintos de servidoras y servidores públicos, en algunos la situación es más crítica y en otros la cantidad es mayor.
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Congestión en la impartición de justicia
Al año, la carga de trabajo para el personal pericial en el ámbito federal fue 160 solicitudes de estudios forenses, pero en lo local cada perito se encargó de 448 solicitudes. Eso significa que del total de solicitudes de análisis que llegó a los peritos sólo se respondió al 4% y el resto de investigaciones se quedó sin pruebas forenses técnicas y científicas, como se destacó durante la presentación del informe.
Asimismo, cada fiscal inició 145 carpetas de investigación al año en promedio a nivel nacional, pero en Nuevo León la cifra llegó a 456 investigaciones por fiscal y en Sonora a 326.
Además, cada persona juzgadora atendió 33 asuntos en promedio y cada persona asesora jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas representó a 166 personas. Solo se logró la reparación del daño a 0.30% de las víctimas, se explica en el estudio.
Aunque México Evalúa aclara que “si bien las cargas de trabajo no son el único factor que puede afectar el desempeño de las personas operadoras, se observan cargas considerables, especialmente en las comisiones de atención a víctimas y las defensorías públicas, lo que puede comprometer el acompañamiento, representación y el desarrollo de estrategias de litigio.”
En general, en 2020, se presentaron 1,980,016 denuncias ante las fiscalías, de las cuales se abrieron 1,843,410 carpetas de investigación (93.1%). De éstas, 1,051,506 carpetas recibieron alguna respuesta del Ministerio Público, como archivar la investigación por falta de pruebas, incompetencia, el no ejercicio de la acción penal, acumulación y por criterio de oportunidad. Finalmente, 1,257,431 carpetas se encuentran en trámite, según el análisis.
Pero la impunidad para todos los delitos a nivel nacional llegó a 94.8% de acuerdo con los cálculos realizados por México Evalúa.
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No importa qué tan grave sea el delito, en México, no pasa nada
La abogada Patricia Olamendi Torres, consultora internacional de ONU Mujeres e integrante de la red feminista Nosotras Tenemos Otros Datos, nos comentó en entrevista que el primer factor que contribuye a la impunidad es que no hay mecanismos gubernamentales en colaboración con sociedad civil que puedan contribuir a reducir los índices delictivos.
Un segundo factor para la experta en derechos humanos es que hay delitos que las personas no denuncian por considerar que no tiene sentido porque no van a ser atendidas, “lo cual regularmente es cierto”.
Además, como también lo advirtió México Evalúa, las fiscalías no tienen la capacidad real de responder al volumen tan grande de delitos y entonces lo que hacen es recibir la denuncia y la archivan, sin importar la magnitud del delito que se trate pues no priorizan, nos dijo Patricia Olamendi.
Otro de los factores es que no se han generado mecanismos fáciles y accesibles que permitan acuerdos reparatorios para aquellos delitos patrimoniales no violentos, señaló, porque “en el fondo hay una mala estructura institucional”.
Esto se suma a que existe el mismo número de juzgados para atender un mayor número de delitos y por eso vemos pasar periodos muy largos en los procesos legales.
En resumen, indicó, es un sistema lento con procedimientos muy complejos, sobre todo en el ámbito civil. Con audiencias que son convocadas con tiempos bastante complejos entre una y otra, donde se pierden pruebas y elementos probatorios. Entonces, lo que tenemos son cuellos de botella en todas las etapas de los procesos.
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Sin especialización ni prevención
Además, no hay especialización judicial. Por ejemplo, nos dijo Patricia Olamendi, todas las fiscalías y poderes judiciales del Estado reconocen que en los delitos de violencia familiar o relativos a la familia (custodia, patria potestad, alimentos) tienen saturado el sistema, pero no hay juzgados especializados en violencia familiar en ningún lugar del país.
“No pueden con los instrumentos que se tenían hace 20 años responder a una problemática social actual. No hay mecanismos de respuesta inmediata para detener la violencia”, sostuvo.
Y lo más lamentable en su opinión es que “no hay prevención a pesar de que hay legislación en la materia. Por lo tanto, lo único que va a seguir es el aumento de este nivel de impunidad, que además manda el peor de los mensajes: ‘en México no importa el delito que se cometa, no pasa nada’.
En México más o menos 8 mujeres ingresan a hospitales diariamente por lesiones graves que ponen en peligro su vida. “Esta cifra ya está diciendo que ellas pudieron haber muerto. ¿Dónde están las medidas de protección para esas mujeres? ¿Dónde está la detención inmediata del agresor para impedir que esta violencia incremente? No existe”, nos dijo.
Incluso planteó que en México se necesita que las personas servidoras públicas tengan una capacitación adecuada para que puedan responder a la problemática.
Tampoco hay mecanismos de atención para las víctimas. Una víctima que sufrió una agresión difícilmente es atendida física y psicológicamente.
Finalmente, señaló “no podemos seguir jugando a la ruleta rusa en México con este tema, porque las cifras son impresionantes”, como en feminicidio, la violencia contra las mujeres, la trata de personas, la desaparición de personas, homicidio y más delitos.
¿Se hará lo necesario para reducir la impunidad en nuestro país, o seguiremos esperando?
