En nuestro país hay alrededor de 4.5 millones de casos de abuso sexual infantil, no por nada es el país más peligroso para las niñas, niños y adolescentes. Y el panorama se pone peor cuando se trata de justicia, pues 8.5 de cada 10 casos que son denunciados nunca llegan a juicio. Hoy, hay un cónsul mexicano acusado de este delito.
Este es el caso de la adolescente de 14 años que, en 2011, acompañada de su madre, denunció a Víctor Alberto Barreras Castro, su maestro de Inglés en la secundaria, por estupro (delito que cometen los adultos que tienen relaciones sexuales con menores de edad).
Barrera Castro, entonces de 24 años, estuvo vinculado a proceso por estos hechos, sin embargo, fue liberado tras pagar la reparación del daño a su familia, por lo que se salvó de tener una condena de dos a cuatro años de prisión.
Ocho años pasaron y aquel maestro de Inglés fue nombrado cónsul de México en Las Vegas, Estados Unidos, por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en septiembre pasado, de acuerdo con una investigación de la periodista Dolia Estévez.
Pero no solo eso. Cuando la SRE anunció el nombramiento de Barreras Castro, señaló que era “licenciado en Negocios Internacionales por el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme y tiene maestría y doctorado en Docencia por el Instituto del Desierto de Santa Ana”. Sin embargo, en el Registro Nacional de Profesionistas solo aparece que tiene estudios de licenciatura en Administración.
Fuente: Registro Nacional de Profesionistas
Después de que se destapó este caso, el canciller Marcelo Ebrard, suspendió el nombramiento hasta que se investigue el caso de Barreras Castro:
Como respuesta, el excónsul reconoció que existió dicha acusación pero dijo que la familia de la presunta víctima se retractó, por lo que es inocente, según dijo en entrevista con Milenio.
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Pero, ¿qué pasa si un funcionario público viola los derechos humanos?
Cuando un servidor público comete algún tipo de delito o violencia, representa un grave riesgo para todas y todos pues si no puede autorregularse, se convierte en un perpetrador violento en contra los derechos humanos, explica a Cuestione, Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
Y es peor para aquellos y aquellas que son responsables de instituciones enfocadas a la niñez, pues “podrían ser perpetradores de más abusos, de desprotección de sus derechos humanos y esto ocasiona que se se les nieguen la restitución de los daños que las y los menores puedan tener”, dice Martín Pérez.
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Existe otro caso…
Como el caso de Alejandro Fernández Montiel, quien violó de un adolescente siendo el titular de la Procuraduría de Personas Adultas Mayores del DIF de San Luis Potosí.
El menor de edad se encontraba albergado en un centro de asistencia social de aquel estado, y después de la violación denunció a Fernández Montiel. El exprocurador fue detenido el 23 de octubre y vinculado a proceso por violación agravada, de acuerdo con un medio local del estado, serían en total cinco las víctimas de abuso sexual.
México no es el único
Este 2019, también se destapó el caso del canadiense Peter Dalglish, un exfuncionario de la ONU que abusó sexualmente de dos menores de edad y ahora enfrenta una condena de nuevo años en la cárcel de Nepal. Paradójicamente, su trabajo siempre fue ser activista de los derechos humanos de las y los niños.
En México, cada organismo público tiene su órgano de control interno, es decir, un departamento que se encarga de vigilar que las y los funcionarios respeten la ley y los derechos humanos. También tienen un código de ética en el que dice cómo deben comportarse.
