Iván Estrada vive con su familia, una mujer y dos niños de 7 y 10 años de edad, en una pequeña y humilde casa de hormigón y tabique en Texcoco, muy cerca de donde se iba a construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Iván pasa dificultades para terminar la quincena y en su casa cada vez se espacian más las ocasiones en las que comen carne. La miel, nos dice, es ahora un lujo.
Hace apenas 5 años su historia era diferente. Vivía con menos estrecheces y tenía un patrimonio. Un amigo lo convenció de ponerse en contacto con contratistas que construían el NAIM. Iván vio una oportunidad de mejorar sus condiciones económicas y las de su familia e hipotecó su casa. En el banco obtuvo un crédito por medio millón de pesos y junto con los ahorros familiares compró por casi un millón de pesos un camión pesado en el que llevaría basalto para la construcción del aeropuerto.
Pero todo acabó en enero de 2019, fecha en la que el nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador decidió cancelar la construcción del NAIM. El argumento fueron presuntos malos manejos y corrupción, aunque no se demostró. A esto se sumaron los resultados de una consulta popular que se celebró durante tres días en octubre de 2018, y en la que un millón 67 mil 859 personas -equivalentes a menos del 1% del padrón electoral- votaron en contra de la megaobra del gobierno de Enrique Peña Nieto.
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Para Iván esto fue el acabose. El contratista que lo había empleado canceló el convenio, argumentando que no recibiría el dinero que le habían prometido e Iván perdió todo. No pudo pagar la hipoteca de su casa y se quedó en la calle. Tuvo que refinanciar la deuda del camión, pues sin empleo durante varios meses en la pandemia de COVID-19 tampoco pudo pagar los 10,000 pesos mensuales que le cobraba el banco por el crédito para el vehículo. Hace apenas unos meses pudo terminar de pagar el camión.
“Esa decisión me arruinó. Calculo que unos 5 mil compañeros perdimos nuestro empleo”, nos dijo en entrevista.
De acuerdo con datos de la administración de Enrique Peña Nieto, el NAIM generaría 450,000 empleos, de los cuales 160,000, como el de Iván, se darían durante la etapa de construcción. Todos se perdieron. Iván es uno de los damnificados de la cancelación del NAIM.
En lugar del Nuevo Aeropuerto, el Ejército se encargó de construir el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Aunque Iván se acercó para ofrecer sus servicios, fue rechazado.
Advierten caída en inversión privada en obras por intervención del Ejército
En el Encuentro de Industriales 2023, que reunió a empresarios y constructores, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, José Abugaber, advirtió que debido a la entrada del Ejército a la obra pública, la industria constructora opera apenas al 50% de su capacidad.
En la conferencia de prensa celebrada en mayo pasado, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Francisco Solares, dijo que con la entrada del Ejército al campo de la obra pública existe un rezago en la construcción de infraestructura, pues el gobierno no cuenta con el personal para llevar a cabo las megaobras del presidente López Obrador. La primera gran obra que construyó el Ejército fue el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Solares advirtió que el Ejército está subcontratando personal, sin embargo se desconoce bajo qué condiciones.
Para el presidente de la CMIC la obra pública que construye el Ejército puede caer en opacidad, pues al argumentar que son obras de seguridad nacional no revelan información transparente.
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En tanto, el analista José Ignacio Martínez Cortés, del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, dijo que con la incursión del Ejército en obra pública se registró una caída abrupta de la inversión privada.
Además, apuntó, aunque el Ejército subcontrate empleados no se está dando una derrama económica similar a la que existe con las empresas constructoras privadas.
Concentración anula competencia
Con cada vez más obras en su cartera, el Ejército se ha convertido en un ente relevante en el sector, por lo que debe sujetarse a reglas de competencia económica, señaló el investigador del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Enrique Díaz-Infante.
Para Díaz-Infante, la contratación del Ejército para edificar obra pública golpeó principalmente a pequeñas y medianas empresas, que vendían sus servicios a constructoras más grandes. Con la entrada de la Secretaría de la Defensa Nacional quedó anulada esa posibilidad.
Como un ejemplo, el investigador cita la construcción de 2,700 sucursales del Banco del Bienestar.
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“Desde el punto de vista de crecimiento económico, también es mala, pues al no licitarse la construcción de dicha infraestructura bancaria mediante un proceso competido, hay pérdidas de calidad, costo, eficiencia y de derrama económica local”, escribió en un análisis de las condiciones de la industria de la construcción tras la pandemia de COVID-19.
Crece construcción en México, pero sin llegar a niveles prepandemia
Hasta abril de 2023, el valor de las empresas del sector de la construcción avanzó 1.8%, sin embargo todavía se encuentra lejos de los niveles registrados antes de la pandemia de COVID-19, revelan datos de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras.
Además, se registró un descenso en el número de empleados contratados por este sector.
“En el mes de referencia y a tasa mensual, el personal ocupado total en la industria de la construcción disminuyó 1.2%. Por tipo de contratación, el personal no dependiente de la empresa descendió 1.7 % y el personal dependiente, 1.1 %”, detalla el documento.
Además, los sueldos pagados a los trabajadores del ramo cayeron un 2.4% para los obreros y un 1.1% para personal administrativo. Las consecuencias de la entrada del Ejército a un negocio que no es el suyo ya está dejando consecuencias.
