La vida de María estuvo marcada desde niña por una discapacidad psicosocial, una enfermedad mental conocida como trastorno múltiple de personalidad. Esta misma discapacidad la hizo blanco fácil para que un tío y sus amigos abusaran sexualmente de ella en repetidas ocasiones. A los 10 años, finalmente huyó de casa.
Vivió cuatro años en la calle, hasta que gracias al DIF de Puebla fue trasladada a un orfanato. Pero ahí, nuevamente, fue víctima de un abuso, esta vez institucional y médico, y otra vez ligado a su discapacidad. A los 16 años le dijeron que “le tocaba corte”.
María no supo bien a qué se referían, nadie le explicó de qué se trataba, pero fue llevada a la clínica de la institución, la anestesiaron y la durmieron para hacerle una cirugía para que “no pudiera embarazarse”.
Te puede interesar leer: Otra deuda de la justicia: las personas con discapacidad
“Me dijeron que era por mi bien, que me estaban haciendo un favor para que nunca tuviera hijos”, nos cuenta. Ahora María tiene 52 años, ha logrado controlar su discapacidad siguiendo al pie de la letra el tratamiento, pero nunca tuvo la posibilidad de ser madre.
María fue víctima de una esterilización forzada, una práctica recurrente en personas con algún tipo de discapacidad, según respondieron 16 mujeres de 36 en entrevistas, de acuerdo con el informe Abuso y Negación de Derechos Sexuales y Reproductivos a Mujeres con Discapacidad Psicosocial en México, elaborado por la organización Disability Rights International y el Colectivo Chuhcan, integrado por personas con discapacidad.
Las esterilizaciones forzadas no son prácticas raras en nuestro país. Entre el 2006 y el 2016, todos los días fueron esterilizadas tres mujeres en México, respondió la Secretaría de Salud a Pie de Página. Sin embargo, las mujeres, niñas y adolescentes con algún tipo de discapacidad tienen una doble vulnerabilidad ante este riesgo, pues con ello se busca evitar embarazos no deseados a consecuencia de abusos sexuales, nos explicaron especialistas.
“Los médicos asumen que las mujeres y niñas con discapacidad no tienen el derecho a ser madres. Hay un estigma que las persigue porque se cree que son asexuadas, que son las eternas niñas. Y entonces se decide por ellas y por sus cuerpos”, nos dice Raúl Montoya, integrante del Colectivo Chuhcan.
México no cumple con los compromisos internacionales
Nuestro país tiene un retraso de 13 años en armonizar sus leyes y adaptar las normas mexicanas a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU (que tiene alcance internacional y protege los derechos humanos de esta población) la cual dice que el Estado debe de respetar el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente sobre el número de hijos que quiere tener, a tener acceso a información y educación sobre planificación familiar apropiados para su edad, nos dicen los especialistas.
En 2019, la bancada de Morena en el Senado presentó una iniciativa de reforma a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y el Código Penal Federal para cumplir con la Convención y prohibir la esterilización forzada en mujeres con discapacidad. Quien lo haga, podría ser castigado con cuatro a siete años de prisión. Sin embargo, ni siquiera se ha discutido en comisiones.
La discriminación también tiene género
Esta práctica es más común en las mujeres que en los hombres con discapacidad. Son ellas las que sufren más los estereotipos de género. En ellas se “justifica” la esterilización: que no deben tener hijos ni formar una familia, pues transmitirán su discapacidad, y no pueden ser buenas madres, de acuerdo con el Colectivo Chuhcan.
La esterilización forzada también es promovida, en muchas ocasiones, por las familias con el fin de evitar embarazos no deseados, porque son también las mujeres con discapacidad quienes más sufren violaciones o abusos sexuales.
Sin embargo, la esterilización no impide el abuso, sólo lo invisibilizan. Además de bloquear sus derechos y capacidad jurídica para decidir, nos dice Diana Sheinbaum, coordinadora del programa de Discapacidad y Justicia de la organización Documenta.
Personas con discapacidad física, también son víctimas
A los 24 años, a Teresa Solalindez la obligaron a firmar la autorización para que le ligaran las trompas, mientras que estaba en labor de parto del que ahora será su único hijo.
“¡Está loca! ¡Cómo se le ocurre tener hijos así!”, le dijo un doctor del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, mientras Teresa estaba en el quirófano dando a luz a su hijo.
En ese momento no supo qué hacer ni a quién consultar. El doctor le dijo que, por la discapacidad motriz que tenía en su pierna, a causa de un sarcoma (un cáncer que come la piel) era “irresponsable” tener más hijos. Ahora se arrepiente, pues de haber podido, le hubiera gustado tener otra hija, pero los doctores decidieron por ella, nos cuenta.
Te puede interesar leer: El maltrato oculto y permanente que sufren personas con discapacidad en México
El problema es que no hay datos oficiales sobre las violencias y violaciones a derechos humanos que enfrenta esta población. De hecho, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) del INEGI que mide, entre otras cosas, la violencia sexual contra las mujeres, no especifica si las que fueron entrevistadas tenían alguna discapacidad, como reveló un informe sobre los derechos de las personas con discapacidad, presentado por organizaciones civiles, entre ellas Equis Justicia para las Mujeres.
México está violando los tratados internacionales y, con ello, el derecho de miles de mujeres de decidir sobre su cuerpo, pues sigue discriminando y estigmatizando a las mujeres por “no poder ser buenas madres”.
