Un tribunal federal canceló la causa penal en contra de 16 mandos y ex funcionarios penitenciarios que adjudicaron $62,840 millones de pesos en contratos a sobreprecio para construir ocho penales federales de alta seguridad adjudicados durante la gestión de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública.
De acuerdo con la magistrada Graciela Santés Magaña, del Cuarto Tribunal Unitario Penal de la Ciudad de México, los delitos que se les imputan a los 16 mandos ya prescribieron, pues la Fiscalía General de la República comenzó a investigarlos apenas en 2020.
En su fallo, la magistrada ordenó sobreseer el trámite de la causa penal, lo que impedirá a la FGR reelaborar la carpeta de investigación, aun cuando en la investigación encuentre delitos que no hayan prescrito.
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana presentó un amparo para evitar que el fallo prospere, por lo que la decisión final dependerá de un Tribunal Colegiado.
Gracias a la decisión de la magistrada el general Sergio Alberto Martínez Castuera, actual coordinador de los penales federales; Salvador Camacho Aguirre; Celina Oseguera Parra;Paulo Uribe Arriaga y Óscar Moreno Villatoro, ambos ex directores generales de Administración del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social no serán imputados por el desfalco
Los ex coordinadores de centros federales, Antonio Molina Díaz y Saúl Castro Castro, tampoco serán acusados.
En enero pasado, un juez federal desechó la imputación contra los 16 ex funcionarios al considerar que los delitos prescribieron.
A los ex funcionarios se les acusaba de ejercicio indebido del servicio público y tres de ellos además son señalados por asociación delictuosa en la construcción de los penales federales de Michoacán, Sonora, Durango, Guanajuato, Chiapas, Oaxaca, Coahuila y Morelos, que costaron casi $270,000 millones de pesos, como te lo explicamos en esta nota.
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En septiembre de 2019, una investigación de Cuestione reveló que en México hay cárceles construidas y manejadas por algunos de los empresarios más ricos y poderosos. Son prisiones tan caras que cada reo puede llegar a costarle a nuestro país más que lo que gana el presidente de la República.
Cuando Felipe Calderón llegó al poder en 2006 e inició su guerra contra el narcotráfico se dio cuenta de que no tenía dónde meter a las 5,000 personas que pensaba capturar y encarcelar.
Decidió entonces entregar la construcción y operación de nuevas cárceles a algunos empresarios, con la promesa de que serían menos corruptas, más seguras, y tratarían mejor a los presos. Sin embargo, terminó resultando un multimillonario negocio para unos cuantos.
Algunos de los empresarios beneficiados con los contratos de concesión otorgados por el gobierno de Calderón son: Olegario Vázquez Raña (dueño de los hospitales Ángeles, los hoteles Camino Real y Real Inn, así como de Imagen Televisión), Hipólito Gerard Rivero (ex cuñado de Carlos Salinas de Gortari) y Carlos Slim, el hombre más rico de México, entre otros. Juntos, manejan un negocio de casi 12,000 millones de pesos al año.
