La difusión de presuntos audios de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por parte de la gobernadora de Campeche Layda Sansores y del fiscal Renato Sales “es facciosa”, nos aseguró Jorge Márquez Muñoz, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Márquez Muñoz explicó que “simplemente veamos la lentitud cuando la omisión total en la investigación de los casos de los familiares del presidente López Obrador y aquí -en el caso de Alejandro Moreno- hay una gran prisa, pero no solamente eso sino atreverse a usar audios ilegalmente conseguidos”.
Para el especialista en temas políticos estar usando “alegremente” audios como en este caso en contra de Moreno Cárdenas, “debió de haberse abierto una investigación desde un principio de oficio”.
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Difusión de audios ilegales es un delito grave
La difusión de audios ilegales “es un delito gravísimo y no solamente por las grabaciones y que las está haciendo públicas, sino por la Ley Olimpia, recordemos que la gobernadora dijo tener unas fotografías de unas diputadas priistas”, señaló Márquez Muñoz.
A inicios de julio de 2022, la gobernadora de Campeche afirmó en un video que contaba con material íntimo de algunas integrantes del PRI. “Cuidado diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos, unas hasta desnudas”, dijo Sansores, se las mandaron a Moreno Cárdenas.
La gobernadora de Campeche insistió: “‘Alito’ con eso las tiene, y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos, no, no pueden intimidar así con este señor, porque él no tiene escrúpulos”.
Por la acción de Sansores mínimo debiera de existir una carpeta de investigación, apuntó el académico de la UNAM.
Existen vías para denunciar ‘escuchas’ ilegales
Diego García Ricci, investigador de la Universidad Iberoamericana, nos indicó que ante esta exhibición de audios ilegales se tiene que hacer una denuncia penal. “Fue lo que en un primer momento hizo Alejandro Moreno, interponer un juicio de amparo porque se está violando su derecho al artículo 16 constitucional que tiene que ver con la privacidad de las comunicaciones en México”.
El experto en derecho señaló que “las reglas son muy claras, solo ciertos jueces federales pueden ordenar la intervención de comunicaciones y siempre tiene que estar en el marco de un proceso penal”.
En el caso de la gobernadora de Campeche “no nos queda claro cómo se obtuvieron estas escuchas, eso nos hace presumir la ilegalidad, por lo tanto se está violando el orden constitucional, el orden legal y procederán denuncias penales”, dijo García Ricci. Y sobre el fiscal Renato Sales mencionó que “es muy delicado porque estamos viendo al fiscal de Campeche en esta exhibición pública que está llevando la gobernadora”.
¿Podría haber sanciones?
En el artículo 177 del Código Penal Federal se indica que por intervenir comunicaciones privadas sin una orden judicial incurre en un delito y podría ser sancionado con “penas de seis a 12 años de prisión y de 300 a 600 días de multa”.
Además el artículo 211 bis que indica que: a quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro, información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada, se le aplicarán sanciones de seis a 12 años de prisión y de 300 a 600 días de multa.
“Lo peor que le podría pasar al país es que empiece una guerra de espionaje, parece que el espionaje en cualquier nivel debe ser desechado y reprobado como un mecanismo de discusión política”, nos dijo Enrique Gutiérrez Márquez, académico del departamento de Ciencia Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana.
“El espionaje debe ser sancionado desde el punto de vista judicial porque nadie tiene el permiso de escuchar a otras personas mucho menos sin su consentimiento y mucho menos sin una orden judicial”, comentó Gutiérrez Márquez.
Además apuntó que “en ese sentido me parece que abrir la puerta y mantenerla así sobre las filtraciones o de las escuchas, creo que es un camino que no le conviene absolutamente a nadie y por el contrario si hay cosas que investigar que se investiguen en el espacio de la ley”.
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Gobernadora hace pausa en ataques contra Alejandro Moreno
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores anunció el pasado 6 de septiembre de 2022 que dejaría de exhibir a Alejandro Moreno hasta que el juez emita un fallo sobre el amparo tramitado por el líder priista.
El señalamiento de Sansores se da justo cuando la diputada priista Yolanda de la Torre envió una iniciativa para la permanencia del Ejército en las calles y que el pasado 14 de septiembre de 2022 con 335 votos a favor, 152 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que amplía el periodo de participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
En la política no hay casualidades, consideró Enrique Gutiérrez Márquez, catedrático de la Universidad Iberoamericana. Los pactos “son parte del juego político de lo que estamos viendo ahora y que va a estar presente. Yo te diría que de aquí al 2023 y lo que resta de ese tiempo para el 2024 porque se están jugando la supervivencia y en el caso de Morena el control político evidentemente de todo el país”.
Jorge Márquez Muñoz, académico de la UNAM coincidió con Gutiérrez Márquez sobre el caso de la gobernadora de Campeche, “estoy seguro que sí (hubo acuerdo) está dentro de lo pactado con la alianza Va por México”.
Márquez Muñoz no dudó en señalar que “el PAN va a pactar para que no metan a la cárcel a (los ex alcaldes panistas involucrados el caso de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez) los del Cártel inmobiliario y Jesús Zambrano te apuesto a que ha tenido pláticas y que su intervención fue importante para que sacaran a Rosario Robles de la cárcel así para que no metan a Silvano Aureoles a la cárcel”.
“Claro que hay pacto, y creo que el jefe de los pactos es Adán Augusto -secretario de Gobernación- al que le corresponde, pero son pactos platicados con la alianza”, señaló el académico de la UNAM, Jorge Márquez.
El problema con los audios, resaltó Márquez Muñoz, es que “bajó mucho el nivel de la política, se ensució mucho porque López Obrador no tiene mucha idea de los límites, entonces no se auto contiene en nada”.
“Y si ya la política está en ese nivel de cochambre, pues me imagino que todo el mundo va a empezar a sacar cochambre. El Presidente está marcando que hay una nueva regla del juego y entonces o le entras o te quedas atrasado y así es la política baja el nivel para todos tristemente”, finalizó el académico.
