A pesar de los despidos, gastan más
La historia se repite por miles. Jorge Lule trabajó durante 23 años como inspector en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS). Le faltaban seis años para jubilarse. Con su salario de ocho mil pesos mensuales, mantuvo a su familia y mandó a sus hijos a la universidad. En noviembre pasado le notificaron su despido, aunque le dijeron que debía firmar una “renuncia voluntaria”.
En total, 19 mil personas que trabajan en el gobierno federal fueron orillados a firmar su renuncia –en pocos casos, despedidos– en los primeros seis meses de la actual administración, de acuerdo con datos obtenidos por Cuestione, vía transparencia, de la Secretaría de Función Pública (SFP).
Pero así como sacaron a 19 mil funcionarios, hicieron 31 mil nuevas contrataciones en los seis primeros meses de su gobierno.
El presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho que “la austeridad causa ahorro, no despidos”, pero no sucedió ni uno ni otro: hubo despidos y no se ahorró. Según la información proporcionada por la SFP, el gobierno federal paga 1.4 millones de pesos mensuales más por las nuevas contrataciones, es decir, lejos del ahorro de la austeridad republicana, pagará 17.2 millones de pesos extras al año.
Secretarías clave, las que subieron gastos
Cuestione solicitó a 23 dependencias clave del gobierno Federal, vía transparencia, el número de renuncias, despidos, contrataciones y la diferencia salarial entre unas y otras. De éstas dependencias, seis, lejos de ahorrar, ahora pagan más en salarios a sus nuevas contrataciones, es decir, no ahorraron.
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En cuanto al número de bajas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Marina, reportaron más bajas, pero también tuvieron más contrataciones.
Contratan más con menos, ¿es eso bueno?
El gobierno federal no solo corrió a burócratas “fifis” con super salarios. Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador había prometido que los recortes no afectarían a los servidores públicos que ganaran menos de 20 mil pesos, la realidad es otra. En total, ocho mil funcionarios que percibían menos de esa cantidad –entre ellos Jorge– fueron despedidos.
Además, el gobierno federal terminó su relación laboral con nueve mil funcionarios de rango intermedio, que percibían entre 20 mil y 98 mil pesos brutos mensuales. Mientras que contrató a más de 22 mil personas con ingresos menores de 20 mil pesos.
Este tipo de medidas incentiva la desigualdad salarial, por lo que la estrategia de López Obrador no es significativa y no representa una mejora, considera Carlos Brown, experto en economía política, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación
Por ejemplo, un abogado de la administración pública ganaba en 2018, en promedio, 12 mil pesos mensuales, este año percibe 10 mil pesos (el promedio salarial de un abogado en el mercado laboral es, precisamente de 12 mil pesos mensuales, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad).
Por el otro lado, aumentaron las contrataciones con salarios de más de 98 mil pesos en 11%, al pasar de 1,512 funcionarios con este nivel de ingresos a 1,685.
¿Y el ahorro?
