Los juicios que se llevan a cabo en el sistema penal estadounidense y los que se realizan en México tienen importantes diferencias: desde la manera en que los casos son investigados hasta el presupuesto con el que cuentan los aparatos de justicia.
Esto provoca, primero, que haya una enorme desconfianza de la ciudadanía en la justicia de México y que la percepción de las y los mexicanos sea que en Estados Unidos sí se puede acceder a la justicia, sobre todo en casos de interés nacional, nos dijo el abogado especialista en temas de seguridad y académico de la UNAM, José Antonio Álvarez de León.
Y segundo, porque los vicios de nuestra justicia facilitan que proliferen corruptelas en los procesos penales, lo que lleva a que gran cantidad de casos no se resuelvan y que no exista una reparación social del daño, sobre todo cuando se trata de juicios en contra de altos funcionarios y personas con poder político, destacó el entrevistado.
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Una de las diferencias más notables de los juicios en el sistema penal estadounidense es que tienen mucho presupuesto para hacer la investigación previa, es decir, se detiene a alguien cuando hay una gran investigación detrás, con mucha evidencia y eso cuesta mucho dinero, nos dijo el politólogo y catedrático de la UNAM, Jorge Márquez.
“Los fiscales en Estados Unidos primero investigan y después mandan a juicio. En México es todo lo contrario, te detienen y ya detenido empiezan la investigación, por eso hay tanta prisión preventiva en México”, detalló el especialista.
La segunda gran diferencia es la figura del Jurado, que es un grupo de ciudadanos y ciudadanas seleccionados de manera cuidadosa que construyen un criterio a partir de la evidencia que les es presentada durante el juicio. Después votan sobre la culpabilidad del acusado, informan a la o el juez sobre su decisión y es este quien termina por dictar la sentencia.
“Los jurados son gente que viene de la comunidad, que tiene una buena reputación social y moral, que acepta participar con el sistema de procuración de justicia y prometen ante la ley conducirse con rectitud sabiendo que si no lo hacen cometen un delito”, nos explicó el abogado José Antonio Álvarez de León.
“En Estados Unidos cuidan muchísimo a los jurados que también se pueden equivocar, pero es muy difícil que se les acerque alguien, que les pague dinero. Están bastante aislados, no tienen miedo de que los vayan a matar los narcos, si es necesario los protegen. Eso ayuda a que su decisión no esté en principio viciada”, nos dijo el politólogo Jorge Márquez.
Esto hace más difícil corromper a un miembro del Jurado para inclinar su decisión sobre la culpabilidad o inocencia del acusado, contrario a lo que sucede en México donde al no tener la figura del Jurado esta decisión la toma un juez que puede ser sobornado e incluso amenazado para modificar la resolución de un caso, destacó el experto.
Una tercera diferencia es que en Estados Unidos la presunción de inocencia es más eficaz que en México, ya que aquí el inculpado es quien tiene que demostrar su inocencia. Aunque jurídicamente no debe ser así, en la práctica sí lo es, explicó el politólogo.
También el proceso en Estados Unidos -a diferencia de México- está menos plagado de situaciones procesales que puedan enviciar o retrasar el proceso. La justicia estadounidense sí es pronta y expedita, acusó el especialista en seguridad José Antonio Álvarez de León.
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“Parece que en el sentido del interés estatal de poner a alguien en el banquillo de los acusados es más directo, más pulcro y menos condescendiente, aunque como todo, sus procesos también pueden estar viciados”, añadió Álvarez.
El especialista destacó que existe un gran abismo entre la justicia mexicana y la estadounidense es cómo se construyen los llamados maxiprocesos en Estados Unidos que es la manera de tejer una red de investigación a partir de la sentencia de culpabilidad contra alguien detenido en un caso importante, es decir, cómo se investiga a los demás involucrados en el caso, cosa que no sucede en nuestro país.
Por eso tenemos la expectativa de quiénes siguen en el caso de Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón encontrado culpable en Estados Unidos por narcotráfico, “porque las sentencias generan maxiprocesos en aquél país y aquí no hay un solo antecedente de esto”, nos dijo el catedrático de la UNAM.
Y finalmente, la gran deuda que tiene nuestro sistema de justicia sobre la preparación del daño social separa nuestros sistemas en cuanto a su efectividad, pues existen mecanismos -como el amparo- que terminan por obstruir los procesos.
Álvarez de León destacó el caso de Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social y Agrario durante el gobierno de Enrique Peña Nieto quien libró la acusación por el desvío multimillonario de fondos públicos conocido como la Estafa Maestra pues un juez consideró que los hechos por los que la Fiscalía General de la República (FGR) le acusaba no son de naturaleza penal, sino administrativa.
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¿Y el dinero que desapareció de la Secretaría durante su administración? La FGR acusaba a Robles de haber permitido el desvío de más de $5,000 millones y aunque Robles estuvo en la cárcel alrededor de tres años, sigue sin haber una reparación del daño a la ciudadanía, nos dijo Álvarez de León.
“Lo triste de esto es que tenemos desde el 2008 con el nuevo sistema de justicia y en realidad, de los casos pesados del Estado mexicano no se ha resuelto ninguno. Resolvemos los juicios ordinarios, pero no los de interés nacional y eso provoca falta de credibilidad en nuestro sistema de justicia”, acusó el experto.
La ineficacia de la aplicación de justicia es tan desigual que una persona puede estar encarcelada durante años sin recibir sentencia por haber cometido un delito menor -como robarse un refresco de una tiendita- pero también permite que redes de crimen organizado le roben a la nación miles de millones de pesos y caminen libres por las calles.
