El ex presidente Felipe Calderón debe ser juzgado por todas las violaciones a los derechos humanos cometidas durante su gobierno (2006-2012), luego de que declaró la guerra al narcotráfico, advirtieron defensoras humanitarias.
“Calderón protegió esta escalada de violencia en el momento en el que decide declarar una guerra al narcotráfico sin un diagnóstico correcto de lo que estaba pasando. Es culpable de todo lo que ha sucedido, porque hay una responsabilidad política en el sentido de que la seguridad tiene que ser gobernada por el Ejecutivo o los ejecutivos federales; no puede haber un proyecto de seguridad que se desentienda de la gobernanza política”, nos dijo Eliana García, integrante de Seguridad Sin Guerra, grupo civil que rechaza la militarización del país.
“Por supuesto que Calderón tiene responsabilidad, no solo de las violaciones a derechos humanos, sino de los crímenes internacionales que ocurrieron durante su mandato, es decir, los que se describen en el Estatuto de Roma, tales como desaparición forzada, tortura, asesinatos y detenciones arbitrarias; los cuales son, según nuestro análisis, crímenes de lesa humanidad y que incluso podrían ser crímenes de guerra”, nos explicó por su parte Lucía Chávez, directora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
El inicio de una guerra… que aún no tiene fin
El 10 de diciembre de 2006, apenas nueve días después de haber asumido como Presidente, Felipe Calderón ordenó el despliegue de 6,500 elementos del Ejército en la región de Tierra Caliente como parte del “Operativo Conjunto Michoacán”, a fin de combatir al crimen organizado en su estado natal “por cielo, mar y tierra”.
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En ese momento, Michoacán era azotado por el Cártel de la Familia Michoacana. También se implementaron operativos militares en Chihuahua y Baja California. Así, el entonces mandatario le declaró “la guerra” al narcotráfico.
En enero de 2007, vestido de ropa militar, el titular del Ejecutivo visitó la 43 Zona Militar, en Apatzingán, y le pidió a los soldados seguir en la batalla contra los criminales. “La estrategia de Calderón sumió al país en una espiral de violencia inimaginable desde la época de la Revolución Mexicana”, consignó en un reportaje el portal Infobae.
En un informe de 2015, la CMDPDH indicó que la guerra contra el narcotráfico de Calderón rompió una tendencia de casi 20 años en la que la tasa nacional de homicidios había disminuido cada año, alcanzando un mínimo histórico de nueve asesinatos por cada 100,000 habitantes en 2007. Pero en 2011, la tasa de homicidios se disparó a 24 por cada 100,000 habitantes, y entre 2007 y 2011 se reportaron 95,646 de estos crímenes, un promedio de más de 50 personas por día, según el mismo estudio.
“En realidad fue una estrategia fallida porque -como sabemos- las drogas siguen llegando a Estados Unidos y se siguen consumiendo en México”, nos señaló Lucía Chávez, quien también es vicepresidenta de la Federación Internacional por los Derechos Humanos. La activista precisó que durante la guerra contra el narcotráfico emprendida por Calderón, las violaciones a derechos humanos más graves tienen que ver con las detenciones arbitrarias y la tortura para fabricar culpables, y justificar la fallida estrategia de seguridad.
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“Otro ejemplo es la famosa práctica del arraigo que se ocupó mucho durante el sexenio de Calderón y que dañó a tantas personas, pues se les privó de su libertad por el simple hecho de generar una sospecha de que habían cometido algún crimen. También se presumían las ejecuciones que se realizaban por parte del Ejército, lo cual es una práctica totalmente absurda en un país que no está en un conflicto armado declarado”, abundó Chávez.
En tanto Eliana García, quien también ha sido acompañante de víctimas de desaparición desde 1977, nos explicó que cuando Calderón dejó el poder ya había más de 100,000 personas asesinadas y 26,000 desaparecidos.
“Luego, al acabar el sexenio de Enrique Peña Nieto la cifra rondaba entre 45,000 y 49,000 desaparecidos; hoy el registro oficial es de más de 100,000. Lo que quiere decir que la violencia provocada por este paradigma militarizante de la seguridad ha incrementado las víctimas. Tan solo hasta hace dos o tres años, la cifra conservadora de personas desplazadas era de más de 350,000”, agregó.
Calderón podría llegar hasta la Corte Penal Internacional
“Felipe Calderón, a través de la cadena de mando como comandante supremo del Ejército Mexicano, tiene responsabilidad por todos estos crímenes que se cometieron en su sexenio a partir de la llamada guerra contra las drogas. Hay evidencia suficiente para poder juzgarlo, ya sea en México, ante la Corte Penal Internacional (CPI) o alguna otra Corte internacional por crímenes que se relacionan con violaciones a derechos humanos”, nos aclaró Lucía Chávez, abogada especialista en derecho internacional.
La defensora humanitaria nos recordó que desde hace al menos dos años, la CMDPDH envió a la Presidencia y a la Fiscalía General de la República (FGR) un informe sobre la cadena de responsabilidad, tanto de Calderón como de Peña Nieto, por la comisión de estos crímenes, lo que se define como “autoría mediata, que es toda esta cadena de responsabilidad donde ambos debieron saber y no haber tolerado ni ocultado este tipo de crímenes”.
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Chávez consideró que solo faltaría hacer una argumentación jurídica, que la FGR bien podría llevar a cabo, pero lamentó que “no hay voluntad política para hacer este tipo de persecuciones de altos mandos civiles, ex presidentes, o incluso de militares. Por eso la CMDPDH y otras organizaciones civiles nos hemos acercado a la CPI porque vemos que el gobierno de México no tiene la disposición ni la capacidad para lidiar con este tipo de crímenes”.
Finalmente, la también asesora en materia de derechos humanos en el Senado Eliana García nos recalcó que Calderón es responsable de lo que hayan hecho sus subordinados: “si no sabía (de los crímenes), es responsable de no haber sabido, porque él era el Presidente y por tanto, titular de todas las acciones de sus subordinados en cualquier dependencia pública federal; y si sabía, es responsable por haber sido cómplice de la comisión de esos delitos”.
García advirtió que a pesar de los pactos de impunidad que existen entre fuerzas del Estado y bandas delincuenciales, Felipe Calderón debe “ser juzgado en este país, al igual que Peña Nieto y eventualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador, por toda su ingobernabilidad política que permite que se cometan acciones criminales tan atroces en contra de ciudadanos mexicanos, las cuales deberían considerarse crímenes de Estado”.
