El feminicidio de Ingrid Escamilla Vargas, quien fue asesinada el 9 de febrero de 2020 por Erick Francisco Robledo, su expareja y sentenciado a 70 años de prisión, el 17 de octubre de 2022, puso en el foco la responsabilidad de los medios de comunicación y la necesidad de que informen con perspectiva de género los casos de feminicidio y violencia contra las mujeres y las niñas.
Luego del feminicidio de Ingrid, el movimiento feminista exigió que los medios de comunicación retomen los tratados internacionales, las leyes nacionales y códigos de ética al momento de dar la noticia para no revictimizar a las mujeres y sus familias. Así lo señaló la doctora en Ciencia Política Andrea Samaniego Sánchez, especialista en análisis del discurso y perspectiva de género.
A partir de la indignación y denuncia social, los medios de comunicación se vieron obligados a bajar de sus portales las imágenes de la joven de 25 años asesinada. Esas fotos, filtradas por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía de la Ciudad de México a los medios de comunicación, atentaron contra la dignidad de Ingrid y de sus familiares, señaló la también profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
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Ese mismo año, la Fiscalía General de la Ciudad de México y legisladoras de varios partidos políticos impulsaron una ley que lleva su nombre: la Ley Ingrid, que busca evitar la filtración y publicación de imágenes de mujeres y niñas víctimas de feminicidio.
El legado de Ingrid
El 26 de febrero de 2021, la Ley Ingrid fue aprobada en el Congreso de la Ciudad de México. Así se reformó el Código Penal local para sancionar “con dos a seis años de prisión, y una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización” a personas funcionarias públicas que difundan imágenes o información relacionadas con las víctimas o con las investigaciones.
La Ley Ingrid ya fue legislada en Colima, Jalisco y Oaxaca. El Congreso de Veracruz tiene una iniciativa para sancionar dichas conductas, señaló la senadora Indira Rosales.
El 23 marzo de 2022, la Cámara de Diputados aprobó una reforma al Código Penal Federal que penaliza con seis y hasta diez años de cárcel la filtración y la difusión de información, fotografías y videos relacionados con procesos penales. Y el 29 de noviembre pasado, la Comisión de Justicia del Senado de la República avaló el dictamen sobre esta reforma, que aún debe discutirse en el pleno.
Sin embargo, diversas organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos, como Artículo 19, han advertido de que dicha reforma podría interferir con el adecuado ejercicio periodístico o que podría utilizarse para criminalizar a periodistas. Pero aún falta que la Ley Ingrid a nivel nacional sea aprobada por el pleno del Senado para conocer sus alcances, como señalaron para el diario El País.
Periodismo con perspectiva de género
El caso de Ingrid Escamilla fue fundamental para entender que el tratamiento de las imágenes y que la cobertura de los casos tienen que estar fundamentadas en la dignidad y el respeto, destaca la doctora Michelle Gama Leyva, académica del Departamento de Letras de la Universidad Iberoamericana, en este artículo.
México atraviesa una emergencia nacional con diez mujeres asesinadas cada día, de enero a octubre de 2022 -según los recientes datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública-, y en la que los medios de comunicación visibilizan los casos y las cifras.
Pero al momento de dar la noticia, algunos medios repiten estereotipos o especulan sobre la vida de las mujeres. Por lo que es necesario cuestionar ¿cómo dar y cubrir las noticias sobre violencia y feminicidio?, nos dijo la doctora Andrea Samaniego.
“Después del caso de Ingrid Escamilla uno pensaría que ya tendrían mucho cuidado, pero aún no hay perspectiva de género en los medios de comunicación. Hay avances pero también muchas resistencias”, consideró la especialista.
El feminicidio de Ingrid Escamilla fue “el parteaguas para ponernos a hablar en serio de cómo los medios de comunicación están abonando a la violencia contra las mujeres y cómo con un trabajo con perspectiva de género se puede hacer lo contrario y ayudar a empujar los casos ante las autoridades para que los resuelvan”, nos explicó la periodista Cristina Salmerón Arroyo, editora de audiencias en Post Opinión, sección en español de The Washington Post.
“Se están utilizando los feminicidios en los medios de comunicación como espectáculo para ganar clics, pero a la vez por políticos y políticas para hacer campaña”, sostuvo la periodista.
De acuerdo con “Un manual urgente para la cobertura de violencia contra las mujeres y feminicidios en México”, informar con perspectiva de género consiste en que los contenidos noticiosos estén libres de estereotipos, de criminalización, estigmatización, revictimización, androcentrismo y discriminación.
El Manual “es una guía que apuesta por las mejores prácticas del periodismo en México”. En él se detallan las consecuencias legales contra el debido proceso por la errónea difusión de información de datos sobre casos de feminicidio. Fue coordinado por la periodista Karla Casillas Bermúdez, su autora es Cristina Salmerón y sus coautoras las periodistas Lydiette Carrión Rivera e Isabel Montoya Ramos, junto con ONU Mujeres.
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“El activismo es la chispa, el incendio somos nosotros”
El diario La Prensa enfrentó muchas críticas por su cobertura del caso de feminicidio de Ingrid Escamilla, en particular por publicar las fotos de ella asesinada. Luis Carriles, el director de ese medio, nos dijo que ahora las cosas han cambiado.
“Nos mantenemos dentro de los protocolos de la legalidad”, explicó, “no podemos dar los nombres completos, no podemos presentar los hechos como si fueran consumados ni calificar. No es como en los viejos tiempos de la nota roja, pues podíamos publicar cosas como las fotos. Eso ya no se puede hacer”.
Agregó que “la Ley Ingrid generó cambios muy importantes, no solo en la legislación de México, sino en todo el país. Creamos un Consejo de Género donde cada mes tenemos reuniones y hablamos con mujeres sobre los temas que les importan o necesitan atender, y tenemos a especialistas en temas de mujeres que nos lleva a reflexiones mucho más profundas sobre hacia dónde tiene que ir y qué debe hacer el periodismo”.
Pero también explica que hablar de estos delitos es importante, ya que permite hacerlos más visibles; sin la cobertura mediática, muchos casos no serían investigados con la seriedad que lo son, ya que genera presión social sobre las autoridades.
“Creo que si los medios tuviéramos un poco más de actividad específica y capacitación en este tema de los feminicidios podríamos ayudar más de lo que ayudamos hoy en día; lo que sí te puedo decir, y estoy plenamente seguro, es que silenciar esto es más costoso que decirlo en voz alta”, explicó.
Sobre las críticas de las activistas feministas, consideró que “el activismo tiene sus ventajas. No tiene responsabilidad de presentar los hechos. El activismo puede ser la chispa (que encienda a la opinión pública), pero no es el incendio. El incendio somos nosotros. Necesitamos que eso se visualice”, concluyó Carriles.
Marco nacional e internacional de derechos humanos y medios
La doctora Andrea Samaniego, integrante de la Red de Politólogas, nos recordó que desde 1995 en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing, China, se incluyó un capítulo dedicado al tema “Mujeres y Medios de Difusión”.
Ahí se establecieron las recomendaciones a los Estados miembros -México entre ellos-, a organismos de derechos humanos, a propietarios de medios de comunicación y de empresas de publicidad, y a asociaciones de profesionales de la comunicación a examinar las consecuencias de la reproducción de estereotipos sexistas en los contenidos noticiosos.
Además de sensibilizar a la audiencia sobre la causas y efectos de la violencia contra las mujeres e incentivar el debate sobre el tema y a impulsar la participación de las mujeres en mandos directivos, de toma de decisiones y como productoras líderes de contenidos, como explican en el Manual.
Por otra parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencias contra la Mujer, “Convención Belém do Pará”, de 1994, señala la necesidad de “Alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer”.
A nivel nacional, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), en su artículo 38, indica que es obligación de la Secretaría de Gobernación (Segob) “Vigilar que los medios de comunicación no fomenten la violencia contra las mujeres y favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia, para fortalecer el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las mujeres”.
De acuerdo con esta norma, la Segob tiene la facultad de sancionar conforme a la ley a los medios de comunicación que no cumplan con lo estipulado. Según las autoras del manual “hasta el momento (2021) no se ha sancionado a algún medio de comunicación en términos de lo previsto en la LGAMVLV”.
El 21 de febrero de 2020, la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, admitió a trámite la Queja y Denuncia de Ilicitud que promovió la Conavim en contra de algunos medios impresos que difundieron información e imágenes del feminicidio de Ingrid Escamilla que considera atentan contra la dignidad de las mujeres, denigran y causan perjuicio a la sociedad en general, el cual, al cierre del manual, en 2021, se encontraba en resolución.
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Recomendaciones y propuestas de “cobertura digna”
Además de implementar lo que establece el marco de derechos humanos, para Cristina Salmerón el primer ejercicio que las trabajadoras y los trabajadores de los medios de comunicación pueden hacer al cubrir una nota sobre feminicidio o violencia machista es de empatía y preguntarse “¿tú escribirías eso sobre una persona que quieres muchísimo? Si tu respuesta es no, pues no lo haces”.
Además, en el manual urgente las autoras señalan: “cada vez que escribas una nota, pregúntate: ¿qué sentirá la familia y amistades de la mujer asesinada cuando lean esto? ¿Qué sentirán las demás mujeres? ¿Abona a la indignación, a la comprensión de un hecho o al miedo y al morbo?”
Cristina Salmerón enfatiza en que la perspectiva de género no debería de ser una obligación ni recaer en una sola persona o en las mujeres del equipo. La capacitación en perspectiva de género debe de ser una tarea constante de todo el equipo de un medio de comunicación, coincidió Andrea Samaniego.
“Cuidar que cada texto, video, foto, ilustración, gráfica o material ilustrativo vaya acorde con el respeto a las niñas y mujeres es tarea de quienes trabajan en los medios de comunicación”, indican en el manual.
Es preciso omitir, según el manual, fotografías de cadáveres, imágenes que no hayan sido autorizadas por familiares, que violen su privacidad y la de sus personas allegadas, que estigmaticen y propicien juicios, que sexualizen, fotos filtradas por la policía o las autoridades que violen el debido proceso y de agresores que no hayan pasado por un proceso penal.
Salmerón también recomienda: “doble checar los discursos oficiales” para no repetir información que vaya en contra de la perspectiva de género y de los procesos judiciales. Así como consultar a especialistas, deslindarse del discurso del morbo -“no porque me filtren una autopsia tengo que reproducirla”- y sobre todo consultar a la familia de la víctima.
Por Alicia Mendoza y Andrés Pascoe
