La justicia para Debanhi Escobar Bazaldúa y Mariana Lima Buendía aún no llega

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En México, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a octubre de 2022 fueron asesinadas 3,155 mujeres, niñas y adolescentes. De esos casos solo 777 – un 24.6% – se investigan como feminicidio y su mayoría – 75.3% – como homicidios dolosos.

Nuevo León y el Estado de México encabezan la lista con el mayor número de casos de feminicidio a nivel nacional. Tan solo de enero a octubre, en el Estado de México han sido asesinadas 120 mujeres por presuntos delitos de feminicidio, mientras que Nuevo León tiene 81 casos

Falta de respuesta de las autoridades

Tras siete meses de la desaparición y del feminicidio de la joven de 18 años de edad y estudiante de derecho Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, ocurrido en Nuevo León, su papá, Mario Escobar Salazar, ha criticado reiteradamente el desempeño de las autoridades estatales. Sin la presión social y la exigencia de su familia a la fiscalía estatal el caso de Debanhi se hubiese tipificado como un accidente u homicidio, denunció Mario Escobar.

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“Nuestra lucha no ha sido en vano. Hemos logrado ir en contra de algunos funcionarios dentro de un sistema de  justicia que intentan manipular los hechos ocurridos el pasado 9 de abril. En contra de un sistema que violó nuestro acceso a la verdad y la justicia”, declaró Mario Escobar en un video difundido en Youtube, el pasado 18 de julio de 2022.

Las autoridades de Nuevo León encontraron el cuerpo de Debanhi Escobar en una cisterna del Motel Nueva Castilla el 21 de abril de 2022, 13 días después de su desaparición y en la misma zona en donde había sido vista por última ocasión con vida. Además, el lugar ya había sido revisado por personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

El 1 de octubre, la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación por el asesinato de la joven, por las omisiones y fallas que se registraron desde la búsqueda de Debanhi, quien fue desaparecida el pasado 9 de abril tras haber acudido a una fiesta en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

Cuatro días después de que la FGR atrajera la investigación por la muerte de Debanhi Escobar, Gustavo Adolfo Guerrero, fiscal de Nuevo León y responsable de esa investigación en el estado, renunció a su cargo

La investigación del entonces fiscal de Nuevo León causó indignación en la familia de Debanhi Escobar, en la sociedad y en las colectivas feministas, ya que se insinuó que la muerte de la joven de 18 años habría sido un posible accidente al caer a la cisterna. 

La primera autopsia de la Fiscalía de Nuevo León aseguraba que la causa de la muerte de Debanhi era “un golpe en la cabeza”. El 18 de julio, los resultados de una nueva necropsia concluyeron que Debanhi Escobar murió por asfixia por sofocación, es decir, que fue asesinada.

Sin embargo, la investigación por el asesinato de Debanhi Escobar no avanza y no hay una sola persona detenida. Esto pese a la revisión de horas de las cámaras de seguridad, decenas de cateos, pruebas de ADN y dos autopsias al cuerpo de Debanhi Escobar. 

El 10 de noviembre pasado, después de afirmar que pronto daría a conocer avances sustanciales en la investigación por el feminicidio de Debanhi, el presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a la FGR avanzar en las investigaciones para esclarecer el crimen la joven Ariadna Fernanda (desaparecida el pasado 30 de octubre y cuyo cuerpo fue localizado un día después) y el de Debanhi Escobar.

Al igual que la familia de Debanhi, muchas otras familias de mujeres y niñas asesinadas en México siguen enfrentándose a los mismos obstáculos: que las autoridades investiguen las muertes violentas de las mujeres con perspectiva de género, para confirmar o descartar que fueron víctimas de feminicidio; y luego pasar años en procesos judiciales tortuosos en búsqueda de verdad y justicia.

El 25 de marzo de 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció, en la sentencia al amparo número 554/2013, titulada sentencia Mariana Lima Buendía, que toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada como un posible feminicidio. 

Sin embargo, “el feminicidio sigue siendo un delito negado, ocultado como homicidio doloso, culposo o suicidio, para no ‘alertar’ a la sociedad”, señala la doctora Lucía Melgar, feminista y crítica cultural. 

El año pasado, solo 26.2% del total de asesinatos de mujeres -3,724 mujeres asesinadas- fue catalogado como presunto feminicidio y el 73.7% como homicidio doloso, según datos del SESNSP. 

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En mayo 2023, sentencia a feminicida de Mariana Lima Buendía

Irinea Buendía Cortez ha persistido en la búsqueda de verdad y justicia por 12 años y cinco meses, pero aún no hay justicia para su hija Mariana Lima Buendía, quien fue asesinada el lunes 28 de junio de 2010 en Chimalhuacán, Estado de México, a pesar de la sentencia de la SCJN de 2015 que ordenó a la entonces procuraduría del Estado de México a reabrir el caso e investigarlo con perspectiva de género. 

Alrededor de las siete de la mañana del 29 de junio de 2010, Julio César “N”, esposo de Mariana Lima, llamó por teléfono a Irinea Buendía para decirle que Mariana se había ahorcado. Esta misma versión la sostuvo ante las autoridades. 

La entonces procuraduría de justicia de la entidad investigó y cerró el caso como un suicidio en 2011. A pesar de que Irinea Buendía también denunció y detalló ante esas autoridades el contexto de violencia sexual, física, verbal y económicamente que Mariana Lima sufrió por parte de Julio César “N”, incluso que iba a dejarlo cuando fue asesinada.

Un año después de la sentencia de la Suprema Corte, el 29 de junio de 2016, Julio “N” fue aprehendido por su probable participación en el feminicidio de Mariana. Pero el proceso judicial contra Julio César lleva seis años y cinco meses y aún no se le dicta una sentencia condenatoria por el feminicidio de Mariana Lima Buendía.

Durante seis años, el caso de Mariana Lima ha pasado por siete jueces y una jueza, se han realizado 50 peritajes, 34 testimoniales, explicó la abogada Ana Yeli Pérez Garrido, directora de la asociación civil Justicia Pro Persona y asesora legal de Irinea Buendía, durante el foroSentencia Mariana Lima, el parámetro nacional para juzgar con perspectiva de género”, el pasado 23 de noviembre.

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En estos seis años, la familia de Mariana Lima y su asesoría legal han tenido que asistir a 64 audiencias y a más de 70 audiencias que fueron diferidas o que no se llevaron a cabo, en su mayoría por inasistencia de la defensa legal de Julio “N”. 

El 26 de octubre de 2022 se presentaron las conclusiones de la investigación, en las que “hemos demostrado que Mariana Lima no se suicidó, que Mariana fue asesinada”, afirmó la abogada feminista Ana Yeli Pérez.

Tenemos la expectativa y la confianza de que el Poder Judicial del Estado de México va a dictar una sentencia histórica, muy necesaria para nuestro país y para muchas víctimas que tienen la esperanza de acceder a la justicia (…) Una sentencia con perspectiva de género a la altura de la investigación, de la sentencia que dictó la SCJN, de la memoria de Mariana Lima y de la expectativa de la señora Irinea Buendía”, señaló la abogada.

“Para mí es un dolor que no se acaba, a pesar de que sabemos que ya metimos las conclusiones y como me dijo la notificadora que posiblemente en mayo de 2023 tengamos la sentencia (contra Julio “N”)”, compartió Irinea Buendía, quien se ha convertido en defensora de derechos humanos y en un símbolo nacional e internacional de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. 

La persistencia de Irinea Buendía hizo visibles negligencias, errores y omisiones del sistema de justicia que la obligaron a intervenir en la investigación -como en muchos casos de madres y de familias de mujeres víctimas de feminicidio-, para exigir a las autoridades investigar con debida diligencia y con perspectiva de género el feminicidio de su hija.

Durante el foro, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio llamó a las fiscalías federales de justicia incorporen los criterios de la Sentencia Mariana Lima de la Suprema Corte en los protocolos de investigación del feminicidio en todos los estados de la República. 

Lo anterior porque a siete años de dicha sentencia, en el país persiste la revictimización, la violencia institucional, así como las deficiencias en la investigación de los casos de feminicidio o se pierden pruebas, indicó María de la Luz Estrada Mendoza, directora del OCNF.

México es un país de víctimas y sin la presión de las familias, los casos de feminicidio no se investigarían, señaló la doctora Patricia Olamendi Torres, creadora de la Red Nosotras Tenemos Otros Datos.

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