El feminicidio, un pendiente en Edomex y Coahuila con miras a las elecciones de 2023

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A un año de que el Estado de México y Coahuila celebren elecciones locales para elegir a su próximo gobernador o gobernadora, la violencia feminicida es un gran reto que comparten ambas entidades, que han sido gobernadas por más de 90 años por el PRI. 

De acuerdo con el informe sobre violencia contra las mujeres de enero a mayo de 2022, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de México tiene una tasa de 0.67 presuntos delitos de feminicidios por cada 100,000 mujeres, mientras que Coahuila tiene una tasa de 0.66 casos durante los primeros cinco meses del año. 

Así, Coahuila registra una tasa de feminicidio casi tan alta como la del Edomex, según datos de los primeros cinco meses del 2022 registrado por el Secretariado Ejecutivo. El Estado de México ocupa el noveno lugar y Coahuila el décimo primer lugar de esta estadística nacional. 

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Con los datos que se tienen de enero a mayo de este año, la tasa de feminicidios por cada 100,000 mujeres en estados como Morelos (1.68), Nuevo León (1.67) es más del doble que la tasa promedio nacional que es de 0.58.

La violencia contra las mujeres, como parte de la agenda feminista, no ha sido un tema importante de las campañas de los distintos partidos o cuando ya están en el poder, nos comentó Adriana Romo Salado, vocera de la organización feminista Red de Mujeres de la Laguna, de Coahuila. 

“Nosotras como parte de la sociedad civil tenemos que lidiar con eso en cada elección municipal, estatal o federal. Es como volver a empezar. Esperamos que cuando menos lo que se ha logrado no retroceda. Y a partir de lo que se ha logrado, pues ver qué otro poquito más se puede avanzar”, sobre los derechos de las mujeres, nos dijo.  

El Estado de México

Debido a la gravedad de la violencia contra las mujeres y las niñas, el Estado de México cuenta con dos Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). Tan solo de enero a mayo de 2022, el Estado de México encabeza la gráfica nacional con el mayor número de casos de feminicidio con 61.

La primera Alerta está vigente desde hace siete años. En julio de 2015 se declaró, pero solo para 11 municipios: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad.

La segunda Alerta de Violencia de Género está enfocada a la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, vigente desde septiembre de 2019. Es para siete municipios: Toluca de Lerdo, Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco. 

La AVGM es un mecanismo que establece medidas de emergencia para erradicar las violencias contra las mujeres en un municipio o alcaldía específico e incluye que el gobierno federal destine recursos extraordinarios para ayudar en la atención, investigación, prevención y búsqueda. 

Pese a las dos alertas, la violencia feminicida no cesa en esta entidad y a pesar de que durante los últimos cuatro años los recursos destinados a ambas alertas de género se incrementó, al pasar de $30,000,000 a $246,000,000, como afirmó en mayo pasado el gobernador Alfredo Del Mazo Maza.

De enero a mayo de este año, varios municipios mexiquenses estuvieron dentro de los 25 municipios con más casos de feminicidio registrados en todo el país: Ecatepec de Morelos (6 casos de feminicidio), Tlalnepantla de Baz (4 casos), Valle de Chalco Solidaridad (4), Atizapán de Zaragoza (3) y Naucalpan (3).

Estos casos se van sumando a la estadística de impunidad en el Estado de México, debido a investigaciones deficientes, a la negligencia y a la omisión de las autoridades. Como el feminicidio de Mariana Lima Buendía cometido hace más de 12 años en Chimalhuacán y que hemos reportado en Cuestione.

O los casos de Nadia Muciño Márquez, asesinada en 2004; Diana Velázquez Florencio, desaparecida y asesinada en 2017; y Julia Sosa Conde, desaparecida y asesinada a finales de 2018. Y que la organización de defensa de derechos humanos Amnistía Internacional documentó en un informe cómo las deficiencias en las investigaciones penales “violan los derechos humanos” de las víctimas y de sus familias.

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Coahuila

El estado de Coahuila tiene un registro de 11 casos de feminicidio, ocupa el lugar 12 de la gráfica nacional. Dos de sus municipios figuran dentro del ranking de las 100 ciudades con más feminicidios de enero a mayo de 2022: Saltillo con tres casos de feminicidio y Torreón con dos casos.

Además, el informe sobre violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo registra que durante los primeros cinco meses del año Coahuila ocupó el tercer lugar de la tasa de presuntos delitos de violencia familiar por cada 100,000 habitantes, con 160.9

Así como el séptimo lugar de los estados con el mayor número de carpetas abiertas por violencia familiar, con 5,315. Y el octavo lugar con más llamadas de emergencia al 911, con 4,104, de enero a mayo de 2022.

Todas estas violencias son las que pueden terminar en violencia feminicida, ya que si no se atienden pueden provocar que “haya alzas en los feminicidios”, nos dijo Adriana Romo, vocera de la organización feminista Red de Mujeres de La Laguna

La Red de Mujeres de La Laguna, junto con las asociaciones civiles Mujeres Generando Cambios y el Centro Las Libres, presentaron una solicitud de alerta de género por violencia contra las mujeres para el municipio de Torreón en julio de 2017, pero después de ser analizada finalmente fue desechada en noviembre de 2018 por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).  

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La Conavim hizo diez recomendaciones al gobierno del estado para atender las violencias contra las mujeres en toda la entidad, no solo para Torreón. Y una vez que el gobierno atendió -o parcialmente atendió- estas medidas la Secretaría de Gobernación no declaró la alerta para Coahuila. 

De acuerdo con estas recomendaciones “s​e creó la mesa especializada en feminicidio y la fiscalía especializada en el delito de trata de personas, también se capacitó a los jueces y se hizo el protocolo para la actuación ante delitos de género”, nos relató Adriana Romo. 

Sin embargo, a cinco años de estas medidas quedan temas pendientes para la adecuada atención a las víctimas, como la capacitación en perspectiva de género a quienes quedaron al frente de los juzgados especializados o el fortalecimiento de las instituciones de atención a la violencia. 

La Fiscalía General del estado representa un cuello de botella para el acceso a la justicia porque minimizan y ​​”desestiman las denuncias de violencia, no les dan seguimiento, no cuentan con un equipo de servicios periciales, entre más deficiencias. Lo que hace que una gran cantidad de mujeres y de adolescentes desistan del proceso o de denunciar”, nos dijo.

Para Adriana Romo, la omisión más visible es la falta de recursos para la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Región Laguna que cuenta con tres personas -insuficientes para atender los casos de mujeres que buscan apoyo en reparación del daño- y una oficina pequeña en Torreón. “El gobierno se comprometió (desde hace cuatro años) verbalmente a dotar de mejores recursos. Pero de esta recomendación no se ha cumplido nada”.

Asimismo, la Unidad Especializada para Atender el Delito de Feminicidio en Torreón no cuenta con aire acondicionado, en una región donde la mayor parte del año está a 40º centígrados. “Esto contribuye al bienestar de las personas que laboran ahí y las usuarias. No puedo creer que el Gobierno de Coahuila no tenga presupuesto para tener unas oficinas dignas”. 

La violencia feminicida es un problema nacional, ¿será un tema prioritario para candidatos y candidatas a gobernar Coahuila y el Estado de México?

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