La investigación por el feminicidio de Mariana Lima Buendía, asesinada en 2010, es una de las más emblemáticas por los impactos que ha causado en el país a partir de que la Suprema Corte la analizó en 2015, pero su victimario aún no tiene una sentencia.
“Las autoridades siguen en esa simulación de que hacen y no hacen nada. Seis años han sido insuficientes para poder dar fin al proceso que se le sigue a Julio César, el asesino de mi hija (…) Hay suficientes elementos que prueban que él es el asesino, por eso me atrevo a decirlo”, señaló Irinea Buendía Cortés, mamá de Mariana, el pasado 3 de febrero frente al Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca, donde debía realizarse una audiencia, pero al faltar los peritos no se llevó a cabo.
Mariana Lima fue asesinada en su casa en Chimalhuacán, Edomex, el 28 de junio de 2010. Julio “N”, pareja de Mariana y policía ministerial en este estado, la agredía sexual, física, verbal y económicamente.
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Alrededor de las siete de la mañana del 29 de junio de 2010, Julio “N” llamó por teléfono a Irinea Buendía para decirle que Mariana se había ahorcado. Esta misma versión la sostuvo ante las autoridades. La entonces procuraduría de justicia de la entidad investigó el caso como un suicidio y lo cerró en 2012.
Luego de tres años de encabezar protestas y de interponer recursos legales en contra de esa decisión, el 25 de marzo de 2015, Irinea Buendía y su esposo Lauro Lima, papá de Mariana, con el acompañamiento del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, lograron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitiera el amparo 554/2013, mejor conocido como la sentencia Mariana Lima Buendía.
Así, un año después de esta sentencia, el 29 de junio de 2016, Julio “N” fue aprehendido por su probable participación en el feminicidio de Mariana Lima.
Supuesto suicidio: primer obstáculo
Con la sentencia, la Corte reconoció que en la investigación por el asesinato de Mariana había “un patrón de impunidad sistemática”, ya que policías, peritos y agentes del Edomex cometieron obstrucciones, negligencias y omisiones.
Esto porque no resguardaron la escena del crimen, no se encontró el cordón con el que supuestamente se ahorcó Mariana, no revisaron formalmente todas las pruebas o si tenía otros golpes, no hubo examen ginecológico y tampoco hay fotos claras del cuerpo de Mariana.
Tampoco analizaron el contexto de violencia en que vivía, a pesar de que Irinea Buendía les detalló la violencia que Mariana sufrió en manos de su pareja, incluso iba a dejarlo cuando fue asesinada.
Además, como nos expuso la abogada Ana Yeli Pérez Garrido, directora de la asociación civil Justicia Pro Persona y asesora legal de Irinea Buendía, Julio “N” era policía ministerial en la misma procuraduría que investigó la muerte de Marina Lima, de ahí que la Corte “manifestó preocupación por una posible colusión”.
Por tanto, la Suprema Corte invalidó esta primera investigación, ordenó reparar el caso y en consecuencia realizar una nueva investigación, pero ahora con perspectiva de género, que se hicieran todas las averiguaciones que no se realizaron antes, para encontrar a las personas responsables de la muerte violenta de Mariana Lima.
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Juicio ¿interminable?
Para la nueva investigación la Fiscalía General del Edomex formó un grupo especializado para responder a las indicaciones de la Suprema Corte. Durante los años 2015 y 2016, el grupo confirmó con “pruebas objetivas y científicas” que la muerte de Mariana Lima fue un asesinato, por eso detuvieron a Julio “N”, nos relató en entrevista la abogada Ana Yeli Pérez.
Desde junio de 2016, la investigación se encuentra en la etapa de juicio, que es donde se “desahogan” las pruebas de ambas partes, las de la víctima que presenta la Fiscalía y las de la defensa de Julio “N”.
Pero nos explicó que el caso de Mariana sigue en el viejo sistema penal, pues su asesinato sucedió en 2010, antes del cambio al sistema acusatorio, por lo que los jueces solo conocen el caso a través de los expedientes, es decir, en papel.
La abogada afirma que el viejo sistema es obsoleto e ineficaz, porque además de que han tenido ocho jueces distintos, han enfrentado muchos retrasos injustificados y los “seis años en juicio son un exceso”.
“No hay justicia pronta ni expedita ni para la persona que está privada de la libertad ni para las víctimas”, porque no hay una sentencia, nos dijo.
Después de la presentación de las pruebas, el juez podría dar una sentencia que ella espera sea condenatoria contra Julio “N”, pues considera que cuentan con todos los elementos para lograrlo. Ese sería el primer paso efectivo hacia la justicia después de casi 12 años del asesinato de Mariana Lima, la joven que quería ser abogada.
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Discriminación y violencia contra la familia Lima Buendía
Sin embargo, considera Ana Yeli Pérez, sería una justicia que ha costado muchos años, en los cuales la familia de Mariana Lima ha sufrido de maltrato, indiferencia, de exigir que el juez esté presente en las audiencias, para que la secretaria de acuerdos no imponga reglas arbitrarias y traten dignamente a las víctimas.
Y de estar cada diez días en los juzgados “literalmente perdiendo el tiempo” porque no se avanza nada, nos dijo.
En estos más de once años, Lauro Lima, papá de Mariana, murió. La familia de Mariana ha sido amenazada, su hermana sufrió un intento de homicidio, el 19 de enero de 2020, mismo día en que se realizó una audiencia por el caso. Irinea Buendía se convirtió en una defensora de derechos humanos, que necesita medidas de protección por las amenazas contra ella y su familia.
Además, indicó la abogada, hay que estar exigiendo a las autoridades que den las “medidas de protección a la señora Irinea y a su familia”.
El caso de Mariana sigue sumando omisiones, pero Irinea Buendía es clara: “aquí estaremos exigiendo que se cumpla con la sentencia Mariana Lima Buendía de la SCJN”, hasta que haya justicia.
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Impunidad en las violencias contra las mujeres
En México la impunidad en los delitos llega al 94.8%, mientras que la violencia contra las mujeres sigue en aumento. Tan solo el año pasado fueron asesinadas 3,506 mujeres, aunque solo 966 casos son investigados como feminicidio, como lo reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El centro de investigación México Evalúa documentó que entre julio y diciembre de 2019, el 99.7% de los casos de violencia sexual que sufrieron las mujeres mayores de 18 años no fueron denunciados y apunta que “los delitos sexuales que sufren las mujeres rara vez llegan al Ministerio Público, y aunque se denuncien, no necesariamente se inicia una carpeta de investigación”.
La respuesta de las autoridades ante la violencia contra las mujeres “es notablemente deficiente y no corresponde a la gravedad del problema”, según se demostró en la sentencia Mariana Lima Buendía de la SCJN.
Además “la impunidad alimenta la grave violación a los derechos humanos, así como el sentimiento de inseguridad de las mujeres y desconfianza en el sistema de administración de justicia”, se apunta en dicha sentencia.
¿Habrá justicia para Mariana?
