Ante la gravedad del feminicidio en México, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presentó el pasado 6 de julio ante el Congreso de la Unión un proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio.
Sin embargo, organizaciones que combaten la violencia contra las mujeres han expresado que es mejorable.
Los objetivos de esta ley son “erradicar y reducir la impunidad en los casos de feminicidio”. Para esto plantea homologar el delito de feminicidio en todo el país, y crear un protocolo nacional de investigación de feminicidios, según explicó el ministro durante la presentación de su propuesta.
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Con lo anterior, se busca hacer más eficaces las investigaciones, garantizar las sanciones y la justicia a la violencia feminicida. Asimismo, la propuesta de ley contempla una pena inicial de 40 a 60 años de prisión para quien cometa este delito, así como medidas de asistencia, reparación integral y prevención de este delito.
Una ley insuficiente
María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), que acompaña legalmente casos de feminicidio a nivel nacional desde hace 15 años, consideró que la propuesta de la SCJN es una oportunidad para reconocer la gravedad de la problemática y para lograr una regulación homogénea y adecuada de este delito.
Sin embargo, puntualizó, que la propuesta del ministro Zaldívar “tiene defectos y en algunos casos es insuficiente”, por lo que debe ser analizada y mejorada con la participación de familias de víctimas, víctimas, organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos de las mujeres, colectivas y colectivos que trabajan en este tema.
Por su parte, la organización feminista EQUIS Justicia para las mujeres también revisó la propuesta del ministro y consideró que esta no es la solución ante el panorama de impunidad y la “inacción del sistema de justicia para hacer frente a la multiplicidad de violencias contra las mujeres”.
En entrevista, Maïssa Hubert Chakour, subdirectora de EQUIS, nos expuso que “el Poder Judicial tiene mucho qué aportar en impulsar, por ejemplo, una estrategia nacional de protección judicial que es parte de sus competencias y que nos permitiría atender la violencia de género antes de que escale a feminicidio”.
Coincidió en que en el debate sobre cómo resolver el problema de feminicidio en México y en cómo construir el sistema de justicia que el país requiere la participación de las familias de víctimas y las organizaciones de la sociedad civil.
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Proyecto de Arturo Zaldívar
El ministro Zaldívar explicó que la Corte no tiene facultades para presentar iniciativas, pero que presentó el proyecto ante el Congreso de la Unión con el fin de colaborar a frenar el aumento de feminicidios y “con la idea de que algunas legisladoras o legisladores, si consideran que este trabajo tiene méritos, lo puedan hacer suyo”.
En el proyecto del ministro se explica que uno de los problemas estructurales del feminicidio es que los 32 estados de la República definen en sus leyes locales un tipo penal de feminicidio distinto.
Al no estar definido de manera uniforme en cada estado el tipo penal plantea problemas. Por ejemplo, “impide normalizar protocolos de investigación” y “algunos de estos tipos penales son de tal manera mal elaborados que resultan inoperantes y un obstáculo para la investigación de los feminicidios”, destacó la SCJN.
Para la homologación del tipo penal de feminicidio, el propuesta de ley retoma una recomendación internacional que hizo, hace diez años, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW) al Estado mexicano para que este acelere la armonización del delito de feminicidio en todos los estados.
Hace cuatro años, en 2018, en el noveno informe periódico sobre México, el mismo Comité señaló “el carácter incompleto de la armonización de la legislación estatal con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para tipificar como delito el feminicidio”.
El proyecto de ley de la Suprema Corte resalta dicha falta de armonización como uno de los factores que ha impedido la aplicación efectiva de la legislación nacional sobre igualdad de género y de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.
María de la Luz Estrada señaló la importancia de que la propuesta de la Corte plantee homologar criterios sobre feminicidio desde los más altos estándares de derechos humanos, como los órganos internacionales de derechos humanos lo han recomendado.
No obstante, el OCNF expuso que aunque es adecuado homologar el delito de feminicidio en una sola ley, también esto “podría invisibilizar las particularidades, contextos y condiciones que existen en los estados del país, y las necesidades específicas de mejora en los mismos, por ejemplo, en el ámbito forense o en el caso que se trate de comunidades indígenas.”
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Es clave resolver problemas del sistema judicial
De acuerdo con el análisis del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) para terminar con la impunidad en los casos de violencia feminicida emitir una ley general que regule el delito de feminicidio no es suficiente.
“Se requieren investigaciones adecuadas y con debida diligencia y perspectiva de género, fiscalías con personal capacitado y suficiente para realizar dichas investigaciones, infraestructura en las fiscalías, personal forense también capacitado y suficiente, con calidad técnica y científica, y otros factores cuya falta o deficiencia perpetúa la impunidad en los casos de feminicidio”, precisa el OCNF en un comunicado.
Maïssa Hubert también puntualizó que las fiscalías tienen problemas estructurales que hacen que “se entorpezcan” los casos que investigan.
Problemas como la falta de herramientas técnicas para incorporar la perspectiva de género en las investigaciones, además de falta de recursos y condiciones laborales de quienes trabajan ahí y de las y los policías, nos expuso la defensora de derechos humanos.
Para Maïssa Hubert estos son temas sobre el sistema de procuración de justicia que son importantes de resolver, ya que los casos de feminicidio no llegan al Poder Judicial y “muy pocos de esos casos llegan a una sentencia”, puntualizó.
De igual forma, Carlos Olvera González, asesor jurídico del Observatorio, consideró imprescindible la capacitación en las fiscalías, pues a pesar de que existen diversas leyes y protocolos para investigar los feminicidios “no se aplican y no se cumplen”.
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Prevenir la violencia contra las mujeres y niñas
El Observatorio destacó que para erradicar la violencia feminicida “se necesita una prevención planeada y ejecutada de forma adecuada, efectiva y coordinada, por los diversos órganos del Estado y no sólo la emisión de un ordenamiento jurídico”.
La prevención debe ser de todos los tipos de violencia, antes de que lleguen a feminicidios, dijo Fátima Gamboa Estrella, directora ejecutiva de EQUIS Justicia para las mujeres, durante el conversatorio sobre la propuesta de ley contra el feminicidio de la Suprema Corte, organizado por la asociación civil Socialis.
“¿Qué quiere una mujer ante una situación de violencia? No vivir esa situación, protección, que no le vuelva a pasar, que su vida no esté comprometida y escale a un feminicidio” y para esto es necesario “fortalecer los mecanismos y órdenes de protección”, refirió.
Por tanto, una de las alternativas para erradicar la violencia es que las instituciones trabajen más en la prevención y en la protección de las mujeres que ya viven violencia, consideró Fátima Gamboa.
Como señala Fabiana Estrada Tena, coordinadora general de asesores de la SCJN, la propuesta de ley del ministro Zaldívar ha detonado “un debate indispensable sobre la forma en que enfrentamos los feminicidios en nuestro país y la impunidad que los acompaña”.
