María Fernanda “Polly” Olivares murió después de 21 días hospitalizada. La joven estuvo internada con múltiples fracturas desde la noche del 12 de junio, cuando Diego “N” la arrolló con su automóvil y la arrastró 260 metros luego de que lo corrieron de una fiesta en Iztacalco.
Aunque la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció que acusará a Diego por feminicidio, eso no garantiza que lo sentencien por ese delito, que registra una alta impunidad en México.
La activista Carmen Zamora recuerda. De memoria, cuenta algunos de los casos de feminicidio en el Estado de México que ha acompañado: Antonina, una mujer indígena asesinada en Valle de Chalco y cuya hermana solamente habla náhuatl; Alexis Aidé, una joven cuyo feminicida le deshizo el cráneo con una piedra y dejó la cárcel tras presentar un amparo; Mercedes, una adolescente cuyo cuerpo mutilado fue hallado en una letrina en el Cerro del Gavilán.
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En ninguno de ellos ha habido justicia, afirma la activista de la Colectiva Feminista Ehécatl. Nos relata que ella misma fue víctima de un intento de feminicidio. Su ex esposo, Claudio, la violó y trató de asfixiarla con una bolsa de plástico.
“Yo tardé siete años en que se pudiera judicializar una carpeta y lo ingresaran al reclusorio de Chiconautla y después salió con un amparo por una deficiencia técnica del Ministerio Público”, dice.
A pesar de que las autoridades reconocen que en lo que va de 2021 suman 423 feminicidios, lo que representa un incremento de 7.1 por ciento con respecto al año pasado, no hay garantías de que estos crímenes reciban una sentencia condenatoria, advierten especialistas en materia de género entrevistadas por Cuestione.
“La investigación, a pesar del nuevo sistema acusatorio, puede llevar años y a veces no tienen líneas de investigación claras y el Ministerio Público hace las indagatorias casi a ojos cerrados. Muchas veces las periciales se vuelven muy largas, además se pueden perder demasiadas pruebas, alrededor del 90 por ciento”, advierte Isabel Suárez, especialista de la organización I(dh)eas.
El problema, apunta, Karla Michel Salas, abogada y directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, comienza desde que se integra la investigación.
“En la mayor parte de las entidades federativas existe una resistencia a querer iniciar las investigaciones de las muertes violentas por feminicidio. Siguen cometiendo errores elementales, desde el levantamiento del cuerpo, la presentación de indicios en la escena del crimen o el lugar del hallazgo”, señala.
“Encontramos muchísimos errores por parte de las autoridades por falta de capacitación, por falta de interés, por desconocimiento de sus obligaciones legales y las familias tienen que estar encima de las autoridades para que hagan su trabajo”.
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Madres convertidas en investigadoras
En 2008 los restos de Rubí Marisol Frayre, de 16 años de edad, fueron hallados en un rastro de Chihuahua, entre restos porcinos. Su pareja sentimental, Sergio Rafael Barraza, la había asesinado unos meses atrás.
La madre de la víctima, Marisela Escobedo, denunció el crimen ante las autoridades. Sin embargo, ante la falta de resultados ella misma se convirtió en investigadora y emprendió una lucha para llevar al asesino de su hija ante la justicia.
Escobedo localizó a Sergio Rafael Barraza en Zacatecas y fue encarcelado en 2009, pero un tribunal cambió su sentencia y obtuvo la liberación porque la Fiscalía de Chihuahua no pudo comprobar ningún delito.
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Marisela Escobedo fue ejecutada unos meses después, el 16 de diciembre de 2010, frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, donde llevaba ocho días con una protesta en la que exigía justicia.
En México, los parientes de víctimas de feminicidio terminan haciendo el trabajo de la Fiscalía, es decir, conduciendo la investigación y aportando pruebas para las mismas autoridades, coinciden activistas y especialistas.
“Muchas familias tienen que convertirse prácticamente en investigadoras, estar revisando sus carpetas de investigación, estar presionando. Este fenómeno que habíamos visto en Ciudad Juárez hace ya muchísimos años, de colectivos de madres, de familiares que se organizan para exigir justicia para sus muertas, cada vez más vemos colectivos en diferentes partes de la República, de mujeres, principalmente, que están exigiendo justicia y que justamente están detrás de las autoridades”, explica Salas.
“Eso no tendría que ocurrir en un sistema que funcionara. O sea, las autoridades tendrían que hacer su trabajo y las víctimas tener una respuesta por parte del sistema y no estar convirtiéndose en investigadoras y vigilantes permanentes para que la autoridad haga su trabajo”.
En tanto, la activista Karina Almaraz nos comenta que en los dos casos más recientes y mediáticos de feminicidas seriales en el Estado de México fueron los parientes de las víctimas quienes descubrieron a los asesinos.
“El multifeminicida de Ecatepec fue descubierto porque las madres de las víctimas notaron que sus hijas lo tenían como conocido en común y que fue la última persona que vieron. Con el asesino serial de Atizapán ocurrió algo parecido: el marido de una víctima sabía que ella había ido a ver al asesino y cuando fue a buscarla, descubrió que la había asesinado. El trabajo no lo hizo la Fiscalía, sino los parientes”, apunta Almaraz.
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Más de 20 años y la justicia no llega
Norma Andrade comenzó su lucha para exigir justicia por el asesinato de su hija desde 2001, cuando el cuerpo de Lilia Alejandra fue hallado en un lote baldío de Ciudad Juárez. Estaba envuelto en una cobija y con rastros de abuso sexual y tortura, a unos metros del cruce de Tecnológico y Ejército Nacional, las avenidas más importantes de esa ciudad de Chihuahua.
Andrade, quien ha sido víctima de dos intentos de asesinato, y cuyo sufrimiento quedó plasmado en el documental “Bajo Juárez”, juró que lucharía hasta encontrar justicia, sin embargo cuatro gobernadores, tres presidentes y 20 años después ésta no llega.
El asesinato de Lilia Alejandra, quien dejó huérfanos a Jade y Caleb, sigue sin respuestas y permanece impune, a pesar de que la Fiscalía de Chihuahua detuvo en 2018 a un sujeto tras una investigación de apenas tres meses y dio por resuelto el caso. Sin embargo, Norma Escobedo y su defensa señalaron inconsistencias en la investigación.
La impunidad persistente
“En Chihuahua tenemos un caso que está prácticamente por llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso del asesinato de Lilia Alejandra. Tenemos perfiles de dos de los agresores que secuestraron, torturaron sexualmente y asesinaron a la víctima, tenemos 20 años… con perfiles de ADN y con una persona identificada”, informa Karla Michel Salas, cuya organización ha acompañado a Norma Andrade.
De acuerdo con la abogada, en los casos de feminicidio no basta con que se describan o las autoridades los registren como tal, pues en la mayoría de las ocasiones los procesos son largos y los jueces reconfiguran los delitos a homicidio.
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Salas nos explica que tras la indagatoria los casos pueden tener una sentencia en primera instancia, sin embargo ésta puede ser modificada en segunda instancia, además de que existen los recursos de amparo, por lo que un caso puede aplazarse y ni siquiera terminar clasificado como feminicidio.
“Es muy difícil saber (cuántos feminicidios reciben sentencia como tal). Éste ha sido uno de los temas recurrentes a lo largo de los años. Tenemos más de 30 años exigiendo claridad en saber efectivamente cuántos responsables hay detenidos, procesados, sancionados por los asesinatos de mujeres, por los feminicidios, y lamentablemente es un tema al que el Estado mexicano no es capaz de dar una respuesta coherente ni consistente”, dice Salas.
“Pueden darnos, por ejemplo, el número de feminicidios cometidos en 2020, pero no sabemos específicamente de esos casos cuál fue la secuela procesal, o sea, si fueron investigados, si fueron judicializados, si en esos casos que fueron judicializados se dictó una sentencia”.
Un delito con muchas víctimas
Carmen Zamora describe el proceso de seguimiento a un feminicidio como un calvario para los deudos, pues este crimen violento desestructura familias, al dejar a menores en orfandad y a abuelos y abuelas haciéndose cargo de niños.
“Es un calvario, esa es la verdad. Este calvario para las familias, los padres que denuncian desaparición de mujeres y después aparecen asesinadas las compañeras, o cuando denuncian violencia familiar que no, no les dan la importancia, que siempre las mujeres somos criticadas o cuestionadas por el Ministerio Público sobre si somos culpables de que nos violen o nos golpeen”, nos dijo la coordinadora del Colectivo Feminista Ehécatl.
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“Yo creo que conlleva todos los desgastes, de salud, psicológico y económico, además de que muchas veces las familias llegan a desestructurarse. Por ejemplo, las que dejan menores se convierten en sus madres, las abuelas se convierten en las madres sustitutas y es empezar de cero”.
Para Karla Michel Salas, los hijos e hijas de mujeres asesinadas por feminicidio también son víctimas, y llama la atención sobre la reparación del daño, concepto que con frecuencia es ignorado.
“Lamentablemente el sistema penal en México no está pensado para las víctimas. O sea, todavía hay pues un montón de resistencia para que se atiendan no solamente las necesidades en términos asistenciales, que por supuesto que se requieren. No me refiero sólo al acompañamiento psicológico de trabajo social y por supuesto jurídico. Pero más allá, de eso. O sea que realmente adquieran esta importancia como sujetos de derecho”, concluye.
