El 6 de noviembre de 2001 Benita Monárrez Salgado, Irma Monreal Jaime y Josefina González Rodríguez iniciaron una larga lucha por la justicia. Ese día, sus hijas Laura Berenice Ramos Monárrez, Esmeralda Herrera Monreal y Claudia Ivette González fueron encontradas sin vida en un campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua.
A 20 años de distancia las cosas no han cambiado y todavía no hay nadie en la cárcel por estos feminicidios.
Cuatro meses después del hallazgo de los cuerpos y ante la falta de acción de las autoridades mexicanas, estas tres madres, junto con asociaciones civiles de defensa de derechos humanos y un grupo amplio de feministas presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Luego de un proceso que duró 7 años, el 16 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), máximo tribunal de protección de derechos humanos para los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), emitió la histórica sentencia por el “Caso González y otras (‘Campo Algodonero’) vs. México”, por no prevenir el feminicidio de las tres jóvenes y por todas las violaciones a sus derechos humanos.
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Sin embargo, parece que el tiempo no transcurre y Ciudad Juárez sigue siendo símbolo del feminicidio y la impunidad. Actualmente, es uno de los 10 municipios del país donde más mujeres, niñas y adolescentes son víctimas del delito de feminicidio, como lo reconoció Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, este 3 de noviembre.
Denunciar violaciones, exigir justicia y ser perseguidas
Para Benita Monárrez el camino inició el 22 de septiembre de 2001, cuando Laura Berenice desapareció.
Benita comenzó la investigación por su cuenta y arriesgó su vida ante la omisión de las autoridades, que no buscaron inmediatamente a la joven de 17 años de edad y que cometieron errores e irregularidades que impidieron el acceso a la justicia, según lo determinó la CIDH.
Benita Monárrez se convirtió en defensora de derechos humanos. En el proceso, fundó la asociación civil Integración de Madres por Juárez para poder continuar con las investigaciones, dar talleres de prevención de la violencia y seguimiento a la sentencia de la CIDH.
Benita Monárrez dijo en un foro virtual que la violencia la ha perseguido a ella y a su familia durante dos décadas. Desde 2009, viven en algún lugar de Estados Unidos, donde se les otorgó asilo debido a la persecución y amenazas que sufrieron. Esto, porque el gobierno mexicano no hizo nada para protegerles, según se acreditó en el fallo de la Corte.
“Mataron a dos de mis hermanos y a uno de mis sobrinos. Me seguían diariamente cuatro vehículos a las escuelas de mis hijos. Tuvimos muchas represalias y amenazas. Psicológicamente nos lastimaron muchísimo”, dijo durante el evento virtual conmemorativo de los 20 años del “Caso Campo Algodonero”, organizado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el pasado 20 de octubre.
La misma Benita denunció que las otras madres de las víctimas tampoco reciben apoyo gubernamental. Al respecto, relató la situación de Irma Monreal (madre de Esmeralda) “está enferma y no tiene atención médica”.
El fallo de la CIDH estipula que como parte de la reparación del daño, las madres y las familias de las víctimas deben recibir servicios médicos y psicológicos por parte del Estado. Josefina González, madre de Claudia Ivette, también estaba asilada en Estados Unidos, pero murió en abril de 2019 sin lograr ver justicia para su hija.
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Una tragedia por llegar dos minutos tarde
Claudia Ivette González tenía 20 años de edad cuando fue desaparecida el 10 de octubre de 2001 a las puertas de la maquiladora Lear Corporation, donde trabajaba. Esa tarde, a las 3:32 pm exactamente, el guardia de la empresa le negó la entrada “por llegar dos minutos tarde” y “por haber faltado a trabajar días antes”, de acuerdo con las investigaciones. Eso fue lo último que se supo de ella.
Según una amiga cercana a Claudia “casi siempre salía con el tiempo limitado ya que le ayudaba a su hermana con el cuidado de su hija menor, motivo por el cual llegaba a veces tarde” al trabajo, como se retoma en la sentencia.
Casi un mes después, el 6 de noviembre, se encontraron los cuerpos de Claudia, Esmeralda y Laura en el Campo Algodonero. Y el 7 de noviembre de 2001, en un lugar cercano dentro del mismo campo, fueron encontrados los cuerpos de otras cinco mujeres. Todas tenían visibles huellas de tortura sexual.
La sentencia puntualiza que “la forma en que fueron encontrados los cuerpos [de las tres víctimas] sugiere que fueron violadas y abusadas con extrema crueldad”.
Frente a la incertidumbre y poca fiabilidad de las investigaciones, las familiares exigieron que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) realizara la identificación genética de los cuerpos.
Estos trabajos se prolongaron hasta 2006. Además de Laura, Esmeralda y Claudia, se identificó plenamente a: María de los Ángeles Acosta Ramírez, Mayra Juliana Reyes Solís, Merlín Elizabeth Rodríguez Sáenz y María Rocina Galicia. Solo una mujer todavía no es identificada.
La Corte establece que la omisión de las autoridades ante las denuncias de desaparición “no sólo favoreció que las mataran sino también que las mantuvieran privadas de libertad y que las torturaran; lo anterior a pesar de la conocida situación de riesgo en la que se encontraban las mujeres” en aquella ciudad fronteriza.
¿Cuál es la importancia de la sentencia Campo Algodonero?
La abogada feminista Andrea Medina Rosas, quien formó parte del equipo jurídico que presentó la denuncia por los casos de Laura, Esmeralda y Claudia, nos explicó que la CIDH juzga la actuación de las autoridades y si cumplen con sus obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos de la población.
La relevancia del caso Campo Algodonero, dijo, fue porque era la primera vez que el organismo internacional consideró culpable a un Estado miembro de la OEA (México) por la violencia ejercida contra las mujeres. De esta forma, la Corte también reconoció la necesidad de transformar dicho contexto de violencia que existe en el país, específicamente en Ciudad Juárez, desde 1993.
Otras consecuencias que produjo la sentencia fueron la publicación del protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la elaboración del Protocolo Alba para la búsqueda de mujeres desaparecidas, relató la abogada.
Aunque todavía el Estado mexicano debe cumplir con algunas disposiciones, la sentencia dio la posibilidad de consolidar demandas que fueron elaboradas durante años por muchas feministas.
“Describir y nombrar el horror nos permite transformarlo. Para nosotras el acceso a la justicia es una construcción colectiva”, nos dijo Andrea Medina.
Para Marcela Lagarde y de los Ríos, impulsora de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mientras no se erradique la impunidad (punto que también retoma la sentencia), ésta seguirá siendo el motor para que se sigan multiplicando los casos de feminicidio en México.
