El caso de Andrés “N”, el presunto feminicida serial de Atizapán, Estado de México, evidenció una vez más la brutalidad con la que se cometen estos crímenes en un país donde son asesinadas 10 mujeres todos los días.
Andrés “N” habría matado al menos 30 mujeres durante los últimos 20 años, según confesó en sus primeras declaraciones ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Los crímenes que cometen los feminicidas como él no podrían existir sin la omisión cómplice de las autoridades, que no investigan los delitos y les deja libre el terreno para seguir asesinando a mujeres y niñas, nos dice Adriana Rubio Mendoza, asesora criminalista y forense del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
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“Hay una serie de omisiones por parte de las autoridades encargadas de investigar estos casos, que se transforman en una cadena de impunidad para que los criminales cometan delitos”, nos dice Rubio Mendoza.
Y el multifeminicida de Atizapán es un claro ejemplo. Su captura no se dio por una investigación de la FGJEM, sino porque una de sus últimas víctimas era esposa de un comandante de la policía, quien dio con Andrés “N” investigando por su cuenta.
“La narrativa de clasificar a los feminicidas como seriales o monstruos le conviene al Estado, así dejan la responsabilidad de los asesinatos contra mujeres a una sola persona, cuando la responsabilidad la tienen las autoridades desde que no investigan estos hechos”, de acuerdo con Rubio Mendoza.
¿Qué hace que un feminicida asesine mujeres durante años sin que alguien sospeche de él? ¿Por qué las autoridades no investigan? Aquí te presentamos las claves principales que alimentan la cadena de impunidad en los feminicidios, de acuerdo con Adriana Rubio Mendoza, documentado por el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio y la organización Impunidad Cero.
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Falta de protocolos de investigación
La primera falla comienza en los Ministerios Públicos, cuando las víctimas son reportadas como desaparecidas por sus familiares y no se ordena su búsqueda inmediata, como lo establece el Protocolo Alba (un mecanismo que se activa sin necesidad de esperar 72 horas para comenzar la búsqueda en los tres niveles de gobierno).
Si se aplicara el Protocolo Alba podrían salvarse las vidas de mujeres que están en riesgo, pero esto no sucede en la mayoría de los casos por negligencia y desconocimiento por parte de las autoridades, de acuerdo con Rubio Mendoza.
En total, seis entidades en todo el país carecen de protocolos para investigar homicidios dolosos de mujeres con perspectiva de género y aunque el resto los tienen, no los aplican de la forma adecuada, de acuerdo con lo documentado por el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio. Estas seis entidades son: Baja California Sur, Durango, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas y Tlaxcala.
Falta de investigación criminal
En México la investigación criminal es mínima. Las policías de investigación sí tienen la profesionalización para detectar perfiles criminales de asesinos en serie (más de tres asesinatos en un intervalo de 30 días o más), pero no existen departamentos de investigación específicos para detectarlos, nos dice el criminólogo Alexis Rosas Hernández, académico del Colegio Libre de Estudios Universitarios (CLUE).
Los feminicidas pueden ser las parejas de las víctimas, los familiares o conocidos que buscan perfiles específicos de víctimas, como características físicas, sexo y edades. Sin embargo, las autoridades son negligentes para relacionar primero las desapariciones de mujeres y después, dar seguimiento a los casos de asesinatos violentos contra ellas, nos dice el criminólogo.
En los últimos tres años hemos conocido casos de presuntos asesinos seriales –todos en el Estado de México– como el de Juan Carlos Hernández y su pareja Patricia Martínez Bernal, en Ecatepec, quienes reconocieron haber matado entre 10 y 20 mujeres, en 2018; después supimos de Óscar García Guzmán, en cuya propiedad se encontraron los cadáveres de mujeres, en 2019; y ahora el de Andrés “N”, lo cual evidencia un modus operandi extendido en esa entidad que deberían ser investigados como casos particulares, nos dice el especialista.
El Estado de México tiene una Unidad de Análisis y Contexto para Feminicidios y Homicidios Dolosos contra las mujeres desde 2016, dependiente de la FGJEM, la cual tiene como obligación detectar todas las características de los asesinatos contra mujeres, investigar el perfil criminal de los asesinos, el contexto, las zonas donde fueron cometidos estos asesinatos y prevenir más casos. Sin embargo, poco se sabe de su funcionamiento y aplicación en estos casos, nos dice Rubio Mendoza.
Por ejemplo, uno de los principales aspectos que se tienen que acreditar en una investigación de feminicidio, es que la víctima no haya sido violentada sexualmente y para ello, los peritos tienen que tomar muestras de cavidades, evidencia biológica en sus prendas (como semen o saliva), detectar si hay rasgos de violencia física en su cuello o ingles, pero omiten hacerlo porque se trata de diligencias exhaustivas para tipificar el delito, nos dice Rubio Mendoza.
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Investigación sin perspectiva de género
Sólo 26.4% de los asesinatos de mujeres son tipificados como feminicidio en el país, a pesar de que la ONU recomienda que éstos se investiguen considerando razones de género y se descarte si fue feminicidio o no conforme avanzan las indagatorias, de acuerdo con la organización Impunidad Cero.
El principal problema es que los Ministerios Públicos investigan este delito sin perspectiva de género, pues en muchos casos los catalogan como suicidios, homicidios o accidentes, por falta de sensibilidad y estereotipos de género, de acuerdo con Rubio Mendoza.
Por ejemplo, los peritos forenses tienen la obligación de investigar los móviles detrás de un asesinato (es decir, si hubo registros o antecedentes de violencia de género, como agresiones sexuales). Sin embargo esto no sucede, porque es más fácil para ellos acreditarlo como un homicidio simple o suicidio para indagar las causas, de acuerdo con la especialista.
Además, sólo existen 21 ministerios públicos especializados en feminicidio en todo el país, insuficientes para atender los casi 4,000 asesinatos violentos contra mujeres que hubo en 2020, como documentó la organización Impunidad Cero.
Esto hace que los casos de feminicidio queden sin resolverse. En 2019 sólo uno de cada dos feminicidios fueron castigados. La entidad con mayor impunidad en este delito fue Baja California, con el 100% de los casos sin sentencia; le sigue Guerrero con 93.8%; y Jalisco con 86.7%, de acuerdo con el informe de Impunidad Cero.
Todas estas omisiones a la hora de hacer una investigación de un caso de feminicidio crean las condiciones ideales para que los asesinos sigan actuando con impunidad.
¿Cuántos multifeminicidas más están operando sin que las autoridades los estén buscando?
