A pesar de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está determinado a eliminar los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, y que los diputados de Morena, PES y el Partido Verde ya dieron el visto bueno al aprobar esta iniciativa, la historia de estos mecanismos aún pinta para durar un buen rato.
Lo anterior a pesar de que el presidente ya adelantó, en la mañanera del 13 de octubre, que parte de esos recursos se utilizarán en 2021 para financiar las vacunas contra la COVID-19. ¿La razón para el retraso? Que el proceso presupuestario para que esos recursos lleguen a la Tesorería de la Federación es más complicado de lo que parece.
Y es que el gobierno no recibiría los recursos apenas el Senado apruebe la iniciativa.
Como explica la investigadora del área de rendición de cuentas y combate a la corrupción de Fundar, Sarahí Salvatierra una cosa es la extinción de fideicomisos y otra la recuperación de esos recursos por parte de Hacienda.
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Las diferencias entre extinción y recuperación de recursos
De acuerdo con las declaraciones del presidente, del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, o del líder de la bancada morenista de la Cámara de diputados, Mario Delgado, el proceso parece sencillo: se aprueba la iniciativa, se extinguen los fideicomisos y el dinero regresa a la Tesorería que decidirá cómo repartir esos recursos.
Y aunque la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito estipulan que una vez extintos estos fondos, se deben reintegrar los recursos, su recuperación dependerá de muchos factores.
Sarahí Salvatierra nos explica que, en primer lugar, existe la posibilidad de que el contrato de algunos fideicomisos establezcan que cuando finalicen, o se extingan, “los recursos se utilizarán para cierto fin específico”.
Pero aún si todos los 109 fideicomisos considerados en la iniciativa no cuentan con ese tipo de cláusulas en sus contratos, la investigadora advierte que “no necesariamente se va regresar todo el dinero que se señala”.
Durante todo el proceso de decisión sobre la iniciativa, “los fideicomisos siguen su curso y quienes los administran tienen obligaciones pactadas, con calendarios para ejercerlos. Probablemente algunos recursos ya estarían comprometidos”, aclara Salvatierra.
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Y comenta que esto es así pues la iniciativa establece que “hasta el momento en que se determine que está aprobada la extinción, y se publique en el Diario Oficial de la Federación, los recursos ya no se pueden comprometer en otra cosa. Mientras esto sucede, los encargados siguen ejerciendo recursos”.
Finalmente, la entrevistada destaca que otro factor importante que puede influir en el tiempo que se tarde en recuperar los recursos es que “no todos se encuentran en forma líquida, porque algunos están en bienes inmuebles que requerirán más tiempo por todos los procedimientos administrativos”.
Por lo tanto, Salvatierra resalta que “los procesos de extinción de fideicomisos no tienen fecha específica de terminación. No puedes determinar que en 3 meses se van a extinguir porque no es tan sencillo”.
Los límites del ciclo presupuestario
La investigadora da el beneficio de la duda y explica que, asumiendo que los seis meses que plantea la iniciativa para que todo esto se logre realizar, las complicaciones aún existen pues “estos recursos tienen que ajustarse a las reglas del ciclo presupuestario”.
Sarahí Salvatierra detalla que si el gobierno quiere hacer los ajustes necesarios en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2021 con el objetivo de evitar afectaciones a los grupos a los que van dirigidos los fideicomisos, se tiene hasta el 15 de noviembre, fecha límite que tiene la Cámara de Diputados para aprobar el PEF.
Y aclara que, en el Proyecto de Presupuesto presentado en septiembre, no se incluyen estos recursos extraordinarios por lo que serán las y los diputados quiénes los introduzcan.
Pero la entrevistada también advierte que, para meter aún más presión a los tiempos legislativos, el 31 de octubre tiene que quedar aprobada por ambas Cámaras la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2021, la cual integraría el dinero de los fideicomisos como “ingresos excedentes”.
Y sí, aún hay más dificultades
Los problemas no se detienen ahí. Como explica Salvatierra, “no todos los fideicomisos podrán operar de la forma en la que se está señalando: ya sea a través de transferencias directas o por ajustes a los programas presupuestarios”.
“Si se van ajustar a los programas presupuestarios -a través de un proceso legislativo-, también hay que modificar las Reglas de Operación de estos, pues determinan cómo será el destino de estos recursos”, señala la experta.
Pero la investigadora de Fundar también prevé la posibilidad de que si no existe un programa presupuestario ligado al uso específico de un fideicomiso, se tenga que crear uno nuevo.
Si esta situación llega a suceder, comenta la especialista, el gobierno tendrá que considerar que “esta planeación está sujeta al ciclo presupuestario, por lo que la programación sucederá a mediados del próximo año. Por lo tanto, para todo este proceso, los recursos estarían disponibles ¡hasta 2022!”.
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Respecto al caso de las transferencias directas, también existen otras consideraciones importantes.
La entrevistada señala que lo primero que se tendrá que hacer “es establecer quiénes serán los beneficiarios. Si serán los mismos de los fideicomisos, si se elaborará un padrón o si serán apoyos condicionados”.
Y alerta que “no en todos los casos es aplicable la transferencia directa como en los fideicomisos que atienden a víctimas”.
Los tiempos parecen estar muy apretados para los legisladores y, aún falta que los senadores discutan y aprueben esta iniciativa. A pesar de la obstinación presidencialista, los obstáculos siguen y siguen presentándose gracias a las reglas que tiene el uso de recursos públicos.
¿Cumplirá el presidente su promesa de eliminar los fideicomisos?
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