En 2005, la periodista Lydia Cacho fue detenida en Cancún, Quintana Roo, por cometer los delitos de difamación y calumnias. Sufrió tortura psicológica y física, tocamientos y amenazas de muerte, durante el traslado de más de 30 horas para llegar a la ciudad de Puebla.
Cacho era acusada por difamación y calumnia por el empresario Kamel Nacif, conocido como El Rey de la Mezclilla, después de que Cacho publicó el libro Los demonios del Edén, en donde se revela que él y varios empresarios pertenecían a una red de pederastia.
Es importante recordar este episodio porque, de acuerdo con la organización Artículo 19, la libertad de expresión podría estar en juego una vez más, de aprobarse la iniciativa de Código Penal Nacional elaborada por la Fiscalía General de la República (FGR), que se filtró en enero y que se discute en el Congreso de la Unión.
La primera preocupación de Artículo 19, una organización independiente y apartidista que defiende la libertad de expresión y el acceso a la información, tiene que ver con que esta iniciativa quiere volver a incorporar delitos como la difamación y la calumnia.
En las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la persecución de periodistas, destaca que en gobiernos locales se utilizaba la tipificación de delitos contra el honor, como método de intimidación contra comunicadores o medios de comunicación.
De acuerdo con el documento de la CNDH, los gobiernos utilizan estas herramientas jurídicas para emprender acciones legales contra periodistas para censurar o para que se lo piensen dos veces antes de ejercer plenamente su libertad de expresión.
Los delitos contra el honor se encuentran disfrazados en la iniciativa, advierte Artículo 19, bajo el capítulo Delitos contra la Justicia Cívica, cuyo contenido ambiguo puede llevar a interpretaciones que castiguen penalmente a periodistas.
En el artículo 468 advierte que se buscará “sancionar penalmente a quienes profieran expresiones que dañen la reputación de una persona; imputar a alguien un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado que le cause deshonra, descrédito o perjuicio”.
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El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció que se violaron los derechos de la periodista Lydia Cacho y recomendó que los delitos contra el honor desaparecieran en todo el país “puesto que la pena de prisión no es nunca la adecuada ni proporcional”, además de que es utilizado para censurar.
Libertad de expresión y manifestación, en riesgo
También de acuerdo con Artículo 19, la iniciativa del nuevo Código Penal, pone en riesgo la libertad de expresión cada vez que alude a delitos contra el orden y la paz pública.
Por ejemplo, se pretende considerar un delito “toda manifestación o expresión dolosa hecha públicamente que tenga por objeto desprestigiar, ridiculizar o destruir las instituciones fundamentales del país, personas físicas o morales, a la Nación mexicana o a las Entidades políticas que la forman”.
En la iniciativa también se leen algunas ambigüedades en las que podría interpretarse que periodistas atentan contra la paz pública, ya que dice que “se considerará con este carácter, tratándose de publicaciones que no fueren periódicos, a los editores y en su defecto al regente o propietario del lugar en que se hizo la publicación”.
Por otro lado, si se interpreta que un contenido atenta contra el orden y la paz pública, no solo se castigaría al autor, también a las personas “que facilitaron los datos para hacerla, o que concurrieron a su aprobación o ejecución con pleno conocimiento de que se trataba de un hecho punible”.
Como contexto de lo que puede considerarse un delito contra el orden y la paz pública, hay que recordar que este fue el cargo de los 14 manifestantes detenidos en las protestas durante la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, en 2012.
Fake news puede abrir la puerta a la censura
Otra de las preocupaciones de Artículo 19 tiene que ver con que se consideraría que las “noticias falsas” atacan al orden público, así como “las expresiones relativas al terrorismo”.
Es delicado porque estos delitos han sido utilizados en otras partes del mundo como pretexto para perseguir activistas.
Por ejemplo, el gobierno indio ha encarcelado líderes musulmanes e incluso ha dejado a su región de Cachemira sin internet durante seis meses, precisamente bajo el argumento de propagación de desinformación peligrosa.
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La misma ONU publicó en 2018 en un texto titulado Las noticias falsas, un arma contra el periodismo, que considerar a las fake news como un delito, se ha convertido en una herramienta de políticos para evitar críticas y desprestigiar a medios de comunicación.
En ese texto, María Salazar-Ferro, del Comité de protección de los periodistas (CPJ), explica que “existen noticias falsas, pero hay que tener mucho cuidado con cómo se usa la terminología y no aplicarlo de forma demasiado amplia de tal forma que pueda crear censura (…) En los países donde hay más periodistas encarcelados, se ha adoptado mucho esta retórica de las noticias falsas”.
Además las cifras del CPJ muestran un aumento de reporteros acusados de propagar fake news, “en 2016, fueron 9 casos y, en 2017, pasaron a 21. De ellos, 10 eran informadores turcos y nueve egipcios”.
Por último, Artículo 19 asegura que los delitos estipulados en el artículo 229, 230 y 778, atentan contra la libertad de expresión y el derecho de accesos a la información, ya que sugiere sancionar penalmente “a quien conozca, sustraiga, obtenga, reproduzca total o parcialmente información y documentos de los archivos o de sistemas de información”.
La organización en defensa de la libertad de expresión reconoce que es importante proteger y combatir el robo de archivos oficiales, sin embargo, “la redacción actual de estos artículos puede interpretarse en un sentido que sancione las divulgaciones, la reproducción o sustracciones de información o documentos de interés público”.
De aprobarse, estos focos rojos podrían ser una amenaza para la libertad de expresión. Ya con el hecho de aparecer en la iniciativa, muestran la intención de retroceder en derechos de acceso y divulgación de información.
