Desaparición del fondo para víctimas pone en riesgo a más de 8,500 personas

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Pamela lleva seis años buscando a su mamá, desaparecida el 21 junio de 2014, cuando salió de su casa ubicada en Veracruz y prometió volver en 15 minutos… nunca la volvieron a ver. Ese día, María Isabel Ortíz Ortega se unió a las más de 73,000 personas no localizadas que hay en todo el país.

Tuvieron que pasar cuatro años para que Pamela, entonces ya de 24 años, y su hermana de 18, fueran reconocidas como víctimas indirectas de la desaparición de su mamá por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). 

Con este reconocimiento, y para cumplir con la Ley General de Víctimas, Pamela y su hermana debían recibir acompañamiento legal, psicológico y económico.

Sin embargo, ese dinero no sale directamente de la CEAV, sino del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), que apoya a las víctimas directas e indirectas que así lo requieran para garantizar que puedan acceder al derecho a la justicia.

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Gracias al FAARI, una abogada acompañó a Pamela para levantar la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y logró que su madre fuera reconocida por el Registro Nacional de Víctimas (Renavi)

Sin este fondo, Pamela y su hermana no hubieran contado con apoyo económico para los traslados, las comidas y el hospedaje que necesitaban para buscar a su madre. Incluso, el fondo apoyó a Pamela para continuar con sus estudios y así pudo terminar la Maestría en Ciencias de Ingeniería Industrial.

Sin embargo, el fondo para víctimas que tiene un saldo de 456 millones de pesos y que en los primeros seis meses del año ayudó a más de 8,500 personas está en riesgo de desaparecer, junto con otros 108 fondos y fideicomisos, que la Cámara de Diputados aprobó que desaparecieran y cuya discusión ha generado el cierre del Senado de la República, donde se discute esta iniciativa. 

Morena busca recuperar los recursos que estos fondos y fideicomisos administraban para hacer frente a la crisis económica que vive el país y a la pandemia por la COVID-19.

El FAARI ha apoyado, por ejemplo, a las víctimas indirectas de la masacre de San Fernando, en Tamaulipas, en 2011, en la que 72 personas fueron ejecutadas o a los familiares de cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz, en 2016, entre otros casos, de acuerdo con el recuento del fondo.

Un futuro incierto

“Nos han dicho que el otro año nadie sabe qué va a pasar con los recursos del fondo que recibimos, pero sí nos preocupa porque si nos quitan el apoyo no voy a poder seguir buscando a mi mamá”, nos dice Pamela en entrevista.

Y aunque Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda  prometió que “ni un sólo peso de estos fideicomisos se verá afectado”, aún no está claro cómo van a proteger a las víctimas, pues dotar de recursos al FAARI es una obligación de la Ley General de Víctimas, nos explica Juan Carlos Gutiérrez, director de I(dh)eas, una organización dedicada al litigio en favor de los derechos humanos.

Al eliminar este fondo, el gobierno está “aniquilando” los compromisos internacionales en materia de derechos humanos para la defensa de las víctimas y su reparación integral, nos explica Carlos Cruz, fundador de Cauce Ciudadano. 

“El FAARI es la única fórmula que ha mantenido con vida al CEAV, pues su mecanismo obliga a que año con año reciben un porcentaje obligatorio para su atención”, agrega Cruz.

Por eso es que la CEAV también ha pedido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que se oponga a la desaparición del fondo, pues “es una obligación del Estado mexicano destinar recursos para garantizar justicia y reparación del daño a quienes han padecido delitos relacionados con la desaparición forzada, trata de personas, violencia generalizada o feminicidios”.

“Lo que está sucediendo es que, al anular los recursos del fondo, vamos a empezar a ver la entrega de recursos de manera selectiva, pues al haber menos el apoyo será reducido”, alerta Carlos Cruz.

Cuestione buscó a la CEAV para tener su postura al respecto de la desaparición del FAARI, sin que hasta el momento de esta publicación haya obtenido respuesta.

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¿Qué es el FAARI?

El FAARI se creó en 2014 para dar cumplimiento a la nueva Ley General de Víctimas, con el objetivo de brindar los “recursos de ayuda y la reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos”.

Este fondo atiende tanto a víctimas directas del delito como a las indirectas (familiares que sufren las consecuencias de ese delito. Por ejemplo, cuando hay un caso de homicidio, feminicidio o desaparición y las y los hijos quedan en situación de orfandad), las cuales representan dos de cada tres casos registrados.

Sin el FAARI, miles de personas que buscan a sus familiares desaparecidos no podrían continuar con su búsqueda, las niñas y niños huérfanos de personas que han sido víctimas de homicidio o desaparición forzada no podrían continuar con su proyecto de vida.

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El lado oscuro de la CEAV

El manejo de los recursos, por parte de la CEAV (encargada de administrar el FAARI), también ha sido objetivo de críticas, por no haber establecido aún criterios técnicos para saber los montos que se asignan a las víctimas. 

Estamos preocupados porque se va a desaparecer un fondo, pero no sabemos qué está pasando con ese fondo”, dice Juan Carlos Gutiérrez, director de I(dh)eas.

En los primeros seis meses de este año, la CEAV reportó que se ejercieron recursos por 239.2 millones de pesos que salieron del fondo, 56% menos de lo que se gastó en 2019, en el mismo periodo. 

El acceso a los recursos del Consejo y el fondo han sido limitados, pues hay poco personal en las áreas jurídicas que atienden a las víctimas. Los apoyos se basan en una visión asistencialista y no de una reparación completa del daño, y hay actos de opacidad en la asignación de los recursos y atrasos en los pagos como ha documentado la organización I(dh)eas.

Por estos casos y omisiones, las organizaciones civiles que acompañan a las víctimas han documentado 453 juicios de amparo interpuestos en contra de la CEAV, nos explica Juan Carlos Gutiérrez.

A la crisis de la CEAV se le sumó en junio de este año la renuncia de Mara Gómez, quien fue la última titular de este organismo, y hasta ahora no ha sido nombrada ninguna otra persona para asumir el cargo, en un país con una grave crisis en derechos humanos.

Toca que el Senado de la República apruebe en los próximos días la desaparición del FAARI y los otros 108 fondos, pero las señales indican que se anularán. ¿Cómo y quién garantizará el cuidado de las víctimas de la violencia en México?

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