El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) ha fracasado debido a múltiples defectos de implementación de obligaciones, funciones, sanciones y a la burocratización de procedimientos, según los resultados del “Informe sobre el combate a la corrupción en México”, publicado el pasado 15 de junio por el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (IIRCC) de la Universidad de Guadalajara.
Al presentar los principales resultados del estudio, Annel Vázquez Anderson, secretaria Ejecutiva del Instituto, expuso que el combate a la corrupción no está funcionando porque no pusieron en marcha las obligaciones y las funciones necesarias para darle vida al SNA y por la simulación en el cumplimiento de las normas vigentes para erradicarla.
Entre los hallazgos del informe sobre el estado del SNA durante el año 2020, coordinado por el doctor Mauricio Merino Huerta, director del IIRCC, se encuentra que la mayoría de los procesos de designación de cargos en la administración pública federal fueron discrecionales y no responden a criterios basados en competencia y mérito, sino al “sistema de botín”, es decir, la repartición de cargos públicos entre partidarios de quien esté en el poder.
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En 2020, hubo un “abandono excesivo” del procedimiento de licitación pública en las contrataciones gubernamentales, “imposible de justificar solamente por las condiciones de la emergencia que impuso la pandemia”.
Ese año, 88.3% de las contrataciones totales se llevó a cabo mediante procedimientos distintos a la licitación pública y cerca del 79% del total por adjudicación directa, precisó la doctora Annel Vázquez.
Otro de los resultados que arrojó la investigación es que la cuenta pública de 2020 reportó un ahorro de 3,744.2 millones de pesos, y poco más de la mitad de ellos se obtuvieron por las dependencias de la administración pública federal. Pero “la información disponible no permite conocer de manera puntual, específica y verídica en qué se gastaron”.
Además, explicó que los hallazgos del estudio evidencian que la gran mayoría de los procedimientos de sanción no correspondió a hechos de corrupción, sino a asuntos administrativos poco relevantes.
Esto porque desde la entrada en vigor de la Ley general de responsabilidades administrativas solo uno de cada ocho expedientes que abrió la Secretaría de la Función Pública fue por faltas administrativas graves y únicamente uno de cada 10 ha sido resuelto.
Durante 2020, en la Plataforma Digital Nacional se abrieron 32,406 expedientes, pero se sancionó tan solo a 30 personas servidoras públicas. Y de las 2,831 carpetas de investigación abiertas ese mismo año por presuntos delitos de corrupción solo se judicializaron nueve.
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A partir del análisis de la información pública obtenida a través de 1,007 solicitudes de información, el equipo que elaboró el informe concluye que durante el 2020 el Presupuesto de Egresos de la Federación se manejó con “amplios márgenes de discrecionalidad” y tiene “zonas de franca opacidad en las transferencias presupuestarias, los gastos indirectos y la adjudicación de contratos”.
El Sistema Nacional de Transparencia “a pesar de su evolución indiscutible, no logró conjurar la cultura de la opacidad en la producción de información”, ni consiguió la máxima publicidad de la información en posesión de los sujetos obligados.
Aunque en 2020 se atendió el 96% de las solicitudes de información, cuatro de cada 10 solicitudes que recibió el INAI no fueron atendidas adecuadamente por los sujetos obligados (instituciones de gobierno). Y 11.4% de las respuestas totales “refirieron la inexistencia de la información requerida”.
Por tanto, con este conjunto de “desviaciones observadas”, el estudio concluye que las instituciones que conforman el SNA no cumplieron con sus mandatos constitucionales y legales a cabalidad.
Además de que la implementación del SNA no correspondió con los fines que se plasmaron en su diseño original, se produjo la fragmentación de esfuerzos entre las instituciones que lo conforman, sostuvo Annel Vázquez.
Todo esto pese a las leyes y las instituciones vigentes en la Constitución del país desde 2015, año en que se creó el SNA.
El gobierno federal ha desestimado esta herramienta para enfrentar a la corrupción en el país, según consideraron investigadores e investigadoras que participaron en la presentación del informe.
“No se trata de reformar, modificar o de eliminar las leyes, instituciones e instrumentos que se crearon para combatir la corrupción, sino de implementarlas adecuadamente”, recalcó la doctora Annel Vázquez.
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¿Cómo afecta a la sociedad que el SNA no funcione correctamente?
El especialista en temas de corrupción Oscar Arredondo nos explicó que la importancia para la sociedad del Sistema Nacional Anticorrupción es que este cuenta con un Comité de Participación Ciudadana.
Este Comité es una figura de vinculación entre las personas gobernadas y las gobernantes que permite “llevar a la mesa de las autoridades las preocupaciones o actos de corrupción que afectan a los ciudadanos” para que las instancias que integran el SNA trabajen coordinadamente en su atención y erradicación.
Sin embargo, en más de cinco años dicho Comité Ciudano no ha funcionado, no tiene recursos ni estructura, tampoco personal ni materiales para poder ejercer sus funciones, que son “las más importantes porque son la cabeza del Sistema Nacional Anticorrupción”, nos dijo Oscar Arredondo.
Si el comité y el sistema funcionaran bien la ciudadanía “presentaría sendas denuncias sobre el acaparamiento de agua por unos pocos usuarios y denunciaría la corrupción dentro de la Conagua en el otorgamiento de concesiones, por poner un ejemplo, y exigiría que haya una política anticorrupción en este sector”.
“Entonces, todas las autoridades trabajarían juntas con la misión de crear una política pública para evitar más corrupción en el sector hídrico y para que estas medidas se apliquen a nivel nacional. Eso sería maravilloso”, nos comentó Arredondo, a propósito del problema de escasez de agua en algunos estados de la República.
Arredondo nos dio otro ejemplo aplicado al sector salud: “Las personas beneficiarias de los hospitales públicos podrían denunciar la corrupción que evita tener acceso a medicamentos o servicios de salud de calidad. Luego, se elaborarían políticas anticorrupción que corrijan las problemáticas y garanticen el derecho humano a la salud”.
No obstante, mencionó que “ni siquiera el buen funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción acabaría con los altos porcentajes de impunidad en la materia”.
Porque para terminar con la impunidad en los actos de corrupción se requiere de oficinas de combate a la corrupción dentro de las estructuras de cada dependencia de Gobierno, que formen parte de la toma de decisiones, que tengan presupuesto asignado y no solo sean instancias que “se enteren de las irregularidades”.
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Relanzamiento del Sistema
El pasado 27 de junio, el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción designó a Roberto Moreno Herrera como nuevo Secretario Técnico de esta instancia, para un periodo de cinco años.
Oscar Arredondo nos comentó su expectativa en que este nombramiento otorgue “nuevas energías y razones para un relanzamiento” del Sistema Nacional Anticorrupción, para darlo a conocer a nivel nacional y fomentar la participación ciudadana en los mecanismos de denuncia, de protección de denunciantes y de denuncia anónima.
Para que sea un un sistema que permita que todas las autoridades atiendan los problemas y “actúen en lo que les toca” de manera coordinada, se aplique todo el aparato normativo plasmado en la Constitución y en las leyes para echar a andar todas la herramientas que tiene el Sistema Nacional Anticorrupción.
“En cinco años no hemos visto resultados ni a nivel nacional ni local”, pero ya es hora de que hagan funcionar el SNA, consideró Oscar Arredondo.
