Cuando se “cayó el sistema” durante el recuento de votos de las elecciones del 6 de julio de 1988, en las que ganó el ex presidente Carlos Salinas de Gortari del PRI contra Cuauhtémoc Cárdenas, del Frente Democrático Nacional (FDN), fue un momento de ruptura política que dio lugar a reformas en nuestro sistema electoral para responder a la desconfianza que permeó en la ciudadanía luego de este fraude electoral.
Antes de 1989 también se hicieron reformas políticas importantes, de hecho la primera se hizo en 1953 para darle el derecho al voto a las mujeres y, años más tarde, en 1977 cuando se abrió la puerta al registro de nuevos partidos, a la pluralidad partidaria en la competencia electoral, que estaba total y absolutamente cerrada, como nos dijo Javier Santiago Castillo, ex consejero electoral de 2014 a 2017 y ex presidente del Instituto Electoral del entonces Distrito Federal.
De 1928 a 1987 la política mexicana tuvo un sistema de partido hegemónico controlado por el Estado. Las reformas electorales que se hicieron entre 1988 y 2000 permitieron hacer la transición a la democracia que necesitó de la participación activa de los partidos políticos opositores y dieron lugar a la alternancia cuando en el 2000 ganó el panista Vicente Fox.
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Esto cobró mayor importancia luego del episodio de las elecciones de 1988, protagonizado por el actual director de la CFE, Manuel Bartlett, como secretario de Gobernación y organizador de las elecciones en el sexenio de Miguel de la Madrid, y provocó intensas movilizaciones que fomentaron la idea en la población de que el cambio se podía generar con la participación en la vida pública y el voto.
La reforma de 1989-1990, en el sexenio del ex presidente Salinas, significó una flexibilización del gobierno ante la demanda de la ciudadanía de darle imparcialidad y credibilidad a las elecciones.
“Es la que da nacimiento al Instituto Federal Electoral como un organismo autónomo constitucionalmente establecido. Aunque el presidente todavía tenía una injerencia importante”, nos dijo el ex consejero electoral Javier Santiago Castillo.
Y significó una serie de cambios en el diseño de las instituciones y en los procesos electorales de México. La organización de las elecciones pasó a manos del IFE, que reemplazó a la desacreditada Comisión Federal Electoral que dependía de la Secretaría de Gobernación.
El objetivo de esta reforma fue proporcionar al IFE de un cuerpo técnico que diera certeza en la organización y desarrollo de los procesos electorales. Además, se estableció el Tribunal Federal Electoral (Trife) para revisar los actos de la autoridad electoral administrativa federal.
En 1993 volvieron a cambiarse las normas tanto constitucionales como legales que regían el sistema electoral del país. Las autoridades electorales recibieron nuevas facultades para fiscalizar los recursos de los partidos políticos, verificando que éstos cumplieran con las disposiciones en materia de financiamiento, con los límites de gastos en campañas, los topes de ingresos, con las aportaciones privadas y que el Trife aplicara las sanciones correspondientes, entre otras.
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Para 1993 también se aprobó aumentar el número de legisladores pasando de 64 senadores a 128 y se adoptó una fórmula mixta basada en el sistema electoral mayoritario.
Tras las elecciones de 1994, en las que ganó el ex presidente Ernesto Zedillo luego de un proceso de campaña turbulento y violento luego del asesinato del candidato priista Luis Donaldo Colosio y el inicio del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se anunció un proceso profundo de reforma electoral que abarcaría cuatro ejes.
Estos consistían en la revisión de la estructura y de las funciones de los dos órganos electorales (IFE y Trife); la renovación de las condiciones de la competencia; el establecimiento de nuevas reglas para integrar al Poder Legislativo y la reforma al régimen de gobierno del Distrito Federal.
Hasta 1996 el Presidente deja de participar en los procesos electorales
La reforma de 1996 es la que dió plena autonomía al IFE y modificó la integración del Consejo General. A partir de ese año, el Presidente deja de participar de manera directa en el proceso electoral, nos explicó Santiago Castillo.
En esta reforma se incrementó el financiamiento a los partidos políticos; el Trife pasó a ser parte del Poder Judicial de la Federación y cambió de nombre a Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como un órgano especializado y modificó las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para poder impugnar leyes federales o locales que consideraran inconstitucionales.
Esta reforma permaneció por un largo periodo hasta 2007, luego de las elecciones en las que ganó el ex presidente Felipe Calderón que también fueron fuertemente cuestionadas, ya que se denunció un fraude electoral en contra del candidato a la presidencia por el PRD, Andrés Manuel López Obrador.
“La reforma de 2007-2008 fue muy importante porque estableció un nuevo modelo de comunicación política para que los poderes fácticos no pudieran intervenir a favor o en contra de alguno de los candidatos. Es resultado del conflicto electoral que se dio posterior a la elección de 2006”, nos dijo el ex consejero electoral, Javier Santiago.
El especialista nos explicó que además los partidos políticos vieron incrementado de manera directa su financiamiento, ya que no tienen que gastar en propaganda de radio y televisión, “pero también tiene un lado perverso porque la burocracia partidaria crece de manera importante”.
Esta reforma buscó establecer un nuevo tipo de competencia electoral haciendo énfasis en la “calidad” de la contienda política.
La reforma de 2014 inició el regreso a la centralización
Finalmente, el ex consejero electoral nos explicó que la reforma de 2014, -la última aprobada hasta ahora- disminuyó las prerrogativas de los partidos políticos a nivel federal, pero al homologarse la fórmula de otorgamiento de financiamiento a los partidos políticos en los estados, “resultó que se les incrementó el presupuesto por esa vía hasta alrededor de $6,000 millones de pesos al año”.
“Hay que decir que los partidos a nivel nacional pueden transferir recursos a los partidos a nivel estatal y viceversa. Este fue el lado perverso de esta reforma que tiene una carga demagógica, porque se publicitó de manera muy relevante que se disminuyó el financiamiento a los partidos a nivel federal, pero se les dio por la puerta de atrás”, acusó el entrevistado.
Esta reforma también permitió la reelección legislativa, nos dijo Santiago Castillo quien consideró que “se refuerza esta posibilidad de que las élites partidarias mantengan el control en las candidaturas en los cargos de elección popular”.
La reforma de 2014 regresó a un proceso de centralización tras la derrota que sufrió el PAN en las elecciones de 2012 y junto con el PRD impulsaron la creación del INE; se disminuyeron las atribuciones del los institutos electorales locales para disminuir costos y evitar la intervención de los gobernadores en los procesos electorales, nos dijo Santiago.
Las reformas en nuestro país han respondido a las exigencias de la ciudadanía, pero también hay muchos actores políticos que al hacer estas modificaciones a nuestros procesos electorales solo lo hacen pensando en lo más conveniente a sus intereses particulares, concluyó el entrevistado.
