El país creó una Fiscalía General de la República (FGR) para enfrentar los desafíos del siglo XXI, pero se colocó en el mando a un fiscal del siglo XIX, Alejandro Gertz Manero, quien no cumple ni con su propia ley, nos dice Daniel Vázquez, doctor en Ciencias Sociales.
El experto nos explicó que la Reforma Constitucional de 2014 planteó el cambio de una Procuraduría a una Fiscalía General en 2018, con una Ley Orgánica bastante eficiente en el papel, con mecanismos de rendición de cuentas y herramientas para desmantelar redes de macrocriminalidad.
“El problema es que nombraron a un fiscal que no le gusta esta forma de investigar, que está anclado en la etapa anterior, que no utiliza ninguna de esas herramientas, que no le gusta rendir cuentas. Entonces es un fiscal que no cumple ni siquiera con su propia ley”, dijo Vázquez.
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El fiscal Gertz Manero
Daniel Vázquez opina que uno de los mayores retos de este gobierno federal era acabar con la impunidad y reconstruir “aunque sea un poquito” el Estado de derecho.
En medio de este gran desafío, era muy importante la designación de la persona que encabezaría la flamante Fiscalía. El presidente López Obrador propuso a Alejandro Gertz Manero, Bernardo Bátiz y Verónica de Gyves.
El Senado de la República ratificó a Gertz Manero como fiscal, con 91 de 128 votos a favor, para un periodo de nueve años.
El actual fiscal tiene antecedentes en la antigua Procuraduría General de la República desde 1975, desempeñándose también en puestos policíacos altos, como estar a cargo de la Seguridad Pública a nivel federal entre 2000 y 2004, durante el sexenio del panista Vicente Fox.
Sin embargo, para Daniel Vázquez, esa trayectoria palidece porque “en la mayoría de los casos lo más importante son las omisiones, el Fiscal no quiere hacer nada”.
“Es esta lógica de pensar el proceso penal desde el siglo XIX, de forma opaca, con un abierto uso político de la justicia”, dijo el especialista, “apostaron por mantener el pacto de impunidad para mantener la estabilidad política”.
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Rosario Robles y la Estafa Maestra
El primer caso mediático de esta recién estrenada Fiscalía, arrancó el 13 de agosto de 2019, cuando Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social en el sexenio de Peña Nieto, ingresó a la cárcel de Santa Martha Acatitla, acusada de participar en la famosa “Estafa Maestra”.
Así se conoce al desvío de recursos públicos por más de 7,000 millones de pesos, el cual se llevó a cabo gracias a una red de universidades públicas y 128 empresas fantasma que realizaron contratos ilegales.
Por cierto, esta red se descubrió gracias a una investigación del portal Animal Político que se fundamentó en irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, cuya labor es ahora cuestionada por el presidente López Obrador.
Mariana Moguel, hija de Robles, argumentó que se trataba de un caso de “venganza política”, ya que se le encarceló sin que hubiera una condena judicial de por medio. Las únicas pruebas de la Fiscalía son testimonios de ex colaboradores de Robles.
El 25 de noviembre de 2020, Rosario Robles solicitó a la Fiscalía criterio de oportunidad, lo cual significa la reducción de su pena a cambio de información que le dé un mayor beneficio a la investigación contra los responsables de la “Estafa Maestra”.
El 10 de febrero de 2021 la Fiscalía aceptó negociar. Sin embargo, diez días después la FGR rechazó la solicitud de Robles porque no cumplía los requisitos.
El presidente López Obrador se manifestó en torno a este tema el 17 de febrero. Dijo: “nada de acuerdos en lo oscurito y nada de concertacesiones”.
Pero, ¿por qué se le ocurrió a Rosario Robles que podría sentarse a negociar con la Fiscalía?
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El espectacular caso Lozoya
Lozoya fue detenido hace un año en Málaga, España, por lavado de dinero, cohecho y fraude, a través de una red de negocios entre Pemex y la empresa brasileña Odebrecht.
El 28 de julio de 2020 se informó que Emilio Lozoya Austin, director de Pemex durante el gobierno de Peña Nieto, solicitó criterio de oportunidad a la Fiscalía, es decir, reducir sus penas a cambio de revelar información sobre los casos de corrupción por los que estaba acusado.
En este caso, el presidente López Obrador dijo: “vale la pena todo lo que va a decir. Es de mucha utilidad pública porque ayuda a purificar la vida pública, a limpiar de corrupción a México”.
A diferencia de Rosario Robles, cuando Emilio Lozoya regresó a México y se puso a disposición de las autoridades, no pisó la cárcel y fue trasladado a un hospital.
También a diferencia del caso de Robles, el 19 de agosto se reveló la información que usó Lozoya como moneda de cambio, en la cual describe una maquinaria de corrupción que involucra nombres espectaculares, como los ex presidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari, así como al ex candidato presidencial panista Ricardo Anaya.
Seis meses después de que se filtraron estas acusaciones, Emilio Lozoya sigue sin pisar la cárcel –de hecho, no se le ha visto en México–, y lo único que se ha sabido sobre su caso es que la Fiscalía “perdió” parte de las pruebas en su contra, específicamente, sobre el aumento de su patrimonio.
Gertz contra la DEA
El 15 de octubre de 2020, las autoridades de Estados Unidos detuvieron en Los Ángeles al secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el general Salvador Cienfuegos, por lavado de dinero y narcotráfico.
Un mes después, el general volvió a México. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, relató que la diplomacia mexicana había presionado para que las autoridades de Estados Unidos retiraran los cargos para que fuera juzgado en México, y que sería un “suicidio” que no fuera procesado porque no se trataba de un acto de impunidad.
Dos meses después, la Fiscalía exoneró a Cienfuegos porque las pruebas “sólidas” que mandó la Agencia Antidrogas de Estados Unidos no tenían sustento, a tal grado que Gertz Manero explotó contra la DEA.
“¿Por qué cuando ya lo tenían presentado ante el juez se desistieron? ¿O no encontraron elementos y dijeron vamos a ver cómo le echamos la bolita a estos y luego les aventamos a nuestros incondicionales para que los fastidien y se lleven ellos la friega… ¡Están locos! No nos vamos a dejar, no lo vamos a permitir”, dijo Gertz Manero al respecto.
Para Daniel Vázquez, esto fue grave porque a los mexicanos no tiene por qué importarnos cómo investiga la DEA, sino que debemos estar seguros de que nuestra Fiscalía hace bien su trabajo.
“Lo que me hubiera gustado de Gertz es que dijera ‘estamos haciendo la investigación correspondiente con todas las herramientas que tiene la Fiscalía’, y eso es lo que no hizo”, dijo Vázquez, y enfatizó que esto se agrava tomando en cuenta el historial de violaciones a derechos humanos llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas del país.
La reparación de Alonso Ancira
El caso mediático más reciente de la Fiscalía es el del empresario Alonso Ancira, quien podría quedar libre del cargo de lavado de dinero gracias a que va a desembolsar 219,000,000 de dólares.
El 9 de febrero de 2021, la defensa del ex dueño de Altos Hornos de México, anunció que llegó a un acuerdo con Pemex, para reparar el daño patrimonial que le hizo con la venta de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.
Con este acuerdo, los abogados de Ancira esperan que la Fiscalía General de la República no lo procese por el fraude de 3,500,000 de dólares que cometió, según las acusaciones de Emilio Lozoya en el caso Odebrecht.
El panorama
“En México no hemos podido abatir la impunidad y lograr construir estado de derecho. Teníamos la expectativa de que así fuera a partir de 2018”, nos dijo el sociólogo Daniel Vázquez.
El experto destaca que el caso de Odebrecht pudo haber servido para poner en práctica las herramientas que tiene la Fiscalía en materia de transparencia, con lo cual daría la sensación de que se va a hacer justicia; sin embargo, se optó por la opacidad.
También señala que la Fiscalía tiene herramientas para investigar las graves manifestaciones de violencia que se han dado en el país, como la masacre de Camargo, en la que asesinaron a 19 personas, la mayoría migrantes centroamericanos.
“Cuando se le pide al fiscal que atraiga el caso, se niega a atraer la investigación y ese es uno de los casos que tendrían que ser atraídos. El gran lío es ese, que tenemos, al menos en materia de justicia, otro sexenio perdido”, concluyó Vázquez.
Según el Informe Anual de Actividades de la Fiscalía, esta dependencia perdió más de 63,000 casos heredados de la extinta Procuraduría, porque no se investigaron a tiempo y no se pudo evitar que prescribieran.
¿Es la Fiscalía que merece el país? ¿Comenzaremos a ver que se utilicen las herramientas para rendir cuentas y lograr que realmente se desmantelen las redes de crimen y corrupción en México?
