Se parece mucho al gobierno de Peña
En más de una ocasión, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que las adjudicaciones directas son sinónimo de corrupción. Sin embargo, durante su gobierno la proporción de contratos que se asignan sin competencia se ha mantenido muy similar a las administraciones pasadas.
De acuerdo con el portal de compras del gobierno (Compranet), en los primeros seis meses del año se realizaron casi 77 mil contratos para la adquisición de bienes o servicios, de los cuales, 77.7% se hicieron sin competencia; a través de adjudicaciones directas. Es decir, casi ocho de cada 10 contratos se asignan a una empresa sin haber concursado con otras.
Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, nos explicó que “desde hace 15 años, el 70%-75% de los contratos han sido de este tipo” y aclara que “desde que se tiene esta medición, los gobiernos han abusado de la adjudicación directa”.
Desde el primer gobierno de la alternancia, en la presidencia con Vicente Fox, y luego con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la proporción de contratos sin competencia se ha mantenido muy estable. Y la actual administración sigue el mismo patrón, detalla Bohórquez.
Si se revisa lo que sucedió el primer semestre de cada uno de los últimos tres años (2018-2020), se observa que alrededor del 80% de los contratos se han adjudicado directamente.
El presidente de Transparencia Mexicana detalla que “si se sabía que esto era así, esperaríamos que la actual administración invirtiera la proporción”. Por lo tanto, precisa que la crítica al gobierno actual “no es que tenga ese porcentaje de adjudicaciones directas, sino que prometió cambiar al país de raíz y no ha cambiado esa proporción”.
“Al principio de la curva de aprendizaje de esta administración era normal, pero no ha habido un esfuerzo sistemático para darle la vuelta y que la licitación pública sea el método principal”, añade el experto.
Es legal, pero ¿deseable?
Eduardo Bohórquez precisa que aunque la figura de adjudicación directa es legal, lo que la ley prevé es que “la proporción de los montos adjudicados sea mayoritariamente por licitación y que, como excepción, tengas la adjudicación directa”.
Haciendo el análisis de los montos por tipo de contratación, observamos que el 30% de los recursos destinados en los primeros seis meses de 2020 a la adquisición de bienes o servicios se asignó a través de adjudicaciones directas.
El método de licitación pública acumula casi la mitad del total de los recursos (46%), mientras que la categoría otros -contratos entre dependencias públicas y contrataciones con crédito externo- suma casi el 20%. Finalmente, la invitación restringida (a cuando menos tres proveedores) cierra la lista con 4.1% de los montos.
Bohórquez aclara que esto sucede porque “las grandes operaciones normalmente se licitan, porque hay un mundo de competidores que no dejan que se haga por adjudicación directa”. Para ello refiere al tamaño y poder de los actores económicos en el sector energía o farmacéutico, industrias en las cuales se compiten los contratos más grandes.
¿Los montos por adjudicación se han reducido?
El análisis de la plataforma pública Compranet, del primer semestre de cada uno de los últimos tres años, arroja que la proporción de recursos asignados sin competencia en 2020, se redujo en casi cinco puntos porcentuales respecto a lo observado en el mismo periodo de los dos años anteriores.
Sin embargo, la proporción es muy similar: tres de cada 10 pesos contratados se van por adjudicación directa.
Eduardo Bohórquez reitera que “por sí misma, la adjudicación directa no es ilegal”. Sin embargo, puntualiza que el verdadero problema es que “al no tener una buena plataforma de información pública, con datos de calidad y actualizados, se vuelve muy difícil saber si la justificación que se utilizó para hacer la adjudicación es realmente válida”.
¿Doble estándar del presidente?
El presidente de Transparencia Mexicana considera que “si AMLO fue tan duro con el tema de transparencia del aeropuerto de Texcoco”, no puede tener dos estándares y no “ser ejemplar en el tema de transparencia del Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y las obras clave de este gobierno”.
Y agrega que para cumplir esa promesa de cambiar de raíz al país, la actual administración tendría que “dar completa seguridad de que no se esté haciendo lo mismo que las administraciones pasadas”.
Sin embargo, denuncia que hay alarmas con el tema de la compra de medicamentos en el extranjero, tema que se aprobó recientemente en medio de la crisis sanitaria por COVID-19, pues todos estos recursos “entrarán en un limbo jurídico” ya que “no formarán parte de la plataforma Compranet y la Auditoría Superior de la Federación no las fiscalizará”.
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“Esto significa una caída dramática en la transparencia de las contrataciones para el sector salud y, específicamente, para esos recursos que se invertirán”, concluye Bohórquez.
¿Otra promesa sin cumplir del presidente?
