Gobiernos estatales concentran 77% de los recursos mal ejercidos en 2019: ASF

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Las últimas semanas, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio mucho de qué hablar por el análisis al gasto del gobierno federal en 2019, particularmente, por la estimación del costo de cancelar el aeropuerto de Texcoco, pero también mostró que los gobiernos estatales hicieron muy mal las cosas.

Como te dimos a conocer en esta nota, la CDMX tuvo irregularidades en el uso de recursos públicos por 7,732 millones de pesos. Sin embargo, no fue la única, ya que el resto de entidades, salvo Querétaro, cuentan con pliegos de observación en seguimiento -con proceso de investigación abierto-, que estiman un daño en conjunto de alrededor de 10,000 millones de pesos.

Esto supone 3.4 veces más recursos irregulares que los que la ASF estimó en daños a la hacienda pública por parte de las dependencias del gobierno federal en el mismo año.

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Gobiernos estatales vs. gobierno federal

Tomando en cuenta únicamente a los pliegos de observaciones en seguimiento, es decir, que aún no terminan por fincar responsabilidades a los funcionarios públicos involucrados o que no han recuperado los recursos, las autoridades tanto estatales como federales generaron en 2019 un posible daño a la hacienda pública por 22,883 millones de pesos.

De esa cantidad, 17,750 millones de pesos (77%) corresponden al ejercicio irregular de recursos de 31 entidadesexcepto Querétaro- y el 23% restante (5,132 millones) proviene de un posible daño ejercido por 20 dependencias del gobierno federal.

Entre las administraciones estatales con irregularidades destacan el gobierno de CDMX , Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Puebla. Es decir, cuatro gobiernos morenistas y uno priísta (Oaxaca) que, en conjunto, generaron un daño estimado de 14,615 millones de pesos.

Mientras tanto, dentro de las dependencias federales resaltan el IMSS, la secretaría de Salud, Pemex Exploración y Producción (subsidiaria de Pemex), la secretaría de Comunicaciones y Transportes y el ISSSTE, con un daño en conjunto de 4,792 millones de pesos.

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¿Cuál podría ser la explicación de estas irregularidades?

Platicamos con Carlos Brown, economista especialista en justicia fiscal y codirector del Instituto del Sur Urbano (SUR), quien nos explicó que los recursos que la Federación envía a las entidades federativas y municipios, representa una parte muy importante del presupuesto público, por lo que es más fácil que se detecten malos manejos ahí.

El especialista explica que ante la dependencia de las entidades a estos recursos, sumado a la falta de contrapesos de los gobiernos estatales, la auditoría “juega un rol crucial como contrapeso en el uso de los recursos públicos”. Y resalta que por ese motivo, la ASF se toma muy en serio el análisis de este tipo de gasto.

“Hay una auditoría especial de gasto federalizado que cubre este trabajo y tiene a un auditor especial que ha sido muy capaz de vigilar estos recursos”.

Carlos Brown, economista y codirector del Instituto del Sur Urbano

A pesar de la crisis de confianza que la ASF ha vivido en las últimas semanas, Carlos Brown resalta que este organismo fiscalizador “lleva muchos años haciendo un trabajo muy profesional”. Y puntualiza que “la ASF no es solo el auditor superior, tiene un equipo de trabajo muy preparado, por lo que no podemos hacer menos su trabajo”.

Para el entrevistado “los dientes, las herramientas, y la capacidad técnica, ya las tienen las auditorías”. Sin embargo, aclara que “en la medida en que los poderes legislativos (a nivel federal y nacional) sigan haciendo una simulación, los contrapesos no van a existir”.

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Gobiernos estatales aún deben aclaraciones a la ASF

Además del proceso que queda pendiente para que las dependencias y gobiernos estatales reintegren los recursos o la Auditoría inicie los procedimientos de fincamiento de responsabilidades a los servidores públicos, 26 administraciones estatales y tres instituciones federales aún deben aclarar 8,558 millones de pesos de gasto público.

De esa cantidad 60.8% corresponde a recursos ejercidos por las entidades federativas, mientras que el resto corresponde a aclaraciones de la subsidiaria de Pemex (Exploración y Producción), y las secretarías de Salud y, Comunicaciones y Transportes.

La ASF tuvo la obligación de notificar a estas instituciones en los 10 días hábiles posteriores al 20 de febrero -día que se entregó el reporte final para 2019-. De ahí las dependencias y administraciones cuentan 30 días hábiles para contestar y presentar la información que aclare lo solicitado por la Auditoría.

De no hacerlo, la ASF emitirá un pliego de observaciones y repetirá el proceso hasta que considere que los recursos se reintegraron a la Tesorería de la Federación o inicie los procesos para fincar responsabilidades.

¿Habrá castigos por estos malos manejos o reinará la impunidad?

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