Familiares y amigos claman justicia por el asesinato del estudiante Ángel Yael en Guanajuato

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Este 2 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que un segundo elemento de la Guardia Nacional está detenido por el asesinato de Ángel Yael y por herir a Edith Alejandra, ambos estudiantes de la Universidad de Guanajuato, el pasado 27 de abril en Irapuato, Guanajuato.

En su conferencia matutina, el mandatario afirmó que un primer elemento de la Guardia Nacional fue puesto en libertad tras comprobarse que su arma no fue con la que mataron a Ángel Yael Ignacio Rangel, de 19 años de edad. 

“Se habló de que ya estaba detenida una persona, un elemento de la Guardia Nacional; luego que se lleva a cabo la investigación el juez lo libera porque en el análisis que se hace sobre balística se descubre que no era su arma la que le había quitado la vida al joven; se detiene a otro elemento, que presuntamente es el responsable. Ya está detenido, sí”, dijo el presidente.

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Este segundo elemento detenido es un integrante de la Marina Armada de México que fue asignado a la Guardia Nacional. Ya fue presentado ante un juez federal como presunto responsable del asesinato del Ángel Yael y por las lesiones de Edith Alejandra Carrillo.

Sobre la cantidad total de integrantes de la Guardia Nacional involucrados en el ataque a la y los estudiantes, el presidente López Obrador señaló que todas las personas que participaron estarán sujetas a proceso. 

“Pues los que hayan participado. En este caso se habla de los dos que dispararon. Pueden ser otros, está abierta la investigación. Al que liberaron también se comprobó que disparó; por lo mismo, tiene que estar sujeto a proceso. Y la joven herida está siendo atendida y vamos también a apoyar en todo”, dijo.

Justicia para Ángel Yael y Edith Alejandra

Alrededor de las 4:40 de la tarde del miércoles 27 de abril, durante un operativo de prevención de robo de combustible, en la exhacienda El Copal, en Irapuato, integrantes de la Guardia Nacional dispararon al vehículo donde viajaban la y los estudiantes de la Licenciatura en Agronomía y mataron a Ángel Yael e hirieron gravemente a Edith Alejandra. 

El 30 de abril pasado, el juez Control Efraín Frausto Pérez liberó a Iván “N”, el primer elemento de la Guardia Nacional imputado por el asesinato de Ángel Yael. 

Ante esta decisión, la familia del estudiante, diversas organizaciones civiles de defensa de derechos humanos y la Universidad de Guanajuato manifestaron su repudio e indignación.

Esta resolución es indignante. Exigimos justicia, la muerte de Ángel no puede quedar impune. Pedimos que su caso sea el inicio de un camino distinto, que estas historias dejen de ser cotidianas, basta de vivir acostumbrados a estas injusticias”, escribieron la mamá y el papá de Ángel en una carta que fue difundida en las redes sociales de la Universidad de Guanajuato.

Además, rechazaron reunirse con la Guardia Nacional, encuentro que había sido ofrecido por la Oficial Mayor de la corporación, Evangelina Hernández, a la vez que exigieron una explicación justa.

Por su parte, Luis Felipe Guerrero Agripino, rector de la Universidad de Guanajuato (UG), criticó que la imputación contra del integrante de la Guardia Nacional, Iván “N”, “haya sido por el delito de tentativa de homicidio, cuando fue privado de la vida uno de nuestros estudiantes y otra estudiante fue gravemente lesionada”.  

También pidió a las autoridades competentes que “realicen una investigación profunda, exhaustiva y rigurosa, acorde a la gravedad del ataque perpetrado en contra de integrantes de nuestra comunidad estudiantil. ¡Exigimos justicia!”, se lee en el comunicado publicado el 30 de abril pasado. 

¡Ángel no murió, la Guardia lo mató! ¡Quiero un título, no un acta de defunción! fueron algunas consignas que la mañana de este 3 de mayo gritaron miles de estudiantes de diferentes universidades, en una marcha encabezada por Norma Lucía Rangel y Gerardo Ignacio, mamá y papá de Ángel Yael, en la ciudad de Guanajuato para exigir justicia.

La Fiscalía General de la República informó que un Ministerio Público Federal apelará la decisión de liberar a Iván “N”. La instancia señaló que “se encuentra en total desacuerdo de que se haya emitido auto de no vinculación a proceso en favor de Iván “N”, quien fue puesto en libertad”.

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Exigen que todos los elementos implicados sean investigados

El rector Luis Felipe Guerrero informó, en entrevista con Carmen Aristegui, que la Universidad de Guanajuato apoya al equipo legal de la estudiante y los estudiantes afectados por el ataque de la Guardia Nacional.

Detalló que el próximo viernes 6 de mayo continuará la audiencia del caso y que el equipo legal exigirá que se investigue por homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado la participación de todos los integrantes de la Guardia Nacional implicados en el ataque al grupo de estudiantes y no solo los dos elementos hasta ahora investigados.

Además, Vicente Esqueda Méndez, titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, informó que fue abierta la queja 439/22-B ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el asesinato del estudiante Ángel Yael. 

El 29 de abril pasado, la CNDH anunció que ya investiga la muerte del joven de 19 años.

La seguridad nacional no debe ser militarizada

La “ejecución arbitraria de Ángel Yael” y la afectación a la integridad personal de Edith Alejandra por elementos de la Guardia Nacional “es una tragedia que muestra los riesgos de profundizar -como se ha venido haciendo- la militarización de la seguridad pública”, afirmó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), asociación civil que ha investigado las violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas.

En este texto del Centro Prodh expone que en el ataque de la Guardia Nacional al grupo de estudiantes en Irapuato se ve el mismo patrón documentado durante los años más álgidos de la llamada ‘Guerra contra el narcotráfico’. 

“Todo indica que, en el caso, el uso de armas de fuego obedeció a una lógica castrense de eliminar enemigos y no a una lógica civil de garantizar la seguridad ciudadana respetando derechos: sin que el uso de la fuerza resultara absolutamente necesario, se abrió fuego contra el vehículo no para inmovilizarlo, sino para privar de la vida a sus ocupantes”, puntualiza la asociación.

De acuerdo con datos obtenidos por el Centro Prodh vía solicitudes de información, la Guardia Nacional ha privado de la vida a al menos a 94 personas entre el 27 de mayo de 2019 y el 23 de abril de 2021 en 161 eventos de uso de fuerza.

Como nos dijo en entrevista en enero pasado Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro Prodh, la Guardia Nacional no transparenta los reportes pormenorizados en casos de uso de la fuerza letal, como lo estipula la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza.

Por tanto, los controles externos que tiene la Guardia Nacional, como la CNDH y la Fiscalía General de la República, no pueden evaluar si las acciones de esta institución son legales o no.  

Desde que inició la administración de López Obrador hasta el primer semestre de 2021, el Centro Prodh había documentado alrededor de 451 quejas contra la Guardia Nacional, 870 contra el Ejército y más de 330 contra la Marina. En contraste, la CNDH sólo había emitido una recomendación contra la Guardia Nacional, según nos compartió el defensor de derechos humanos.

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Peligrosa militarización

Para Santiago Aguirre los riesgos de la militarización de la seguridad pública están en que “normalmente genera más violaciones a derechos humanos”, no es una buena política pública de seguridad ya que no están disminuyendo los índices de homicidios y el rol imperante de las instituciones castrenses en el país implica un riesgo para la democracia.

Por todo esto, el Centro Prodh advierte que la reforma constitucional que busca el presidente López Obrador para entregar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional sería un paso sin retorno hacia la militarización de la seguridad pública del país, con enormes riesgos para los derechos humanos, como en el caso del asesinato del estudiante Ángel Yael.

¿Habrá justicia para estas víctimas?

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