El 30 de junio de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el arranque oficial de la Guardia Nacional, en una ceremonia llamada “Despliegue por la paz”, como principal medida de su política de seguridad para reducir la violencia.
El objetivo era que un cuerpo bajo adscripción y mando civil “marcará el inicio del fin de la violencia en nuestro país”, bajo el “pleno respeto a los derechos humanos” y el “uso regulado y cuidadoso de la fuerza”, remarcó durante ese acto oficial Alfonso Durazo, el entonces titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) -instancia de la que aún depende la Guardia Nacional (GN)-.
Tres años después, el presidente López Obrador reafirmó su objetivo de que la GN dependa finalmente de la Secretaría de la Defensa Nacional: “si dejamos a la Guardia Nacional dependiendo de una secretaria o de una institución sin el profesionalismo, la disciplina, la doctrina, vamos a cometer el mismo error (de sexenios pasados) y no podemos ya equivocarnos”, afirmó durante el tercer aniversario de la institución.
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Así, a tres años del nacimiento de la Guardia Nacional, la estrategia del presidente parece solo perpetuar el proceso de militarización de los últimos 15 años. Una medida que ha demostrado su “ineficacia” para poner fin a la violencia en el país, según el informe del Observatorio de la Guardia Nacional, publicado el pasado 6 de julio.
Una violencia que ha significado el asesinato de 121,655 hombres y mujeres desde que AMLO asumió la presidencia en diciembre de 2018 hasta mayo de 2022, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.
La tercera fuerza militar en México
Se prometió un cuerpo civil, pero el objetivo es convertirlo en la tercera fuerza militar, después de la Sedena y de la Secretaría de Marina (Semar), nos comentó Jorge Lule, investigador de la organización civil Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
México está ante un escenario de militarismo con el que se pretende cambiar la cultura civilista por una cultura militarista que dé mayor reconocimiento y fortalecimiento de las instituciones militares por encima de las autoridades civiles, de acuerdo con el análisis de Maria Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común.
Según lo expuso durante la presentación del informe “Guardia Nacional 3 años de definición militarista”, elaborado por el Observatorio de la Guardia Nacional y Causa en Común. Ahí, Morera explicó que el militarismo va más allá de la militarización, porque esta última solo se refiere a la ampliación de facultades otorgadas a los cuerpos militares para participar en la seguridad pública, como ha sucedido en los últimos 60 años.
En la investigación las organizaciones afirman que después de tres años de su arranque se comprueba que la GN es una “farsa”, pues queda claro que se trata de una corporación militar dirigida exclusivamente por las Fuerzas Armadas. Esto, a pesar de las leyes aprobadas por el Congreso para la creación de la GN como un cuerpo civil.
Hasta abril de 2022, la Guardia contaba con 104,839 elementos, 80% de estos pertenecen a las Fuerzas Armadas, porque si bien estos fueron “transferidos”, mantienen sus plazas, prestaciones y siguen cobrando en la Sedena y en la Marina. Solo 20% de los elementos de la GN cobra en la SSPC, detalló María Elena Morera.
Además, la GN se rige por valores castrenses como la disciplina, la obediencia y la lealtad a las Fuerzas Armadas, así que su desempeño se define por el cumplimiento de órdenes y no por la eficacia de sus resultados, añadió.
Por más que se piense a la GN como un cuerpo civil, cuando entran en funciones en la procuración de la seguridad pública lo hacen desde un adiestramiento y disciplina militar. “Eso no va a cambiar y es alarmante”, coincidió Jorge Lule.
Porque en el modelo militar es indispensable el combate, el abatimiento y el aseguramiento de personas o cosas. Elementos que nos indican que el país no está seguro. En contraste con el modelo de policía civil en el que lo importante es preservar la vida, nos explicó el especialista en seguridad pública y militarización.
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Militares dirigen instancias civiles
Pero el proyecto militarista no se reduce a la GN, pues “la consigna política del gobierno federal es promover que algunas de las principales policías del país sean dirigidas por integrantes en activo o en retiro de las Fuerzas Armadas”, según el informe.
Además de la seguridad pública, militares ocupan posiciones directivas en instituciones de salud, migración, transporte y logística, además del manejo de puertos y aduanas. “Al menos 163 cargos de la administración pública han sido ocupados por integrantes de las Fuerzas Armadas”, aseguraron las organizaciones que elaboraron el informe.
A la entrega de cargos directivos se suma la asignación de presupuesto de instituciones públicas a dependencias militares. Esto no es compatible con un sistema democrático, pues se presta a mayores actos de corrupción debido a la falta de controles, señalaron las especialistas durante la presentación del informe.
Uso de la fuerza no prioriza la inteligencia ni la investigación
María Elena Morera puntualizó que el nivel de capacitación de la Guardia Nacional es “tan bajo” que sus elementos son incapaces de sostener la investigación de crímenes en un juicio y no pueden actuar como primer respondiente en el lugar de los hechos.
De acuerdo con el Observatorio, la Guardia Nacional reportó -en el informe del 2021-, su participación en 125 enfrentamientos armados, en los cuales hubo 10 elementos fallecidos, 62 heridos, y 65 personas civiles fallecidas y 20 heridas. Uso de la fuerza que no ha sido cuidadosa ni regulada, como se presumía hace tres años.
Igualmente, más de 8,000 personas fueron detenidas -en flagrancia- y únicamente 14 fueron detenidas mediante tareas de inteligencia. Otras 50 fueron detenidas por delitos contra la salud y solo seis fueron puestas a disposición del Ministerio Público por el delito de homicidio, se puntualiza en el reporte.
Por otro lado, el despliegue de elementos de la GN en territorio no responde al criterio de asignar más elementos en las zonas con mayor incidencia delictiva, como la propia GN afirma, acorde al texto.
Guanajuato, por ejemplo, es el estado donde se han registrado más homicidios en los últimos tres años, sin embargo, tiene asignados menos de la mitad de integrantes de la GN que tiene la Ciudad de México, lo mismo pasa con otras entidades que se encuentran en los primeros lugares en el número de homicidios, como Michoacán, Estado de México, Baja California y Jalisco.
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Violaciones a derechos humanos
En el informe “Guardia Nacional 3 años de definición militarista” se destaca que de diciembre de 2018 a abril de 2022, la Sedena, la Semar y la GN acumulaban 2,510 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, de acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Como Causa en Común señala los cuerpos castrenses tienen “más probabilidad de abusar” de las personas detenidas que la policía federal, estatal o municipal, ya que cerca del 88% de las personas detenidas por la Armada y el 86% de las detenidas por el Ejército se han quejado de tortura y otros abusos.
Y tan solo de enero a abril de 2022 se han interpuesto 106 quejas contra la GN ante la CNDH “por emplear arbitrariamente el uso de la fuerza, presunta tortura, intimidación y tratos crueles o degradantes, entre otras”, se indica en el informe de Causa en Común.
Otro hallazgo de la investigación es que únicamente el 29% de los elementos desplegados, al 25 de febrero de 2022, tiene el Certificado Único Policial (CUP), que se supone indispensable para trabajar en esta institución. Esto significa que más del 70% de los integrantes de la GN no está certificado debido a la falta de requisitos tales como la “evaluación de control de confianza, formación inicial, evaluación del desempeño o desempeño académico y competencias básicas o profesionales”.
Un proceso para fortalecer a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas, en detrimento tanto de la democracia, como de las policías locales que padecen estancamientos y recortes a sus presupuestos. Contrario a lo que necesita la seguridad pública en el país: formar policías eficaces, explica Causa en Común.
