El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que emitirá un Acuerdo Presidencial para integrar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Con esta acción, el mandatario evitaría el debate constitucional pendiente sobre la Guardia Nacional y la militarización, señalaron organizaciones sociales en defensa de los derechos humanos, así como diversas expertas y expertos en materia constitucional.
En la conferencia matutina del lunes 8 de agosto de 2022, el primer mandatario adelantó: “voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma”.
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La decisión del presidente quitaría el control a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la Guardia Nacional, pero pasarlo a la Sedena sería inconstitucional, ya que este cambio debe ser avalado por el Poder Legislativo por tratarse de reformas constitucionales, alertó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
“Adscribir la #GuardiaNacional a la #SEDENA mediante #AcuerdoPresidencial -como se anunció en la conferencia matutina de hoy- implicaría eludir el debate legislativo para contravenir la Constitución y profundizar la militarización”, precisó el Centro Prodh a través de sus redes sociales.
Además, el presidente también dijo que reestructurará la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para nombrarla “Secretaría de Seguridad Pública y Justicia“.
López Obrador explicó que lleva “tiempo expidiendo indultos, amnistías, dando instrucciones de libertad y no avanzamos. Y claro, no es nada más un asunto del Ejecutivo, pero en una época de transformación no se puede actuar con tortuguismo burocrático y menos cuando se trata de justicia”.
Sin embargo, un día después del anuncio de su decreto presidencial para integrar a la Guardia Nacional a la Sedena, el presidente afirmó que “va a seguir siendo una institución de carácter civil dependiendo de la Secretaría de la Defensa”, en la conferencia del 9 de agosto de 2022.
Al ser cuestionado sobre el acuerdo, López Obrador afirmó que su administración utilizará todos los recursos legales para garantizar la operatividad de la Guardia Nacional. Negó que gobernar a partir de acuerdos y decretos sea autoritario y afirmó que no está violando la Constitución.
El presidente dijo que para la reforma constitucional sobre la Guardia Nacional va a “hacer lo mismo que hice con la reforma a la ley eléctrica”, enviará una reforma legal y en caso de que la oposición no la apruebe será el Poder Judicial quien resuelva el futuro de la Guardia Nacional, porque “los conservadores están en huelga, no legislan”, dijo. Por tanto, se prevé que en las próximas semanas, presente la iniciativa para ser discutida en el periodo ordinario de sesiones que iniciará el primero de septiembre.
Esto porque los partidos de oposición que integran la Alianza Va por México advirtieron en junio de 2022 que no aprobarían ninguna reforma constitucional en el Congreso.
Eludir al Poder Legislativo
En junio de 2022, el presidente López Obrador dijo que enviaría a la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma constitucional para adscribir a la Guardia Nacional a la Sedena. Pero a la fecha no lo ha hecho.
Uno de los argumentos del presidente para que la Guardia Nacional forme parte de la Sedena es que las y los integrantes de la Guardia Nacional sean capacitados bajo la disciplina castrense. Y de esta forma evitar que el organismo se “eche a perder” o “se corrompa”, como la extinta Policía Federal.
En ese mismo mes, los líderes del PAN, PRI y PRD informaron que harían un “paro constitucional” en el Congreso de la Unión. Un paro con el que no aprobarían ninguna de las dos reformas constitucionales pendientes del presidente –de la GN y la electoral.
Las reformas a la Constitución Política necesitan dos terceras partes de los votos en la Cámara de Diputados y en el Senado para ser aprobadas. En la Cámara de Diputados, Morena y sus partidos aliados tienen 277 de los 334 votos requeridos para avalar reformas constitucionales. Por tanto, Morena necesita de 57 votos más de los partidos de la Alianza Va por México o del Movimiento Ciudadano.
El pasado 17 de abril, la iniciativa de reforma energética de AMLO fue desechada en la Cámara de Diputados al no alcanzar la mayoría calificada.
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Origen de la Guardia Nacional
La administración de López Obrador creó la Guardia Nacional en 2019, como un cuerpo de seguridad de su gobierno para atender el problema de la violencia al alza desde que el ex presidente Felipe Calderón comenzó la “guerra contra el narco”.
La Ley de la Guardia Nacional fue aprobada en el 2019 con el apoyo de todos los partidos políticos con una mayoría de votos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Así, la Guardia Nacional nació como una institución de corte y con mando civiles.
Sin embargo, en sus tres años de existencia, según han documentado organizaciones de sociales, como Causa en Común, la Guardia Nacional ha mantenido una estructura, formación y capacitación de institución militar, como lo reportamos en Cuestione.
El Centro Prodh, el colectivo #SeguridadSinGuerra, el Observatorio de la Guardia Nacional, Human Rights Watch, entre otras organizaciones, han analizado los efectos que la militarización ha tenido en los últimos 20 años con las violaciones a derechos humanos, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones de migrantes.
Esto, como parte de las consecuencias de que las fuerzas armadas sean las encargadas de las tareas de seguridad pública en México.
El 11 de mayo de 2020, en medio de la pandemia por COVID-19, el presidente emitió el Acuerdo mediante el cual dispuso de las Fuerzas Armadas (fuerza aérea, Ejército y la Marina) para realizar labores de Seguridad Pública de forma permanente hasta marzo de 2024. Este acuerdo fue impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y no ha sido resuelto.
La Ley de la Guardia Nacional fue publicada en mayo de 2019, pero la anterior gestión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Corte, que también está en la congeladora.
Existen además otras controversias constitucionales en contra de las cuatro leyes secundarias de la Guardia Nacional ante la SCJN.
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Acusan inconstitucionalidad de decreto
Que la Guardia Nacional sea un organismo civil y esté adscrita a la Secretaría de Seguridad es un mandato constitucional, ya que así se estableció en la reforma aprobada en mayo de 2019 en el Artículo 21 de la Constitución Política.
“Aquí están en juego la separación de poderes y la supremacía de la Constitución. No se puede hacer por decreto algo que contraviene directamente el texto constitucional”, precisó el politólogo Alejandro Hope. Además, especialistas como Catalina Pérez Correa y Javier Martínez Reyes se sumaron a esta misma crítica sobre el acuerdo anunciado por el presidente.
Cualquier modificación al Artículo 21 debe de “pasar por el debate y la votación del Congreso de la Unión, con base en la separación de poderes, pilar de cualquier democracia consolidada”, señala el politólogo Aurelien Guilabert.
Por medio de una petición en la Plataforma Change.org, exhortan al presidente a que “cumpla con el orden constitucional democrático mexicano y se retracte con respecto a estas declaraciones preocupantes para la paz y el desarrollo democrático de México”.
Finalmente, los coordinadores de los partidos de la oposición en el Congreso adelantaron que de presentarse el decreto presidencial interpondrán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.
