En la guerra contra el narcotráfico del ex presidente Felipe Calderón, las mujeres quedaron atrapadas entre los abusos que cometían contra ellas tanto el crimen organizado como las fuerzas armadas. Hasta el día de hoy, nadie ha hecho nada para reparar ese daño que sigue siendo una realidad en muchas zonas del país.
Estas mujeres, adolescentes y niñas –que ya vivían un alto nivel de vulnerabilidad a causa de la pobreza, la falta de acceso a la salud y a la educación– se vieron en muchas ocasiones obligadas a unirse a los grupos del crimen organizado, nos dijo Teresa Ulloa Ziáurriz, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC por sus siglas en inglés), organización que acompaña casos de trata.
“Otras fueron amenazadas para colaborar con el narco y en el momento en que llegaban los operativos -del Ejército- generalmente a quienes aprehendían era a ellas. Se llenaron las cárceles de mujeres pobres acusadas de delitos contra la salud”, acusó la especialista.
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La violencia sexual que enfrentan estas mujeres es una constante, tanto por parte del narco como por las fuerzas de seguridad del Estado. Además, la visión patriarcal y machista de estas fuerzas del orden implica un abuso de poder que se traduce en violaciones, secuestros y otras formas de violencia sexual, nos dijo Ulloa Ziáurriz.
La combinación de figura de autoridad con la posesión de armas de fuego, el poder social que tienen las fuerzas de seguridad y la vulnerabilidad de las niñas y mujeres en esas zonas, dio pie a numerosos abusos de poder.
“No hay ni para dónde hacerse. Aquella percepción de que por ser autoridad y estar armados pueden hacer con las mujeres y las adolescentes lo que quieran”, nos dijo la entrevistada.
Según un análisis realizado por CATWLAC en 2017 -el último año que la organización pudo recolectar información porque el 2019 le fueron retirados los apoyos- hubo un estimado de 330 víctimas de delitos en materia de trata y formas extremas de violencia contra las mujeres.
Sin embargo, estos datos no refleja la totalidad de casos de trata de personas que ocurrieron ese año, pues hay muchos obstáculos que impiden tener acceso a información certera, en ocasiones la familia no proporciona información porque no quiere o porque la desconoce o está sujeta a una solicitud ministerial por temas de seguridad.
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Pero sí ofrecen una visión de la gravedad de la situación y de cómo la supuesta guerra contra las drogas que inició Calderón hace 17 años puede estar dejando víctimas que, sin intentar exagerar, podrían multiplicar las cifras que conocemos, nos dijo Ulloa.
Terse Ulloa nos explicó que las estadísticas de desplazamiento en México no están clasificadas por motivo -es decir, la causa del desplazamiento- lo que significa que muchas mujeres que han tenido que huir de las zonas de operativos conjuntos podrían no estar contabilizadas.
“Sabemos que los casos que atendemos no representan la totalidad ni son un altísimo porcentaje, pero sí puede ser una muestra que permita el diseño de políticas públicas tanto universales o generalizadas, como particulares -por zona- en los lugares donde las niñas, adolescentes y mujeres están en las peores condiciones de vulnerabilidad y donde la autoridad -policías, Guardia Nacional, Ejército- operan con mayor impunidad”, resaltó.
Niñas y adolescentes pobres, las principales víctimas
Durante años, organizaciones como CATWLAC han documentado la situación de niñas y adolescentes que son víctimas de los grupos criminales en México. Muchas de ellas son secuestradas fuera de las escuelas y obligadas a trabajar para el crimen organizado como halconas o como parte de la red de trata y explotación sexual, nos explicó Teresa Ulloa Ziáurriz.
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“En casos de adolescentes, hemos visto que en Durango, en Coahuila, se paraban (miembros del crimen) afuera de las secundarias a escoger a la niña que más les gustaba y se la llevaban. Nunca se encontraron a esas niñas, aún con los dichosos operativos”, resaltó la entrevistada.
A menudo, estas niñas son hijas de familias disfuncionales o con la mamá como jefa de familia, no tienen acceso a educación ni a oportunidades de empleo y en ocasiones optan por no volver a sus hogares por el miedo que les causan las amenazas contra sus parientes.
“En alguna ocasión rescatamos a una adolescente, pero se quiso regresar. Tenía mucho miedo porque la tenían amenazada con matar al abuelito, a la mamá… no quiso colaborar con la autoridad”, nos explicó Teresa Ulloa.
Explotación sexual, otro de los negocios de los cárteles
Los cárteles también se han involucrado en redes de trata y explotación sexual, nos dijo la directora de CATWLAC y han contado con la complicidad de las fuerzas de seguridad para trasladar mujeres y adolescentes a Estados Unidos.
“Desde mi punto de vista, hubo mucha complicidad, por ejemplo con el Instituto Nacional de Migración o con la Policía Federal para trasladar mujeres y adolescentes hacia Estados Unidos, donde ahorita estamos cerrando dos causas penales que estaban abiertas desde 2014 de niñas indígenas que se llevaron a explotar sexualmente a Nueva York”, detalló la especialista.
La falta de políticas públicas efectivas para proteger a estas mujeres es alarmante. Muchas de ellas son detenidas por delitos menores relacionados con la salud, y siguen encarceladas después de años, sin acceso a la justicia.
Es necesario que se tomen medidas concretas para proteger a estas mujeres, diseñar políticas públicas universales (generalizadas) y específicas por zona, que tomen en cuenta las condiciones de vulnerabilidad en las que viven muchas de estas mujeres.
Es fundamental que se escuche a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres y se les brinde apoyo para continuar con su labor, porque si no es así, ¿quién las va a buscar?
