La declaración de “guerra contra el narcotráfico” hecha en 2006, aumentó las violaciones a los derechos humanos en México.
Esto, de acuerdo con Catalina Pérez Correa, investigadora de la División de Estudios Jurídicos y colaboradora del Programa de Política de Drogas del CIDE, puede comprobarse a través del número de quejas que recibió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a partir de ese año.
En diciembre de 2006, el ex presidente Felipe Calderón inició la guerra contra el narcotráfico de drogas en el país. La estrategia dejó entre ese año y el 2016 más de 150 mil muertes y 28 mil personas desaparecidas, como lo documentamos en esta nota.
Para Luis Daniel Vázquez, profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), el problema de la “guerra contra el narco” fue la llegada de los militares, que en realidad no ayudó a desmantelar las redes de macrocriminalidad, sino que aumentaron las violaciones a los derechos humanos.
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Como explicamos en esta nota, como macrocriminalidad se conoce a las redes de crimen que abarcan y operan en un territorio que se componen de tres estructuras: la criminal, la empresarial y la política.
“Hubo más enfrentamientos armados, ahora se sumaban los policías municipales capturados, sicarios, militares, policía y eso hizo que las redes de macrocriminalidad siguieran aumentando. Se diversifica la violencia, no solo política, sino económica y territorial también, que aumentan los tipos de masacres en el país”, nos explicó Vázquez.
De acuerdo con Amnistía Internacional, las quejas presentadas ante la CNDH contra la Secretaría de la Defensa Nacional pasaron de ser 182 en 2006 a 1,230 en el 2008.
“Si nos denuncian les va a ir peor y a nosotros no nos hacen nada porque somos militares”, detalla el reporte México, nuevos informes de violaciones de derechos humanos a manos del Ejército, sobre uno de los nueve casos que analiza esta organización.
Catalina Pérez Correa nos explica que fue tal el aumento de violaciones a los derechos humanos en ciertas comunidades del país que las autoridades locales pusieron en marcha programas para ayudar a contrarrestar esta violencia, como es el caso de Ciudad Juárez, en Chihuahua.
“No hay ninguna duda de que durante el gobierno de Felipe Calderón aumentaron significativamente las violaciones a los derechos humanos, específicamente por las fuerzas de seguridad”, afirmó la colaboradora del Programa de Política de Drogas del CIDE.
Estas violaciones incluyen detenciones arbitrarias, abuso sexual, desaparición forzada y el uso de la fuerza letal por parte de instituciones de seguridad en contra de la ciudadanía, especificamente, después de 2007, que es cuando se despliegan los militares a diversos puntos del país.
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La alternancia provocó más violencia
Luis Daniel Vázquez explica que entre 1940 y el año 2000, en México había un presidencialismo fuerte que tenía la capacidad de poner reglas claras y de centralizar la fuerza del Estado para marcar límites al crimen organizado, pero con la llegada de la primera alternancia en el poder, eso cambió.
“En el 2000, a medida que se fragmenta el poder político, también se fragmentan las relaciones entre el poder político y el crimen. Antes el presidente tenía un papel muy importante, ahora, quienes empiezan a ser muy relevantes son los gobernadores. También sus inmediatos, los presidentes municipales, incluso los propios fiscales”, detalló.
Pero esto comenzó desde antes de la llegada de los militares al crimen organizado. Exactamente, nos dice el investigador de Flacso, en 1999, con la salida de alrededor de 500 militares que conformaron a “los Zetas” y su reforzamiento en 2004, con otros 1,000 militares.
Estos provocan un cambio en la dinámica del crimen organizado. Comienza una lucha por el control del territorio y empieza una “gobernanza criminal”.
“Pasamos de tener a los cárteles tradicionales a diversificar los mecanismos de apropiación del excedente social, vienen las redes de extorsión y ahí empiezan a someter a presidentes municipales, a las policías municipales y, en el 2004, comienzan las desapariciones. Y si le sumas a los militares en el 2007, pues esto crece y se complejiza”, agregó el investigador.
Crimen-gobierno, una relación tan vieja como México mismo
La relación entre el crimen y la política es algo que nos ha acompañado desde la formación del Estado Mexicano, nos contó Luis Daniel Vázquez.
Esta relación se debe mucho a la cercanía con Estados Unidos y a la frontera que compartimos. Desde el siglo XIX esta dinámica cambió, específicamente en 1850, cuando aumentó el tráfico de productos.
“El crimen organizado y la política están organizados desde hace más de 100 años y están muy relacionados por lo menos desde 1940. El grueso de los delincuentes eran controlados por el Estado mexicano y lo utilizaban para apropiarse de forma ilegal del excedente social”, nos dijo el investigador.
Y ¿cómo vamos en la actual administración? Según Catalina Pérez Correa, las violaciones a los derechos humanos en México no han disminuido como lo han indicado las autoridades de este gobierno.
La profesora e investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE nos explicó que esto se puede ver en dos indicadores: el incremento de enfrentamientos en estados como Tamaulipas y la incorporación de la Guardia Nacional, entre las principales instituciones señaladas con violaciones a los derechos humanos.
¿Cuándo se cumplirá la promesa de campaña de regresar a los militares a sus cuarteles?
