Uno de los grandes problemas que afecta a las ciudadanía de nuestro país es la impunidad. A pesar de numerosas reformas a leyes de seguridad y justicia, y de la creación de la Guardia Nacional, por cada cien personas víctimas de un delito en México, sólo 10 ponen una denuncia y sólo una logrará ver en una sentencia por ese caso.
En 2020, fueron denunciados el 10.1% de los delitos cometidos en México, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE). Sólo en 66.9% de los delitos denunciados, se abrió una carpeta de investigación. Esto equivale a que sólo en el 6.7% de los delitos totales se abrió una carpeta.
La misma ENVIPE estima que a nivel nacional, 93.3% de los delitos cometidos no fueron denunciados o no se abrió una carpeta de investigación por ellos.
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La denuncia es la puerta de entrada al sistema de justicia, por lo que si los delitos que suceden no se denuncian, no se iniciarán investigaciones y no habrá delitos que perseguir, señala Impunidad cero en su Índice estatal por desempeño de procuradurías y fiscalías 2021.
En 2020, de acuerdo con Impunidad cero, sólo 1.2% de los delitos se resolvió. En su índice sobre desempeño de procuradurías y fiscalías, se reporta que solo hay 10 agentes del ministerio público por cada 100 mil habitantes, lo que genera sobrecargas de trabajo.
Estas sobrecargas se traducen en que, en promedio, una tercera parte de las personas que acuden a hacer denuncias tarda hasta cuatro horas en un ministerio público, como se expone en esta nota.
Denunciar es el primer problema
Sin embargo, esta metodología revela “una imagen muy incompleta del fenómeno delictivo”, de acuerdo con Lilian Chapa Koloffon, investigadora de World Justice Project (WJP), organización que impulsa una reforma policial que busca dotar a las policías estatales y municipales de capacidades de investigación.
“Las instituciones de procuración de justicia forman parte de los primeros eslabones en el proceso penal”, menciona el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías (IEDF) 2021 de Impunidad Cero.
En México las policías están obligadas a recibir denuncias, de acuerdo con el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que lleva el inicio del proceso penal uno o dos pasos antes de dónde comienza actualmente, el problema es que “el ministerio público obliga a las víctimas a ratificar la denuncia y eso crea una barrera de acceso al sistema de justicia”, denuncia Chapa Koloffon en entrevista con Cuestione.
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De acuerdo con la investigadora, dos cosas impiden que la denuncia inicie con las policías: que la Constitución señala que la investigación del delito le corresponde al policía y al ministerio público “no dice policía ministerial, dice policía y Ministerio Público, acota Chapa; la Constitución también anota que el Ministerio Público lleva la conducción y el mando de la investigación”, lo que se interpreta “como mucha burocracia, como que cada acto de investigación que realice la policía debe ser ordenado por el Ministerio Público mediante un oficio”.
La segunda cosa que impide que las policías tomen denuncias y que estas sean reconocidas por los ministerios públicos es que esto va a generar la percepción de que los delitos aumentaron “pero no es que haya subido el delito, es que la gente lo está denunciado”, aclara la investigadora.
¿Y la impunidad?
Si bien esto podría aumentar las denuncias y reducir el tiempo que la gente invierte en denunciar, no va a incidir en reducir el 93.3% de impunidad que hay en el país. La reforma policial que impulsa World Justice Project junto al Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. (Insyde), plantea dotar a las policías de facultades de investigación.
La reforma policial se basa en cuatro ejes: generar una política de calidad a través de la profesionalización y homologando su actuación en todo el país; creando una normatividad que faculte a las policías a investigar; dotándolas de recursos para mejorar sus salarios y condiciones laborales.
Por último, propone un sistema de medición cuyas metas sean reducir la incidencia delictiva, la percepción de inseguridad, la impunidad y la cifra negra, así como que aumente la confianza en las instituciones policiacas.
Esta reforma está orientada a los cuerpos de policía municipales y estatales, pues son sus elementos quienes conocen mejor los territorios dado que los patrullan. También son los primeros respondientes, tanto porque las denuncias telefónicas se dirigen a las policías locales como porque la gente denuncia ante el primer policía con el que se encuentra, explica Koloffon.
Detalla que en México ya existen policías de investigación, las policías ministeriales, pero estas dependen de los ministerios públicos y sólo investigan lo que este les pide.
En el texto No habrá paz sin la policía, la investigadora expone que si la policía o cualquier persona logra detener a una persona en flagrancia debe ponerla a disposición de la Fiscalía: “Entonces ahí los policías y la persona sospechosa se forman, tres, nueve, hasta 12 horas, hasta que un agente decide si vale la pena llevarle a ante un Juez. ¿Por qué no puede ir la policía directamente con el juez si no hay nada que investigar y la persona sospechosa ya se encuentra detenida? Porque entonces la fiscalía perdería ese espacio arbitrario de poder en el que puede decidir si la persona va a audiencia, o no, y por cuál delito”.
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Miguel Garza, director ejecutivo de INSYDE explica en entrevista que la profesionalización de la policía requiere reformar los planes de formación de los elementos, así como el diseño de los rondines: “Cómo no se analiza la información con mucha frecuencia lo que uno ve es patrullaje alerta aleatorio que ya está comprobado en otros países que tiene muy poco efecto en la reducción del crimen”.
De acuerdo con Garza, sigue habiendo improvisación en las policías, no siguen mapas delictivos, ni puntos calientes dibujados en un mapa: “Hacen inteligencia pero hay poca retroalimentación entre quién recopila inteligencia y quién lleva a cabo el despliegue operativo”.
Este punto es el paso previo que se necesita para que la facultad de investigación funcione: “Las policías locales que tienen mucha información que se desprecia; un policía que patrulla en un cuadrante conoce a detalle la dinámica que hay en una cuadra o en una colonia mucho más pero mucho más que un policía de investigación ministerial, entonces eso se tiene que empezar a utilizar”.
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La mayorías de estas ideas se propusieron dentro del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica (MNPJC), el cual fue avalado el 8 de julio de 2019 por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Sin embargo, pese a que el plan reconoce la necesidad de fortalecer a las policías estatales y municipales, en los hechos este plan sólo ha funcionado para justificar la actuación de la Guardia Nacional pues en él se señala que “se requiere un Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, que articule los esfuerzos de la Guardia Nacional, las Policías Estatales y Municipales y los requerimientos del Ministerio Público de una manera lógica y racional”.
Actualmente, Insyde y el WJP buscan de manera independiente, que la reforma policial se aplique estado por estado y municipio por municipio. ¿Escucharán las autoridades y el Congreso a los expertos para lograr reducir este problema?
