Decreto de las megaobras del gobierno terminará en la Corte: INAI y oposición preparan el pleito

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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) impugnará ante la Corte el decreto publicado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el que clasifica obras y proyectos como de seguridad nacional, publicado el 22 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El martes 23 de noviembre, el Pleno de dicho instituto informó que buscará evitar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal reserven por seguridad nacional información relacionada con las obras de esta administración.

En un comunicado, el INAI indicó que el acuerdo plantea una “posible transgresión” del Artículo 6 de la Constitución Política de México. “En tanto que la seguridad nacional es un presupuesto de reserva de la información, de acuerdo al Artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”.

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A partir del martes 23 de noviembre, el INAI cuenta con un periodo de 30 días hábiles, para presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la controversia constitucional. “En los próximos días, el Pleno aprobará en sesión pública el acuerdo correspondiente, con los puntos a discutir y los argumentos jurídicos”, se lee en el comunicado.

En tanto, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío señaló que “este decreto del presidente es evidentemente inconstitucional”.

Cossío dijo en entrevista para el portal de noticias Animal Político que “dicho acuerdo rompe con varios principios constitucionales, primordialmente el principio de legalidad al pretender que un decreto establecido en un acuerdo pase por encima de normas”.

Decreto también atenta contra el derecho a medio ambiente sano y Ley Forestal

Lucía Madrid Ramírez, integrante del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, advirtió que el acuerdo publicado en el DOF incumple la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

“Las autorizaciones de cambio de uso de suelo forestal solo pueden darse cuando se haya comprobado que la biodiversidad se mantiene, los impactos en agua, suelo y carbono se mitigan y se hace un pago de compensación al Fondo Forestal Mexicano”, escribió en su cuenta de Twitter.

La maestra en Política Ambiental por la Universidad de Cambridge señaló que con este decreto podrían hacerse obras que deforesten áreas naturales protegidas o manglares con autorizaciones que tendrían que emitirse en máximo cinco días sin análisis previo, lo que no asegura el cumplimiento del derecho humano a un ambiente sano consagrado en la Constitución.

“El gobierno podrá hacer lo que quiera unilateralmente sin rendir cuentas”, advirtió Lucía Madrid.

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Artículo 19 y otras organizaciones firman contra el decreto

Artículo 19 -organismo independiente que defiende la libertad de expresión- se pronunció contra el decreto presidencial. En un comunicado, la organización señaló que “es inconstitucional que, mediante una norma administrativa, se genere una calificación anticipada sobre el carácter de seguridad nacional y con ello se abre la posibilidad de reservar información relacionada con dichos proyectos”.

“Además, el Acuerdo resulta problemático y de grave preocupación, ya que da espacio a la opacidad y a la discrecionalidad en la gestión de obras y proyectos públicos, y genera un régimen de excepción en la regulación de los proyectos de desarrollo en México”, se lee en el documento.

Artículo 19 hace un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Congreso de la Unión para que, conforme a sus competencias y facultades, activen los mecanismos legales que resulten procedentes contra el ‘Acuerdo’, para resguardar los preceptos constitucionales, tal como lo ha decidido el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

La oposición impugnará ‘decretazo’

La coalición legislativa ‘Va por México’ promoverá una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto del presidente por considerarla ilegal y atentar contra el derecho de acceso a la información.

“Esto es inaudito, increíble“, pues se quiere cancelar el derecho de todos a conocer el destino de los recursos públicos, expuso el coordinador de Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera. “Ya se comenzaron a reunir firmas, usaremos todo nuestro poder político y jurídico para que la Corte resuelva”.

Por su parte, Rubén Moreira, líder del PRI en la Cámara de Diputados planteó que esas obras de Infraestructura son importantes pero no ponen en riesgo el futuro del Estado mexicano, que es la característica de una declaratoria de seguridad nacional, que en estas caso no se cumple.
El líder del Partido del Revolución Democrática (PRD), Luis Ángel Espinosa Cházaro señaló que “el decretazo” es una más de las acciones autoritarias de este gobierno.

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