A pesar de la Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes -que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014-, la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y las reformas a la Ley General de Prestaciones de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (que se publicaron en enero de 2021), la infancia mexicana sigue sin ser prioridad en la agenda política de nuestro país.
Estos mecanismos buscan garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes y generar una nueva manera de realizar políticas públicas desde el más alto nivel de decisión gubernamental donde la infancia pueda exigir y ejercer sus derechos humanos, “ya no como objetos de protección, sino como responsables de decidir y opinar lo que consideran mejor para ellas y ellos”, como lo indica el sitio web del SIPINNA.
Además, se suman las acciones que dicta la agenda de la infancia y la adolescencia 2019-2024 de la Unicef que busca proteger, principalmente, los derechos de la niñas, niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, “mejorar la calidad de los servicios sociales y que éstos consideren las particularidades de cada grupo de edad: primera infancia, la edad escolar y la adolescencia”.
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También busca que se dé prioridad en la cobertura de los principales programas y servicios a los grupos excluidos como indígenas, a familias con miembros con alguna discapacidad y a las niñas y las adolescentes.
Sin embargo, alrededor del 51% de los niños, niñas y adolescentes en México viven en situación de pobreza, 5.2 millones de estudiantes no se inscribieron en el ciclo escolar 2020-2021 por causas relacionadas con la COVID-19 o por falta de recursos y, de 1,000 casos de abuso sexual cometidos contra menores en el país, solo el 1% recibe una sentencia condenatoria.
Rezago educativo, una infancia con menos oportunidades para el futuro
El informe Impacto de la pandemia en niñas y niños de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, a cargo de Alejandro Encinas Rodríguez -publicado en agosto de 2021- revela un panorama preocupante en términos de educación, salud y seguridad.
El documento indica que la matrícula de educación básica se redujo 2.6%, de educación media superior 3.1% y de educación superior 0.8%. Y las estimaciones del Banco Mundial señalan que el rezago educativo en México por las clases a distancia a causa de la pandemia es de aproximadamente dos años de escolaridad.
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Un análisis publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) añade que este rezago se podría ver reflejado en la disminución del 8% del ingreso anual futuro de los estudiantes, lo que equivale a un mes de ingresos al año durante su vida laboral.
Violencia familiar afecta mayormente a niñas y adolescentes mujeres
Por otro lado, es alarmante el alza de los índices de violencia familiar que, como te contamos en esta nota, tuvo un incremento del 24% en 2021.
El mismo informe de la Secretaría de Gobernación reporta que “en 2020, el 75.78% de las lesiones ocurrieron en el hogar y en el 73.29% de los casos, la persona responsable tenía algún parentesco con la víctima. El 81.6% de las víctimas fueron niñas y adolescentes mujeres”.
En el 2021 no mejoró la situación, pues durante el primer semestre, los casos de violencia por parentesco alcanzaron el 65.96% y fueron las niñas y adolescentes las más violentadas con el 92.81% de los casos.
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Homicidio de adolescentes, primera causa de muerte en 2020
En lo que va de este gobierno han habido 4,401 homicidios de niñas, niños y adolescentes hasta la fecha del informe en agosto de 2021. En 2018, la cifra anual fue de 1,501, en 2019 de 1,473 y en 2020 1,427.
De este delito, en 2020 se registraron 961 en contra de adolescentes hombres de entre 15 y 17 años, prevaleciendo como la primera causa de muerte entre este grupo poblacional.
Además, la tasa de suicidios en niñas, niños y adolescentes aumentó 12% entre 2019 y 2020, los suicidios de niñas y niños entre 10 y 14 años aumentaron 37% y en adolescentes mujeres de 15 a 19 años, un 12%.
El pensamiento suicida en adolescentes aumentó de 5.1% a 6.9% de 2018 a 2020 y la conducta suicida en adolescentes aumentó de 3.9% a 6.0% de 2018 a 2020, según reporta el informe.
La salud, otro pendiente del gobierno
Otro aspecto que revela el abandono en el que el Estado mexicano tiene a la infancia, es la desatención de la salud que han sufrido ante el desabasto de medicamentos, falta de vacunas para enfermedades prevenibles y la larga espera del esquema de vacunación contra la COVID-19.
A finales de 2018, cuando recién tomaba protesta López Obrador, inició un viacrucis de más de 1,000 días para padres y madres de niños y niñas con cáncer por el desabasto de medicamentos para su tratamiento.
Como te explicamos en esta nota, el desabasto en hospitales de todo el país llegaba a ser hasta del 90% y la falta de medicamentos primordiales como el metotrexato que frenó las quimioterapia de pacientes pediátricos, orilló a los padres de familia a ampararse para obligar a las autoridades sanitarias a suministrar los medicamentos.
Por otro lado, las medidas que se tomaron en materia de salud para contener la propagación de la COVID-19, mermaron en parte los servicios de medicina general en diversas clínicas de México. Entre estos servicios, los de vacunación para enfermedades prevenibles como sarampión, rubéola, paperas, tuberculosis y tétanos, que afectan principalmente a niños de entre 1 y 5 años.
Además hubo una especial resistencia del gobierno federal para acelerar el esquema de inmunización contra la COVID-19 para niños, niñas y adolescentes, cuyo registro se retrasó hasta el pasado 19 de noviembre para los adolescentes de 15 a 17 años sin comorbilidades.
Esto no sucedió hasta que el juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, extendiera para toda la población menor de edad la resolución a favor del amparo que promovieron los padres de una adolescente de 15 años, en el que se ordenaba su inmunización contra la COVID-19.
“Se hace hincapié en que los efectos de esta medida cautelar comprenden no solamente a la menor quejosa, sino a todas las y los menores de 18 años”, determinó la secretaria del juzgado Séptimo de Distrito del Estado de México, Claudia Gámez Galindo.
En términos de atención a la infancia vemos un fenómeno que se comparte con otras causas de las minorías y grupos vulnerables: es la sociedad civil quien impulsa las acciones para protegerlas a través de exigencias, protestas, amparos y todos los recursos legales de los que puedan echar mano, porque parece que para la agenda del gobierno, siempre habrá temas más importantes que la propia ciudadanía.
