No se debe afectar la libertad de expresión de los influencers y el INE no debe meterse con las personas

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‘‘Sería incapaz de proponer sancionar a un individuo por tuitear, más cuando este tribunal se caracteriza por promover la libertad de expresión”.

Eso dijo el ex magistrado del Tribunal Electoral, Salvador Nava Gomar en 2016, cuando le tocó resolver el caso de las celebridades de televisión que publicaron mensajes de apoyo al Partido Verde en Twitter, un día antes de las elecciones intermedias de 2015.

En esa ocasión, el Tribunal sancionó al partido político en cuestión porque lo consideró responsable de la “participación en la publicación de dos mensajes” en Twitter. Sin embargo, no sancionó a las figuras públicas porque no se pudo demostrar que fueron contratadas y, más importante aún, porque estaban ejerciendo su libertad de expresión como cualquier persona que deja claras sus preferencias electorales un día antes de la votación.

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A pesar de este antecedente, el INE ha puesto en marcha una investigación para castigar a las personas que hablaron bien del Partido Verde en Instagram y Facebook un día antes de las elecciones intermedias de 2021, y que por tener una base amplia de seguidores en sus redes sociales, se les considera influencers, es decir, que tienen el poder de influir en los hábitos de consumo de sus fans.

Incluso el 13 de junio de 2021, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, anunció que este organismo investigará las cuentas bancarias de los influencers por supuestamente haber violado la veda electoral:

“Está la vertiente de fiscalización y eso nos puede llevar a intervenir, en el sentido de conocer, las cuentas (bancarias) de estos personajes para poder saber si hubo pagos y determinar a cuánto ascendieron”, justificó Lorenzo Córodova.

Y luego, sentenció que “si alguien violó la ley, yo digo que las sanciones deben dolerle para inhibir esa conducta indebida en el futuro”.

En Cuestione nos preguntamos si revisar las cuentas bancarias de personas como tú, como cualquiera de nosotras y nosotros, es la manera indicada de construir democracia –que se supone que es lo que hace el INE– justo en un país con pendientes para garantizar más libertades para las y los ciudadanos.

Si se demuestra que el Partido Verde orquestó una campaña para promover el voto hacia ellos el día antes de las elecciones, por supuesto que debe ser sancionado, porque está violando la ley. Pero hasta ahí termina la función del INE.

En 2016, el Tribunal Electoral concluyó que las restricciones de la veda electoral –es decir, la obligación de no hacer propaganda política– “se encuentran dirigidas a los candidatos, partidos políticos y sus dirigentes”.

Un organismo electoral no tiene por qué investigar a la ciudadanía que ejerció su derecho a decir cuál es la mejor opción para ellas y ellos en estas elecciones, no tiene por qué  investigar a personas que hicieron uso de su libertad de expresión. 

Sobre todo porque, más allá de que pueda parecer reprobable que alguien hable bien de un partido político con el que no se comulga un día antes de las elecciones, esta investigación del INE abre la puerta para que, bajo la excusa de investigar un probable delito electoral, un organismo estatal pueda meterse con las cuentas bancarias de un ciudadano o ciudadana.

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Cada vez que un organismo del Estado echa a andar sus mecanismos y actúa, no contra las instituciones, sino contra las personas, tenemos que dejar a un lado el contexto y preguntarnos ¿qué pasaría si el país estuviera en otras circunstancias? ¿Qué pasaría si mañana gana un gobierno autoritario y sabe que existe un mecanismo para fiscalizar a las personas por hacer pública su preferencia electoral?

Este tipo de acciones dejan un precedente que puede usarse para circunstancias similares en el futuro, ¿pero qué sucede si en el futuro existe un gobierno autoritario que decide que una opinión tuya es peligrosa? ¿Cuál es el límite para que no te considere influencer y entonces, bajo la premisa de que probablemente recibiste dinero del partido político que apoyas, te fiscaliza? En ese escenario, ¿podremos sentirnos libres de expresar nuestra preferencia electoral y tratar de convencer a más personas?

El riesgo es que este anuncio del INE deja un precedente que limita la libertad de expresión. Si hay un delito, el culpable es el partido político, no las y los ciudadanos. ¿Son sancionadas porque son personas que pueden influir en los demás? ¿Entonces dónde está la línea? ¿A partir de cuántos seguidores eres influencer? ¿A partir de un millón de seguidores, de 500, de 20? ¿Qué pasa si solo tienes 20 seguidores pero son las personas más influyentes de México? 

El Tribunal también concluyó en 2016 que la libertad de expresión “en modo alguno puede verse limitada por la condición particular de ser una persona de relevancia pública o con fama social, ya sea por su actividad profesional o por su labor artística, al no ser una condición razonable ni proporcional, para limitar los derechos fundamentales”.

En Cuestione sabemos de la indignación que ha provocado esta acción, pero pensamos que es en estas batallas en las que, más que nunca, debemos defender la libertad de las y los ciudadanos. Se debe sancionar al partido político que quiso sacar ventaja, pero no podemos darle una nueva herramienta al Estado para callar a la ciudadanía.

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