Iniciativa para despenalizar marihuana sigue en el olvido, a pesar de la orden de la SCJN

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La despenalización de la marihuana está empantanada en el Congreso. “La falta de voluntad política en la presente Legislatura” ha impedido una regulación, nos comenta Aldo Contró, integrante de la Sociedad Mexicana de Cannabis Medicinal (SOMEXCANN). El panorama lo lleva a pensar que “el tema en los siguientes dos años va a estar muerto”.

Ricardo Sala, activista y organizador de la primera marcha en México por la despenalización de marihuana, coincide con Contró en la necesidad de voluntad política en el tema. “No sé si la va a haber, pero lo que sí sé es que hay que poner cada vez más claro como sociedad, que la prioridad es la salud y que la persecución de consumidores y de personas que cultivan para su consumo afecta más, probablemente que el mismo uso de la cannabis”.

A más de un año de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictara la declaratoria general de inconstitucionalidad, que elimina la prohibición sobre el uso recreativo de cannabis y el Tetrahidrocannabinol (THC), la sustancia activa de la marihuana, el Congreso sigue “evadiendo su responsabilidad” de legalizar y reglamentar la marihuana.

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“Hay una línea marcada en el Congreso que viene desde el Poder Ejecutivo para que esto no avance”, nos dijo Contró. “En múltiples ocasiones en las mañaneras, el Presidente se ha manifestado en contra de esta ley argumentando que no protegería la salud de los mexicanos”.

Desde hace meses un equipo interdisciplinario del Gobierno analiza la posibilidad de permitir el uso de la marihuana, pero “no hay consenso”, advirtió Andrés Manuel López Obrador en marzo. “No hemos alcanzado un acuerdo porque sigue habiendo muchos daños, el más doloroso es el fallecimiento de personas”.

El Congreso está obligado a reformar la ley y “tendría que hacerlo de manera independiente a la voluntad presidencial”, nos comentó el activista de la SOMEXCANN. Existen antecedentes de decisiones en la Corte desde 2015 que se han ignorado. 

La sentencia de la SCJN

El 4 de noviembre de 2015, la Primera Sala de la Corte resolvió el amparo en revisión 237/2014 a propuesta del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Ese primer fallo autorizó realizar actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente “cannabis” y del psicotrópico “THC”, en conjunto conocido como marihuana. Contró lo destaca como un “derecho al libre desarrollo de la personalidad”.

Sin embargo, en este panorama “dibujado en la Corte” desde 2015 y en el 2021 con la declaratoria de inconstitucionalidad sobre la marihuana, el Congreso se ha saltadocompromisos tanto en la anterior como en la actual Legislatura. “La tarea la tienen en sus manos y es una obligación constitucional, pero no la han querido realizar y no tenemos un mecanismo de sanción”, lamentó el activista.

El 31 de octubre de 2018, la Primera Sala de la Corte resolvió los amparos 548/2018 y 547/2018, con los que se obtuvieron cinco fallos a favor de la inconstitucionalidad a la prohibición de realizar actividades relacionadas con el consumo personal de cannabis, lo que incluye sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar.

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“Desde entonces se vuelve obligación para el Congreso legislar sobre la marihuana”, nos dijo Contró,  quien nos explicó que se fijaron seis meses para llevar a cabo esto, pero la Legislatura “no cumplió”. Le siguió otro período similar, que también “incumplió”. Con la declaratoria de inconstitucionalidad, lejos de acelerar el proceso, no existe plazo para regular la despenalización.

“A varios activistas nos deja con la idea de que no va a haber regulación, al menos mientras esté la presente legislatura”.

La responsabilidad del Poder Ejecutivo

Si en el Senado no se ha subido el tema al Pleno para la legislación sobre cannabis, tampoco la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha emitido los permisos necesarios para su portación y consumo con fines recreativos. 

“La bolita ahorita la tiene Cofepris con la declaratoria de inconstitucionalidad del año pasado, eso significa es que en la práctica está obligada a otorgar los permisos para el cultivo y todo acto relacionado con consumo sin fines de venta, pero no lo está haciendo”, denuncia Contró.

Aunque tampoco está negando estos permisos, “simplemente está congelando esas solicitudes… sabemos que cuenta con el apoyo del gobierno federal”, ante esto, nos dijo Contró, “las personas que lo solicitan se están amparando para que Cofepris no omita su tarea”.

El integrante de SOMEXCANN dice que la Cofepris es “un obstáculo para avanzar hacia la legalización”.

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En el Senado, el pasado 24 de agosto el morenista Rafael Espino de la Peña adelantó que se “continuará el trabajo para integrar una legislación completa sobre el cannabis”. 

Durante el foro Cannabis legal en México. El camino para una industria que actúa hoy, Espino de la Peña expuso el uso de cannabis para fines terapéuticos, industriales o lúdicos como “un asunto de salud y seguridad públicas; de desarrollo económico; y de garantía de la libertad de decidir, de manera informada, sobre su consumo”.

Según el senador morenista, ampliar su legalización ayudaría a mejorar la hacienda pública. Con datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas en San Lázaro, compartió que con la comercialización autorizada, “según precios de esta planta en 2021, tendría un impacto recaudatorio estimado de más de $18,000 millones de pesos”.

Pese a las palabras del legislador sobre “un importante camino recorrido para diseñar una Ley que regule el uso del cannabis con fines recreativos”, en un comunicado del grupo parlamentario de Morena se reconoce que “se mantienen la penalización y sanciones, por su posesión y comercialización, si se sobrepasan los límites legales”.

Con 22 años como activista, Ricardo Sala está a favor de “propiciar una cultura respecto al  cannabis desde el gobierno, donde la gente reconozca los riesgos, las utilidades, se eviten los abusos y el enriquecimiento de unos cuantos, además de tener la libertad para cultivar y se facilite el acceso a la atención de la salud mental y emocional”.

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