En el primer año de la pandemia, el nuevo coronavirus obligó a las personas a recluirse en sus casas. Sin embargo, eso no detuvo la violencia y mucho menos sus efectos, entre los cuales se encuentra el que miles de personas han tenido que dejar sus hogares y reubicarse en zonas más seguras.
De acuerdo con este informe sobre desplazamiento forzado interno de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la inseguridad que obliga a las personas a huir es generada por enfrentamientos armados del crimen organizado, pero también por eventos políticos y sociales.
El tamaño del problema en México
Mucho se habla de la migración de personas de América Central y México hacia Estados Unidos en búsqueda de condiciones menos violentas y mejores oportunidades de vida, pero ¿qué hay del desplazamiento dentro del propio territorio?
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La CMDPDH define al desplazamiento forzado interno como una violación de derechos humanos hacia personas que se ven obligadas a huir de su lugar de residencia habitual para proteger su vidas.
Los y las expertas de la Comisión explican que desde el 2016 han monitoreado la manera en que las personas se mueven debido a la violencia. No obstante, la información es algo limitada puesto que la obtienen de los medios de comunicación. Esto sugiere que puede haber más casos.
En 2020, hubo un registro de 24 episodios de desplazamiento forzado en el país. Los estados más afectados fueron Guerrero y Oaxaca, con cinco episodios cada uno.
El conjunto de episodios en 2020 equivale a 9,741 personas desplazadas, de las cuales casi la mitad se encuentran en Guerrero. Desde 2016, la cantidad de víctimas iba en descenso, pero incluso con una pandemia encima, la cifra de personas desplazadas aumentó en 2021.
Además, los datos más recientes recabados por la CMDPDH indican que el 2021 fue el año con más registros de personas desplazadas de manera forzosa. De enero a septiembre de 2021, la Comisión ha contado a más de 36 mil personas escapando de sus localidades, cuatro veces más que la cifra del año anterior.
No es solo la violencia del crimen organizado
Por una parte, una de las razones por la cual las personas huyen de donde viven tiene que ver con la violencia generada por grupos organizados armados, pero otra apunta hacia la violencia política y los conflictos sociales.
En última categoría incluye aspectos como expulsiones y amenazas por parte de las autoridades y enfrentamientos entre grupos de pobladores que se pelean la concesión de proyectos públicos de infraestructura.
¿Quiénes se desplazan?
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) señala que en las notas periodísticas no existen datos específicos sobre la población en situación de movilidad, pero hay suficiente para darnos una idea.
De los 24 episodios en 2020, la mayoría de la ciudadanía eran familias e infantes.
Además, casi la mitad (41%) de quienes tuvieron que dejar sus vidas atrás eran personas indígenas.
Un gran problema sin la voluntad para solucionarlo
El 87% de estos ataques lo sufren municipios rurales. La violencia contra ellos es una constante y una situación continua que no ha visto solución, de acuerdo con la CMDPDH.
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La gran mayoría de estas personas siguen siendo vulnerables y necesitan atención incluso después de desplazarse o de volver a sus casas.
De las más de 9 mil personas desplazadas en 2020, el 99.25% continúa en situaciones precarias. El resto, solo 63 personas, están clasificadas como personas atendidas parcialmente, es decir, sin soluciones duraderas, sin acceso seguro al empleo y sin mecanismos para restituir sus vidas.
Y mientras miles de personas son empujadas a huir para salvar sus vidas, ¿qué ha hecho el gobierno? En 2019, el Estado Mexicano reconoció oficialmente la existencia del problema y prometió atenderlo, pero todavía no hay recursos destinados para ello y el Senado sigue sin discutir la Ley General en Materia de Desplazamiento Forzado.
