Cuando se propone como solución la militarización, se justifica con la capacidad de operación y actividades del crimen organizado, pero la existencia de estos grupos tiene varias explicaciones: una de ellas está ligada a la corrupción y los vínculos que tienen con actores estatales gubernamentales para operar, acusó Daira Arana, maestra en Asuntos Internacionales y directora general de Global Thought Mx, una organización mexicana de análisis sobre asuntos internacionales.
“Visualizar el crimen organizado como un ente ajeno al gobierno mexicano es un error. La primera solución, muy sencilla, es ir cortando esas redes de corrupción que se mantienen con el crimen organizado”, nos dijo la especialista.
Daira Arana explicó que otra cuestión fundamental para reducir la capacidad de acción de los grupos criminales es el uso de la inteligencia financiera para cortar los flujos de dinero que mantienen al crimen organizado activo; también analizar y entender su modus operandi ayuda a tomar decisiones estratégicas.
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“Algo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador inició muy bien con la figura de Santiago Nieto como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, fue justamente empezar a cortar esos vínculos que tenían los grupos del crimen organizado con fuentes de financiamiento”, nos comentó Arana.
La especialista resaltó que las dimensiones del crimen organizado son más complejas de lo que pensamos, no se trata solamente del narcotráfico, como nos hicieron pensar desde el sexenio del ex presidente Felipe Calderón, sino que abarca muchas otras dimensiones y eso hace que sea muy complicado tener una solución inmediata.
“El problema de crimen organizado que tiene la sierra de Guerrero no es el mismo problema de crimen organizado que tienen en Tijuana ni es el mismo que tienen en Quintana Roo. Son dimensiones diferentes que tienen que ser atendidas desde la localidad”, nos dijo Arana.
Montserrat Martínez, especialista en Violencia Armada con Perspectiva de Género, recalcó la necesidad de implementar modelos o características de modelos de policía comunitaria para poder resolver los conflictos que no ameritan una respuesta de tipo militar.
“Una alternativa estaría en destinar una parte del gasto público de las estructuras punitivas y militarizadas a temas como salud, educación, alimentación y seguridad comunitaria. Ya que no todos los desafíos sociales necesitan una respuesta de abierta confrontación y, mucho menos, armada. No se trata de desmantelar estructuras, se trata de rediseñarlas y redirigir los objetivos que persiguen en nuestras sociedades”, nos señaló la entrevistada.
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En esto coincidió Daira Arana al señalar la insistencia que muchas organizaciones de la sociedad civil sostienen respecto al fortalecimiento de las instituciones locales de seguridad y procuración de justicia -policías estatales, municipales, fiscalías estatales, ministerios públicos- “es sumamente vigente e importante porque estos tienen que empezar a diseñar sus propios mecanismos de actuación ante sus problemas específicos”, nos dijo.
“Eso va a reducir -en un mediano plazo- la incidencia delictiva y los delitos de alto impacto, como el homicidio (…) Otra cuestión tiene que ver con el empleo de las Fuerzas Armadas, pero en escenarios específicos, en momentos muy concretos y con un margen de maniobra limitado”, nos dijo la especialista para quien las Fuerzas Armadas serían más efectivas si fueran focalizadas en ciertas zonas, con ciertos grupos y con una atención muy específica.
“Lo que vimos, por ejemplo, en el Culiacanazo, con el caso de Ovidio Guzmán -hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán– fue justamente una operación muy grande en número de agentes de las Fuerzas Armadas, pero desastrosa en términos de coordinación e inteligencia”, acusó Arana.
La ideología detrás de la militarización
La extensión de la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el año 2028 como una medida para combatir la violencia y los altos índices de criminalidad que estamos viviendo en México ha provocado opiniones encontradas.
Por una parte, la gran demostración operativa y de poder que han demostrado los grupos del crimen organizado justifica para algunos defensores de esta postura la necesidad de la permanencia del Ejército en las calles con el argumento de salvaguardar la seguridad de las familias.
Pero por la otra, la militarización de la seguridad pública no ha demostrado tener incidencia directa en la disminución de los delitos, incluso hay evidencia de que aumenta la violencia -en particular contra las mujeres- y las violaciones graves a derechos humanos que en un sistema democrático deberían ser preocupantes, nos dijo Daira Arana, directora de Global Thought.
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La militarización puede ser entendida como el proceso en el que parte de las tareas de los cuerpos militares se destinan a labores ajenas a la defensa nacional con el uso de niveles de fuerza que deberían corresponder a una respuesta armada del Estado en su función principal: la defensa ante una amenaza a su integridad, aunque no se limita solamente a esto.
Montserrat Martínez Téllez, especialista en Violencia Armada con Perspectiva de Género, nos explicó que la militarización no sólo se refiere a la creación de una policía militarizada -como la Guardia Nacional.
“También se refiere al uso de estructuras dentro de la dinámica militarizada para atender cualquier problema, en este caso, del ámbito público y el uso de lenguaje bélico ante una situación de crisis, por ejemplo: ‘la guerra contra el narcotráfico’, ‘la batalla contra la pandemia por la COVID-19’; ya que ello implica la confrontación y el abatimiento de un ‘enemigo’ como primera forma de respuesta ante cualquier circunstancia”, nos dijo Martínez Téllez.
Y esto se puede notar incluso en los documentos filtrados por el grupo Guacamaya a finales de septiembre de 2022 sobre la categorización que hace el Ejército respecto del riesgo que representan organizaciones no estatales para la integridad nacional –como te contamos en esta nota– que incluía a grupos terroristas, organizaciones criminales, movimientos sociales o de resistencia y agrupaciones feministas, nos dijo la especialista.
Esto evidencia que la perspectiva desde la que se abordan los desafíos en el país es la de “enfrentarse con el enemigo”, con toda la fuerza del Estado porque es un “riesgo para la seguridad nacional”, aunque este enemigo esté compuesto de civiles desarmados, como las colectivas feministas, nos dijo Montserrat Martínez, lo cual es preocupante.
Existen alternativas a la militarización, pero esto requiere un compromiso, presupuesto suficiente y el reconocimiento de que la situación de inseguridad que vive el país no solamente es responsabilidad de los criminales, sino de un Estado que no ha querido solucionarla desde la raíz, al contrario, se ha involucrado del lado equivocado favoreciendo un ambiente para que pululen la corrupción y la impunidad.
