En México murieron 90,562 mujeres de entre 10 y 40 años de edad por causas relacionadas con el aborto practicado en condiciones de riesgo entre 2010 a 2018, de acuerdo con la organización civil Ipas México.
Aún así, sólo cinco estados han despenalizado el aborto, o sea que 27 estados siguen sin legalizar la interrupción voluntaria del embarazo.
Esto, en un país en el que el aborto fue la cuarta causa de muerte materna en el país en 2019, según el informe “El aborto como un asunto de salud pública” de Ipas.
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De acuerdo con el análisis de la asociación civil de los registros sobre defunciones de la Dirección General de Información en Salud de la Secretaría de Salud, de las mujeres que murieron por causas relacionadas con el aborto -entre 2010 y 2018- el 9% eran menores de 18 años de edad y otro 32%, mujeres de 18 a 30 años.
Además un 34% de las mujeres tenía afiliación al entonces Seguro Popular y el 26% no tenía acceso a ningún servicio de salud.
Baja California, quinto estado en legalizar el aborto en México
En este escenario, el pasado 29 de octubre, el Congreso de Baja California en sesión extraordinaria aprobó reformas al Código Penal, la Ley de Salud y la Ley de Víctimas del estado, para despenalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, así como garantizar servicios de emergencia para víctimas de violación.
Con ello, Baja California se convirtió en el quinto estado de la República Mexicana en despenalizar el aborto hasta el primer trimestre de gestación, después de Ciudad de México (2007), Oaxaca (2019), Hidalgo (2021) y Veracruz (2021).
El dictamen, que se aprobó con 15 votos a favor, siete en contra y una abstención, reconoce los servicios de anticoncepción de emergencia, la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) como servicios de emergencia médica para las víctimas.
Seis estados concentran 47% de muertes por aborto
Según el informe de Ipas, basado en la información pública, en 2018 el 47% de muertes de mujeres por aborto se concentró en seis entidades: Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Chiapas, Puebla y Baja California.
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En el documento se explica que estas muertes en la Ciudad de México fueron de mujeres con embarazos de más de 12 semanas y por tanto están fuera del Programa de ILE.
Además que la letalidad por aborto en la CDMX presentó una marcada tendencia a la baja después de la despenalización del aborto en 2007, desde éste año y hasta 2020 el Programa de Interrupción Legal del Embarazo no ha registrado una sola muerte relacionada con el procedimiento dentro de las 12 semanas de gestación.
Para Ipas estos datos revelan el “estrecho vínculo entre la muerte materna y el aborto inseguro o peligroso” y que el aborto en México sigue siendo un problema de salud pública porque convergen profundas desigualdades sociales, culturales, económicas y de género.
Sin embargo, en México no hay información precisa sobre aborto, porque “hay lesiones que no se registran como causa de aborto y hay muchas mujeres que por miedo no buscan atención médica cuando presentan complicaciones”.
De acuerdo con la investigación que elaboró Ipas México, entre el 2000 y el 2016 se registraron 3,351,704 procedimientos de aborto a nivel nacional en mujeres de 15 a 44 años. Con base en estos datos, la asociación infiere que la utilización de servicios de aborto pasó de 165,750 en el 2000 a 209,018 en 2016, lo cual representa una tasa de 7.0 abortos por cada 1000 mujeres entre 15 y 44 años.
Sin embargo, falta mucho para legalizar el aborto voluntario en todo el país y las consecuencias para las mujeres y personas gestantes siguen siendo graves, ya que además de poner en riesgo su vida, también sufren la criminalización por abortar.
Según lo documentó la organización de la sociedad civil Las Libres, tan sólo de 2010 a 2017 se registraron más de 4,100 denuncias por aborto contra mujeres, de acuerdo con un análisis de las cifras proporcionadas por los estados vía solicitudes de información.
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Despenalizar el aborto en todo el país
En este contexto de desigualdad para las mujeres, el pasado 7 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró, por unanimidad, que es inconstitucional la criminalización absoluta del aborto en el estado de Coahuila.
Pero al haber superado los ocho votos de las ministras y los ministros, el fallo sentó jurisprudencia, es decir que esta sentencia tiene un efecto a nivel nacional porque obliga a todos los tribunales del país a no criminalizar a quienes deciden abortar.
Y representa un llamado a todos los congresos locales a reformar las leyes que penalizan el aborto porque están en contra de la Constitución del país.
A esta sentencia se sumó otra, el 9 de septiembre, cuando la Corte invalidó la protección de la vida desde “el momento en que un individuo es concebido” que estaba en la Constitución de Sinaloa.
Los ministros y ministras consideraron que las entidades federativas carecen de competencia para definir el origen de la vida humana, el concepto de “persona” y la titularidad de los derechos humanos, ya que esto corresponde, de nuevo, a la Constitución federal.
Con esta sentencia, la Corte determinó como inconstitucional la pretensión de otorgar el estatus de persona al feto y con ello obstaculizar, prohibir, desconocer, negar o limitar el derecho al aborto y a la autonomía reproductiva de las mujeres y las personas gestantes.Así, aún hay 27 congresos estatales que tienen la obligación de establecer el derecho al aborto voluntario en sus leyes.
