La Corte decidió que sí es constitucional -con seis votos a favor y cinco en contra- realizar una consulta pública para saber si se debe o no enjuiciar a actores políticos (como los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto) pero… con 8 votos a favor se decidió modificar la pregunta y eliminar los nombres de esos exmandatarios. ¿Qué fue lo que pasó?
Rodrigo Arróniz, analista político, habla de una “bifurcación –división– de interpretaciones”. Y en su explicación nos hace referencia al Artículo 35 de la Constitución, fracción VIII.
“…No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni las garantías para su protección”, dice ese artículo constitucional.
“En el tema de las consultas, la Suprema Corte debe resolver, antes de que se inicie el proceso, si es constitucional, hasta ahí todo bien. La pregunta que es juzgar a expresidentes, no procede, porque es inconstitucional. La bifurcación los llevó a la reformulación de la pregunta”, nos dijo Arróniz.
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¿Qué dicen los expertos?
La respuesta de la Corte generó diversas opiniones. En su columna El fallo de la Corte, Ricardo Pascoe Pierce, exembajador de México en Cuba, estimó que el máximo tribunal Constitucional “jugó a la política con su respuesta”.
“Hay quienes piensan que la jugada de la Corte fue muy inteligente. Pero, el problema es el siguiente: los ministros decidieron complacer políticamente al presidente, dándole una consulta popular para hacer campaña el próximo año, pero vaciando de contenido su propuesta, e, incluso, apuntándole en su contra”.
Rodrigo Salazar Elena, profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso México), nos dijo que “debe ser una de las decisiones más politizadas de la Suprema Corte. Mientras que el argumento de la minoría estaba muy claramente fundamentado en bases constitucionales; la posición de la mayoría, especialmente la de Arturo Zaldivar, tuvo un carácter arbitrario y errático”.
Mientras que Luis Enrique Pereda, profesor de Derecho Constitucional del ITAM, nos explicó que “la Corte decidió cambiar la constitucionalidad por la popularidad. La grandeza de un tribunal constitucional y de sus integrantes radica en poder separar las presiones de los argumentos, los manotazos de las razones y los caprichos del derecho para poder resolver con apego a la Constitución. Eso no sucedió”.
El economista Enrique Quintana en su columna La inteligente jugada de la Corte afirma que la jugada fue estratégica. “A mi parecer, con esta movida, la Corte logró uno de los éxitos más rotundos de este sexenio y AMLO sufrió una de sus derrotas más grandes”, expone.
“¿Cómo puede ser posible? La mayoría de los opinadores ‘progresistas’ están quemando a la Corte en leña verde, y principalmente a su presidente, Arturo Zaldívar. Pues si Zaldívar es el autor de esta solución, me parece que es una de las mejores lecciones de política de los últimos años”.
Rodrigo Arróniz recuerda que “la pregunta original, era violatoria de garantías… lo sabían los magistrados y por eso le dan este giro con la pregunta, que por cierto no es sobre juzgar o no a los expresidentes, sino poniendo amablemente sobre la mesa al presidente, que la consulta sea sobre formar una comisión de la verdad. Es en lo que va a terminar”.
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Cambian nombres de expresidentes por actores políticos
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”, así quedó la pregunta después de que la cambió la Corte.
Al eliminar los nombres de los expresidentes por “actores políticos”, la Corte abrió la posibilidad de incluir, incluso, al actual presidente, en el proceso de esclarecimiento.
“Claro que Andrés Manuel López puede ser juzgado, pero también cualquiera que se le llame actor político. Ahí también está el fraseo de la Corte… la forma de torear la inconstitucionalidad evidente de la pregunta original llevó a invadir atribuciones… Con el cambio de la pregunta pisaron un tema que ya no les correspondía”, agregó Rodrigo Arróniz.
Salazar Elena reiteró que el cambio de la pregunta llevó a la Corte a “estirar lo que la ley le permite hacer. A mi juicio, estos excesos responden a un esfuerzo de la mayoría por no contravenir abiertamente al presidente”.
¿Y no será vinculatorio?
El analista político Rodrigo Arróniz anticipa que los resultados de la consulta avalada por la Corte “va a ser testimonial”.
Se apoya en el argumento del magistrado Zaldívar para explicar que “al no ser vinculante esta consulta, es decir al ser prácticamente un sondeo a la ciudadanía para tener su opinión, no va a derivar en un proceso judicial, un proceso de la fiscalía”.
¿No se abrirán procesos? “La sentencia de la Corte dejó muy claro: lo que salga de esa consulta no va derivar en obligaciones para ninguna institución de persecución de justicia… no es como las consultas del Tren Maya o de la cervecera Constellation Brands”, responde Arróniz.
Mientras que Rodrigo Salazar defiende que: “la ‘materia’ de la consulta es independiente de si el resultado es vinculatorio o no. Son nociones diferentes –aclara–. La Constitución y la Ley Federal de Consulta Popular establecen que, si participa el 40% de la lista nominal, el resultado será vinculatorio”.
De la postura del ministro Zaldívar considera que: “avanzó que este plebiscito no será vinculatorio; es decir, se está inventando una figura que no está en la legislación”.
Exhiben posible costo de la consulta
Entre la diversidad de opiniones que generó la respuesta de la Corte, Uuc-Kib Espadas, consejero del INE, consideró que la consulta se podría realizar el próximo 1 de agosto del 2021, por lo que ya se están preparando.
“No hay un precedente para saber cuánto va a costar. La referencia es la elección del 6 de julio que nos va a costar 8 mil millones de pesos, con base en eso hay que ver en qué cosa podemos ahorrar… pero, sí es un proceso que costará sus milloncitos de pesos”, adelantó el consejero del INE.
Por el momento, la resolución de la Corte pasó al Senado, donde se turnará a Comisiones y en caso de ser positivo el dictamen, el INE se encargará de la organización del proceso.
“La historia juzgará a los ministros que votaron a favor esta consulta, y sobre todo a su presidente. Qué bueno que lo haga porque se encontrará con una de las decisiones más inteligentes que se hayan operado en los últimos años”, estima Enrique Quintana en su columna.
¿La Corte evitó que el Ejecutivo realizará una consulta por cuenta propia?
