“Kenia se manifiesta en muchos lados, en Puebla, en Guerrero, en el Estado de México y eso es demasiado. Además la manifestación que realiza incomoda a particulares así como a funcionarios”, argumentó un juez federal para justificar la prisión preventiva contra la activista.
Eso explicó su abogado Antonio Lara.
Kenia Inés Hernández Montalván, coordinadora del colectivo Zapata Vive, está encarcelada en el Cefereso 16, en Coatlán del Río, Morelos desde el 25 de octubre de 2020. Es la tercera vez que la detienen, pero ahora sí fue vinculada a proceso.
La activista es acusada de ataque a las vías generales de comunicación por hechos ocurridos el 29 de marzo de 2019, en la caseta La Venta (México – Acapulco). Ese día, Kenia y otras personas levantaron las plumas de peaje para que la gente no pagara la caseta, lo cual no es un delito.
Kenia estaba protestando por la desaparición de Gonzálo Molina, un integrante de las CRAC (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias) de Guerrero. Pero no fue la única que se movilizó. “Ese día (29 de marzo) hubo, al menos, cinco movilizaciones más (por la misma razón) y a la única que persiguen es a la única mujer”, nos dijo Antonio Lara.
“El último acto de investigación sobre los hechos del 29 de marzo fue en abril de 2019. Desde entonces no se había hecho nada, hasta el 10 de octubre de 2020, no porque no hayan querido, sino porque no había delito”, declaró Lara.
La defensora de derechos humanos se ha dedicado a la liberación de los presos políticos en un país donde “el contexto de violencia contra defensoras y defensores de derechos humanos no ha cambiado (con la actual administración)”, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
“Una persona es considerada presa política o de conciencia cuando es víctima de una detención relacionada con sus convicciones o ideales, con su lucha o acciones reivindicativas de algún derecho”, dijo a Cuestione Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh).
A finales de septiembre, reportamos que el ataque contra el activista Oscar Eyraud, fue el asesinato número 31 durante la administración del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador. Hoy ya son, al menos, 35 personas defensoras de derechos humanos asesinadas.
Te va interesar leer: Uno más: matan al periodista de Chihuahua, Arturo Alba
¿Por qué está encarcelada?
A Kenia Hernández le han fabricado delitos una y otra vez con la intención de darle un “castigo ejemplar” a quienes tomen una caseta como protesta social, nos dijo su abogado Antonio Lara.
El último delito que se le imputa, ataque a las vías generales de comunicación, ni siquiera amerita prisión preventiva, de acuerdo con el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sin embargo, en la audiencia del 31 de octubre de 2020, el juez federal José Miguel López Rodríguez decidió que Kenia fuera vinculada a proceso y le dictó prisión preventiva porque “Kenia se manifiesta en muchos lados […]”, argumento que su abogado calificó como absurdo.
El juez federal también dijo que “no se le podía juzgar con perspectiva de género porque sólo aplica para las mujeres cuando son sumisas, vulnerables y no saben defenderse y como Kenia no lo es y sí se sabe defender es mejor tenerla en el penal federal de Morelos”, declaró Lara.
En México, cada dos horas fue tomada una caseta entre el 19 de junio y el 30 de julio de 2020, reportó el diario Reforma, con algún tipo de exigencia al gobierno. Pero, por lo general, no son detenidas.
En el caso de Kenia se argumenta que “generar congestión vehícular y no permitir que se cobre en la caseta” es, supuestamente, un delito de ataque a las vías generales de comunicación.
Sin embargo, “asumir que si una protesta incomoda la vida de la sociedad no hay que hacerla, nos dejan en inmovilización social, cuando a veces es la única manera de que atiendan las exigencias de la población”, aseveró Lara.
Te puede interesar leer: Así viven activistas la crisis por COVID-19 en la tierra de Benito Juárez
¿Y el mecanismo de protección de defensora de derechos humanos?
Desde 2019, la activista es beneficiaria del Mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, instancia federal que pertenece a la Secretaría de Gobernación (Segob). Con ello Kenia debería tener garantizada su vida, integridad, libertad y seguridad.
No obstante, le suspendieron la protección con el argumento de que “en el penal federal está garantizada su vida porque la tienen en total aislamiento y nadie le puede hacer nada. Pero no hay que ser expertos en psicología para saber que eso tendrá un impacto psicológico en Kenia”, manifestó su abogado.
Lara agregó que el otro argumento que dieron para suspenderle la protección es que “primero debe sanear su situación jurídica y luego ver si el mecanismo sigue en vigencia o no”.
Por otra parte, “el juez federal dijo que el pronunciamiento que la Comisión Nacional de Derechos Humanos había realizado anteriormente a la autoridad del Estado de México –para que aplicaran los criterios de mínima intervención– no aplicaba porque sólo operaba para autoridades del Estado de México, cuando son estándares internacionales”, nos dijo Lara.
Buscan apagar la lucha
Desde el 26 de octubre, activistas del colectivo Zapata Vive hicieron un plantón afuera de las instalaciones de la Fiscalia General de la República (FGR) para exigir la liberación de Kenia.
El 1 de noviembre, “alrededor de las 5:00 am, llegaron elementos de la FGR a desalojarnos. Rompieron las tiendas de campaña con navajas”, aseguró Yaneli Fuentes, integrante del colectivo Zapata Vive, en conferencia de prensa virtual.
“Algunos nos dijeron váyanse porque si se quedan aquí, ya no vamos a responder”.
“Nos fueron empujando a todos los del colectivo a través de la glorieta de Insurgentes. Habían niños menores de 10 años y un menor de nueve meses. Solo fueron golpes, nada de gravedad”, agregó Fuentes.
La detención de Kenia se suma a las 249 detenciones arbitrarias registradas del 1 de junio de 2019 al 31 de mayo de 2020, por la organización de derechos humanos Comité Cerezo México.
Irregularidades en detenciones previas
La primera vez que detuvieron a Kenia fue el 6 de junio, en la caseta Toluca – Valle de Bravo, conocida como La Hortaliza. Ahí estaba protestando por la liberación de tres presos políticos de Guerrero. Liberó las plumas de peaje, pero esa no fue la razón de esa detención.
La orden de aprehensión la giró un juez de Ecatepec, Estado de México. A la activista la acusaron de un supuesto robo con violencia: quitarle a dos ciudadanos, con arma de fuego, una cartera con 500 pesos y un celular.
No se acreditó el arma. Una semana después, ella salió con medida cautelar. Debía presentarse a firmar mes con mes, el tiempo que durara el juicio. Aunque “Kenia no estuvo en Ecatepec el día que se le acusa”, aseguró Antonio Lara.
Segunda detención
A Kenia se le acusó por otro robo con violencia, pero ahora con tubos y palos. “Dijeron que le había quitado a dos particulares (ciudadanos) 7,500 pesos en la caseta La Hortaliza. Luego eso cambió y dijeron que el robo fue a la empresa Autovías Concesionadas Mexiquenses, S.A de C.V., pues los supuestos afectados eran trabajadores de esa empresa”.
El 18 de octubre, Kenia se encontraba en una camioneta tipo van, con algunos de sus compañeros del colectivo, en Amozoc, Puebla, cuando elementos de la Policía Federal los rodearon y exigieron que se bajaran. La orden la giró un juez de control de Toluca, Estado de México.
“Kenia no se bajó hasta que un supuesto policía, vestido de civil, subió por ella, la agarró del cabello y la bajó. Ella pidió en repetidas ocasiones que le mostrara una orden de aprehensión. Incluso, llegó a pensar que no era legal y que se podía tratar de una desaparición”, nos relató el abogado de la activista.
Lara mencionó que “la orden de aprehensión se la mostraron dos horas después. Inferimos que no existía (la orden) cuando se detuvo o que no se mostró porque quizá el personal de seguridad era del Estado de México y no te pueden detener si no es su zona”.
De acuerdo con el abogado, el reporte del Estado de México dice que Kenia fue detenida casi en frente de la fiscalía en Toluca.
Te va interesar leer: Tras un mes en prisión, liberan a Elis, la alumna criminalizada por la UNAM
Kenia debería estar libre
El 24 de octubre de 2020, a las 10 de la noche, se ordenó la liberación de Kenia porque no se acreditó un arma. Pero para sacarla se debía realizar un depósito de garantía económica por el supuesto robo de 7,500 pesos más una multa; un total de 30 mil pesos.
Sin embargo, en la madrugada del 25 de octubre, el juez federal de control con residencia en Acapulco, Guerrero, giró otra orden de aprehensión contra Kenia. Se ordenó que la activista fuera trasladada a Acapulco.
“La propia FGR y el juez federal reconocieron que si ella se quedaba en Guerrero, su vida corría peligro porque Kenia ha sufrido persecución política de parte del estado de Guerrero, ha sido amenazada de muerte por grupos paramilitares”.
Esa es la razón por la que fue llevada al penal de Morelos, donde permanece desde el 25 de octubre de este año.
Hoy está en riesgo la libertad y la integridad de Kenia y con ello, la libertad de expresión y manifestación de todos aquellos que recurrimos a una protesta pública como ejercicio válido para hacer valer nuestros derechos y exigencias como sociedad, concluyó Antonio Lara.
