Urge mejorar alimentación
El 5 de agosto, Oaxaca se convirtió en el primer estado de la República Mexicana en implementar la prohibición de productos procesados y refrescos para menores de edad.
Con 31 votos a favor de los legisladores locales de Morena y el Partido del Trabajo (PT), se modificó el Artículo 20 Bis a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Los padres de familia serán quienes decidan si se consumen estos productos en casa, ya que estará prohibida la venta directa a menores de edad, como sucede con el alcohol y los cigarros.
“Tenemos que poner un freno a los privilegios de unos cuantos para priorizar la salud de los niños. No puede haber lugar para los intereses económicos por encima de la salud”, dijo la diputada local Magaly López, quien impulsó esta reforma.
Vale preguntarse, ¿por qué el gobierno puede prohibir lo que compran nuestras hijas e hijos? Para garantizar la salud pública de sus ciudadanos y ciudadanas.
Lo dice el Artículo 4o. de la Constitución:
“Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”.
En este mismo sentido, el artículo 4o. señala que el Estado también debe garantizar el derecho a la protección de la salud de todas las personas.
Y el problema del Estado mexicano es grave. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef por sus siglas en inglés), la obesidad y el sobrepeso afectan a uno de cada 3 niños mexicanos de 6 a 11 años.
“La abundancia de alimentos ultra procesados, altos en calorías y bajos en nutrientes, combinados con la intensa publicidad y comercialización inapropiada de los mismos, crean ambientes obesogénicos que constituyen una constante amenaza a la salud y el futuro de la infancia y adolescencia en México”, señala Unicef en su estudio.
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Sin embargo, estas medidas que buscan garantizar el derecho a la protección de la salud están formuladas desde un punto de vista punitivista, es decir, imponiendo multas y hasta metiendo personas a la cárcel.
La abogada especialista en derechos humanos y género, Ana Laura Velázquez Moreno, escribió en Nexos que es normal que nuestro país, a falta de políticas públicas, reaccione a los problemas con penas.
“Surge un caso de maltrato animal: se comienza a debatir la pertinencia de un nuevo delito. Los vecinos tienen la música muy fuerte: queremos que vayan a la cárcel. En general, somos una sociedad punitiva que ve en la cárcel una solución y no un problema”, escribió Velázquez Moreno.
¿Qué inconveniente tiene esto? De acuerdo con la especialista, no hay evidencia para afirmar que la creación de nuevos tipos penales y el endurecimiento de penas transformen el comportamiento de la gente.
Entonces, Velázquez Moreno sugiere que se debe permitir que las personas y las comunidades se protejan a sí mismas.
Pero esto “se logra proporcionando información veraz y actualizada, involucrando a la comunidad en la toma de decisiones, y teniendo en consideración la diversidad de contextos sociales”, señaló la abogada.
Velázquez Moreno menciona como caso extremo de punitivismo el combate al tráfico de drogas, el cual surge para garantizar el derecho a la protección de la salud y a pesar de toda la violencia que implica, “no disminuyeron el abuso o dependencia ni las muertes por sobredosis”.
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Medidas desesperadas
Platicamos con Miguel Ángel Toscano, quien fue titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) entre 2008 y 2011.
“Me parece que el estado y la sociedad han sido tan descuidados en la alimentación, que esto no es más que una voz desesperada de algunos estados para que no se muera la gente”, nos dijo Toscano.
El experto en materia de salud pública opina que en un escenario normal, no vería con buenos ojos una prohibición así, ya que es un control exagerado del Estado, pero en las condiciones actuales “es momento de levantar la voz”.
“Cada día más niños tienen diabetes. Casi ocho de cada diez familias mexicanas comen con un refresco en la mesa, o con un pastelito con alto valor calórico. Desayunan a veces hasta con refresco también”, dijo Toscano.
El experto agregó que México es un mal ejemplo de obesidad infantil precisamente por la manera en que se alimenta.
“Restringir no es la mejor opción pero no han dejado otra salida a los gobiernos”, señaló el extitular de Cofepris.
¿Qué más debería hacerse entonces? De acuerdo con Toscano, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han hecho varias recomendaciones y, de hecho, México paga para que se hagan esos estudios, por lo tanto debería seguirlos.
“La OMS recomienda impuestos a los productos procesados, bajar el tamaño de las porciones y disminuir la publicidad”, dijo Toscano.
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¿Qué recomienda la Unicef?
La Unicef es el organismo de la ONU encargado de velar por la infancia. Por lo tanto, la salud de las niñas y los niños es un problema que se estudia a fondo. Ha hecho estas recomendaciones:
– Empoderar a las familias, los niños y los jóvenes para que exijan alimentos nutritivos, incluso mejorando la educación nutricional y utilizando legislación de eficacia probada para reducir la demanda de alimentos poco saludables.
– Alentar a los proveedores de alimentos a que actúen en interés de la infancia, incentivando la distribución de alimentos saludables, convenientes y asequibles.
– Establecer entornos de alimentación saludable para niños y adolescentes mediante acciones de eficacia demostrada, como el etiquetado preciso y fácil de comprender y controles más estrictos de la comercialización de alimentos poco saludables.
– Movilizar los sistemas de apoyo –salud, agua, saneamiento, educación y protección social– para mejorar los resultados en cuanto a nutrición infantil y adolescente.
– Y recopilar, analizar y utilizar sistemáticamente datos y pruebas fiables para orientar acciones relacionadas y monitorear el progreso alcanzado.
¿La prohibición es competencia desleal?
Por último, le consultamos a Miguel Ángel Toscano sobre el contexto que crea esta prohibición, en tanto que no se establece el mismo criterio con la comida callejera.
“En la comida callejera también hay grandes retos, no solamente de alto valor calórico, sino de higiene”, dijo el experto.
Además señaló que esta reforma de Oaxaca, la cual podría implementarse en más entidades, sí provoca una competencia desleal entre la comida callejera y la industria de alimentos; sin embargo esto no quiere decir que se debería prohibir también.
“Lo que tenemos que hacer es promover condiciones de higiene para la elaboración de los productos, poner reglas del juego. Verificar los procesos de producción. Pero no prohibir, al contrario”, dijo el especialista.
De acuerdo con Toscano, este gobierno no es claro con la industria legalmente establecida.
“Si en una política pública quieres hacer una transformación, tienes que poner reglas claras para todos. Y si pides que los menores no puedan comer alimentos de cierta categoría pues entonces tendrías que hacer lo mismo para los puestos en la vía pública”, dijo.
Y agregó: “Si no, es evidentemente un atentado contra las empresas que sí pagan impuestos”.
¿Será suficiente con prohibir los productos procesados para mejorar la salud de los niños mexicanos? ¿O, al contrario, provocará nuevos problemas?
